Esta es la herida que desató hace 7 años el éxodo masivo desde Venezuela

La deportación de un grupo de colombianos que vivía en el estado Táchira y el cierre de esta frontera, ordenada unilateralmente por Nicolás Maduro el 19 de agosto del año 2015, marcó el inicio de la mayor crisis migratoria de la región. 

La escena de cargar sus enseres  a cuestas, atravesando la peligrosa corriente del río Táchira,  quedó grabada en la memoria de Angélica Lamus, una colombiana que vivía en San Antonio del Táchira y que fue expulsada por el régimen de Nicolás Maduro como si ella y su familia fueran unos delincuentes. 

Era miércoles, 19 de agosto del año 2015. Su casa fue marcada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con la letra "R" que significaba "revisada", para su posterior demolición, en una denominada "Operación para la Liberación del Pueblo". 

Ese episodio constituyó una flagrante violación de derechos humanos, y el inicio de una crisis migratoria desde Venezuela que actualmente suma más de 6,2 millones de migrantes y refugiados, un éxodo masivo que no ha cesado en siete años, y que se agudizó en el año 2020 con la llegada de la pandemia por la covid-19.

Angélica Lamus no solo recuerda esa escena, sino otra más dolorosa; cuando  después de atravesar el río Táchira la metieron en un camión en calidad de deportada de Venezuela y llegó a la ciudad de Cúcuta "con una mano delante y otra atrás", sin nada, tal como se fue a Venezuela en los años 90 huyendo del conflicto armado de Colombia. 

Según documentó el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer, la expulsión y deportación de 1.500 colombianos desencadenó el retorno voluntario de un número entre 23 mil, según datos oficiales, y 33 mil, de acuerdo con organizaciones que atendieron la emergencia humanitaria. 

Ronal Rodríguez, analista del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, rememora que siete años después del cierre de fronteras entre Venezuela y Colombia hay cosas que han cambiado en Cúcuta y en esta zona de frontera entre Norte de Santander y Táchira.

Por ejemplo, recuerda el académico que los llamados pimpineros, aquellas personas que vivían de comprar combustible en Venezuela para traerlo a Colombia desaparecieron por completo del mapa, "hoy incluso, se habla de de contrabando de Colombia hacia Venezuela".

En materia de seguridad, Rodríguez explica que los grupos al margen de la ley han crecido en las zonas de frontera cuando iniciaron las deportaciones de colombianos. En ese momento aproximadamente  habían tres grandes grupos ilegales.

Sin embargo, añade el experto, actualmente, las autoridades reconocen que hay alrededor de 15 grupos armados ilegales que se ha adueñado no solo del contrabando y del narcotráfico, sino de otros negocios más lucrativos como la trata de personas que afecta niños, niñas y adolescentes colombianos que están expuestos en las zonas de frontera.

"Estas organizaciones han crecido y no están dispuestos a replegarse, independientemente del ánimo que tengan los dos gobiernos de ambos países aún falta mucho por cuadrar sobre todo en temas aduaneros y migratorios, a pesar de la buena voluntad de los gremios", reconoce Ronal Rodríguez, quien a su vez asegura que empiezan a asomarse los primeros rayos de proteccionismo del lado venezolano ante una dinámica de reapertura comercial sienten que aquellos espacios se pueden perder.

El investigador del tema migratorio afirma que se empieza a sentir en el ambiente una tensión respecto a cómo se impactará el comercio binacional. 

"Del lado colombiano también hay unos gremios que sienten preocupación, sobre todo porque sienten que si se reabre la frontera para el caso de vehículos de carga y de pasajeros se puede llegar a perder algunas victorias de economía de servicios en la ciudad, otros piensan que se pueda potencializar", puntualizó Rodríguez. 

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