Los ‘mil peros’ a los que se enfrentan los niños venezolanos en Soacha para poder estudiar

Johanna Yegre migró a Colombia con sus hijos pensando que podrían acceder a una mejor educación que la que recibían en Venezuela. Su esposo llegó hace seis meses a Soacha (Cundinamarca), y fue quien la convenció de venir. Mientras él trabajaba manejando un bicitaxi conoció a una profesora, ella le aseguró que si sus hijos venían a Colombia podrían estudiar. “Antes de que llegaramos mi esposo empezó a averiguar cómo inscribir a los niños. Cuando ya estábamos aquí fue que nos empezaron a decir que ellos no podían ir a clases”, cuenta Johanna.

Pero Yegre ha ido a la Secretaría de Educación y a tres colegios en Soacha, allí le han informado que si no tiene el Permiso Especial de Permanencia (PEP) sus hijos no podrán estudiar. “Desde las porterías de los colegios nos dicen ‘¿Venezolanos? Eso está difícil´ y si no tenemos el PEP no nos dejan ni pasar. En la Secretaría también nos piden el PEP para poder inscribir a los niños”,  dice.

Los hijos de Johanna no están asistiendo a clases, a pesar de que podrían hacerlo. El Ministerio de Educación Nacional y Migración Colombia firmaron desde abril de 2018 un documento que permite a cualquier venezolano en edad escolar acceder al sistema educativo colombiano. Ricardo Pinzón, un pastor cristiano que trabaja con los venezolanos que han llegado a Soacha, cuenta que ha ido a la Secretaría con el decreto para tratar de conseguirle un cupo escolar a las familias que lo necesitan, pero ni siquiera así ha logrado que les den el cupo. “Están pidiendo PEP, pasaporte, incluso papeles apostillados y saben que eso lo anuló el gobierno. Yo he ido con el decreto y nada. Cada vez que va una madre le piden algo distinto”, asegura.

A estas denuncias la secretaría de educación de Soacha responde que no se le niegan los cupos a los niños por su nacionalidad. “Nosotros socializamos el decreto de Mineducación y sabemos que se deben aceptar a los niños así sus papás sean venezolanos y no tengan los documentos debidos”, afirma Olga Jiménez, directora de cobertura educativa de la entidad. Pero que todavía existan denuncias como la de Johanna deja ver la falta de coordinación e información entre instituciones y funcionarios, uno de los retos a los que se enfrenta el gobierno para poder garantizar los derechos de los migrantes dentro del país.

Es cierto que no a todos los migrantes les piden el PEP para registrar a sus hijos, pero a quienes se libran de no ser admitidos por la documentación terminan enfrentándose a otros obstáculos. Paola Soto es un ejemplo. Ella llegó al municipio hace dos años y desde entonces está intentando que sus hijos puedan estudiar.

Ella tiene dos hijos en edad escolar y solo uno, Pablo, de diez años, está yendo a clases. Paola explica que él tiene un cupo porque ya estaba inscrito desde el año pasado, pero José, quien entraría al colegio por primera vez no logró tener un espacio en alguna institución.

El sistema educativo en Soacha tiene una particularidad que padecen colombianos y venezolanos por igual: no hay suficientes cupos escolares. Actualmente el municipio tiene registrados alrededor de 102.000 estudiantes, pero la entidad denunció en enero de este año que hacen falta al menos 4.200 cupos para cubrir la demanda educativa. Quienes ya estaban registrados no tuvieron problemas para matricularse, pero los que apenas iban a ser inscritos en la plataforma debían esperar a que el sistema liberara cupos. En muchos casos, esos cupos pueden abrirse lejos de la zona donde viven los menores, lo que también es un problema, como le sucedió a Pablo.

Las alternativas son pocas y plantean un escenario injusto. Quienes no tienen cupo aún pueden esperar a que otro estudiante se retire durante el primer mes de clases, pues quedan en una lista de espera que implica el mismo resultado: un niño se quedará sin estudiar. Otra opción es inscribirse en colegios privados, que piden pagos por inscripción de hasta 160 mil pesos y mensualidades que oscilan entre los 60 y 100 mil. La mayoría de familias no pueden pagarlo. “Mi esposo gana menos del mínimo y yo no puedo trabajar porque tengo un niño pequeño en casa ¿Cómo lo pagamos? No podemos”, se lamenta Irama Ramírez, otra venezolana que inscribió a sus hijas en la plataforma desde octubre del año pasado y no salió en las listas de los colegios para poder iniciar el proceso de matrícula.

A los menores en esta situación se les está violando un derecho básico, eso está claro, pero además es un enorme obstáculo para que los niños migrantes empiecen una vida en Colombia. Es una paradoja si se tiene en cuenta que los padres de estos menores salieron de Venezuela buscando mejores oportunidades, entre ellas educativas, pues la formación que recibían en su país era en ciertos aspectos precaria (entre otras cosas por la falta de profesores) pero no nula. En la realidad, su educación va de mal en peor.
 

Al problema familiar que implica dejar niños desatendidos durante el día porque no están en la escuela, se suma la frustración para los mismos menores e incluso una dinámica social nociva. Johana Hernández, una colombiana retornada, no ha podido inscribir a su hijo Alejandro en el colegio y cuenta que por esa razón ha sido discriminado por otros niños del barrio, que se lo menosprecian y se burlan por su situación. “Los niños hasta le dicen que se va a quedar bruto como Maduro”, dice Johana.

Ante la escasez de cupos escolares, la Alcaldía de Soacha solicitó a Mineducación reubicar a los menores que aún no tienen un cupo escolar en instituciones privadas a través del Sistema General de Participaciones, una alternativa a la que ya habían acudido en 2007 y 2008. Esta solución requiere un acompañamiento especial, para que los estudiantes nuevos se integren a instituciones que no estaban preparadas para recibirlos.

La Secretaria de Educación del municipio sigue esperando una respuesta del Gobierno para inscribir a los niños en los colegios privados, aunque sea solo una solución inmediata. La propuesta más lógica para que los niños, migrantes y colombianos, no se queden sin cupos es que se construyan más colegios en Soacha y así mejore la cobertura educativa del municipio. Es un paso hacia adelante que exige mucha gestión política nacional y local, pero no es menor a la que exige tener en sus casas y en las calles a más de 4.000 niños sin estudiar.