Un proyecto de:
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
En julio de este año, la Defensoría del Pueblo señalaba una aumento en la llegada de niñas y niños no acompañados de Venezuela, en particular, en el departamento de Norte de Santander.
Se hace evidente en las noticias, en las conversaciones cotidianas, en las calles de las ciudades principales del país: está tomando fuerza la idea de que los migrantes venezolanos son los hostigadores de las marchas y que ocasionaron desmanes a bienes públicos y establecimientos comerciales durante el Paro Nacional.
Las lecciones aprendidas tras el flujo masivo de personas venezolanas debe ser un llamado a brindar mayores garantías a ciudadanos de otras nacionalidades que viven situaciones similares, incluyendo aquellas necesarias para una integración y permanencia en el territorio.
Aunque los Estados tienen la facultad de establecer mecanismos para controlar y ordenar la migración, es problemático que sean las autoridades militares quienes estén adelantando acciones de control migratorio y de respuesta a la población que llegan a sus territorios en busca de protección.
La expulsión de la alemana Rebecca Sprößer por “afectar el orden y la tranquilidad ciudadana”, a propósito de su participación en el Paro Nacional, ha reavivado la discusión sobre las expulsiones por razones de “seguridad nacional”, “tranquilidad social” y “orden público”. Los venezolanos ya han padecido esta realidad.
Hoy, en el septuagésimo aniversario de la convención, las voces críticas argumentan que el documento pertenece a una era distinta. Sin embargo, millones pagarán el precio si no se cumple ni se le defiende.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
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