Las madres lactantes y gestantes están entre los grupos de personas migrantes con mayor vulnerabilidad | Por: ESTEBAN VEGA | SEMANA
Un estudio adelantado por el centro de ideas VenPaís aborda el desafío de cómo brindar atención sanitaria y en salud para las personas venidas del vecino país con base en prácticas más inclusivas a partir de experiencias recientes que enfrentó Latinoamérica.
El documento, llamado "Una respuesta sanitaria sin dejar de ser humana: prácticas para garantizar el acceso a la salud a los migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica y el Caribe a partir de las experiencias de la pandemia de COVID-19", hace un balance de cómo esa enfermedad provocó serios problemas para las personas venezolanas.
Según el análisis, muchas de ellas enfrentaron barreras de acceso a las vacunas, de restricciones en la movilidad, en el acceso a trabajo y en un sinnúmero de aspectos que provocaron un grave deterioro en la calidad de vida y en el ejercicio de derechos para los migrantes.
Con base ese análisis, el informe, que se puede leer en este enlace, propone buscar salidas para una mejor atención sanitaria de las personas venezolanas, aprendiendo las lecciones de la pandemia.
“La gravedad de la situación no atañe únicamente a los venezolanos, sino a toda Latinoamérica y el Caribe, tanto por razones humanitarias como pragmáticas concernientes a la superación sanitaria y económica de la pandemia, la cual se dificulta enormemente si no se incluye a la población migrante venezolana en las políticas públicas de salud”, se explica en el documento.
Por otro lado, el informe destaca, entre otras cosas, que los profesionales venezolanos de la salud son una fuerza laboral clave para poner en marcha esa propuesta, y agrega otros aspectos de crucial interés.
“El buen uso de las cualificaciones y capacidades de migrantes y refugiados profesionalizados en la salud; las respuestas descentralizadas y la constitución de redes para la resolución de crisis; la adaptabilidad institucional y nuevos mecanismos de regularización más rápidos; campañas informativas que involucren y formen los liderazgos de esta población; la prescripción social como modelo de salud; y, finalmente, la armonización del monitoreo y de registros médicos electrónicos son apenas algunas de las buenas prácticas que pueden ser implementadas”, reza el documento.
Por otro lado, los investigadores de VenPaís asegura que enfrentar las necesidades sanitarias de los migrantes “requiere indefectiblemente el establecimiento de una agenda regional, intersectorial y cooperativa que esté dispuesta a compartir recursos e información con el fin de dar respuesta a las necesidades del continuo flujo de personas que, por su posición de vulnerabilidad, están legalmente facultados para gozar de protección internacional".
Finalmente propone que las personas venezolanas sean “actores con voz y voto en las decisiones y acciones que los afectan, sin que de ningún modo su estatus legal modifique en lo más mínimo los derechos que les corresponden en razón de ser personas”.
Según las cifras oficiales más recientes, la diáspora venezolana ya alcanza los 7,1 millones de personas, de las cuales un poco más de 2,47 millones están en nuestro país.
La primera condición que dicta el Gobierno colombiano es que las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela tengan estatus regular y así puedan afiliarse a una EPS.
