El virus no discrimina: el país debe evitar la xenofobia a toda costa

El martes 24 de marzo, antes de comenzar la cuarentena nacional decretada por el presidente Iván Duque, varias ciudades vivieron momentos de tensión. Grupos de trabajadores informales y vendedores ambulantes, entre ellos algunos migrantes venezolanos, salieron a las calles a manifestar su preocupación por el aislamiento que empezaría a la medianoche. Muchos dependen del trabajo del día a día para conseguir con qué comer o con qué costear un ‘paga diario’ –las residencias donde se hospedan–. Tenían una angustia mayúscula.

Al mismo tiempo, en varias ciudades como Bogotá, Riohacha y Jamundí se reportaron algunos saqueos en supermercados. Ambas situaciones generaron problemas de orden público que fueron atendidos por la policía y posteriormente por el Esmad. Pero más allá de imponer el orden, lo esperable en estos casos, para las autoridades quedan en el aire varios temas por atender con urgencia.

No todos los protagonistas de estos hechos eran venezolanos, pero sí es cierto que ellos son una de las poblaciones más vulnerables durante esta situación, tanto por sus condiciones de vida como por la discriminación y la xenofobia que empiezan a sufrir con más intensidad y violencia.
 

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De acuerdo con cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela de SEMANA, cerca del 90 por ciento de los migrantes venezolanos que están ocupados trabajan en la informalidad, una cifra muy superior a la de los colombianos en esta situación, que alcanza el 60 por ciento. Este hecho los pone en un riesgo mayor, pues no saben cómo suplirán sus necesidades básicas mientras la gente deba permanecer resguardada.

Para los colombianos pobres y vulnerables, el Gobierno nacional ha dispuesto transferencias monetarias para ayudarles a afrontar la cuarentena. Los migrantes, en cambio, no tienen claro cómo los ayudarán. “Sin poder salir, no podemos trabajar para la comida y no sabemos cuándo vengan a corrernos de aquí por no pagar arriendo”, dice un hombre de 40 años que pasa los días en una residencia en Cúcuta. “Las autoridades no han llegado a ayudarnos”, añade.
 

Las autoridades y las organizaciones de ayuda a migrantes son conscientes de esta situación. Jozef Merkx, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), explica que el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, que reúne a más de 60 organizaciones que trabajan por los migrantes en el país, coordina la respuesta con el Gobierno nacional y las autoridades locales para brindar ayudas monetarias.

“Estamos revisando con la Presidencia cómo ajustar nuestras formas de dar asistencia humanitaria en estos días, pues no podemos tener aglomeraciones en albergues y comedores. Consideramos hacer transferencias monetarias por medio de ciertas oenegés y autoridades gubernamentales, pues hay personas que dependían de actividades informales y de repente perdieron sus medios de vida”, explica Merkx.

Sin embargo, como agrega el funcionario de la ONU, los dineros no alcanzan y hay que ser pragmáticos. “Nos enfocaremos en la gente más vulnerable. Para eso dispusimos unas líneas telefónicas de atención que nos permitan estudiar caso a caso y determinar cómo ayudar a cada persona”, dice.
 

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Ese estudio individual mediante una llamada es dispendioso para muchos migrantes. Pero es prácticamente la única manera que han encontrado las autoridades y organizaciones de la sociedad civil para canalizar la atención. Para los nacionales que se encuentran en las bases de datos del Sisbén y los demás sistemas de información gubernamental la logística para entregar subsidios ya es complicada. Y ni qué decir para los migrantes, que en casi el 60 por ciento están con estatus migratorio irregular. Rastrear a 1.771.237 venezolanos en el país no es tarea fácil y contar con recursos para atenderlos, mucho menos.

Este sería el mejor momento para cosechar los esfuerzos que el presidente Duque y las agencias de Naciones Unidas han hecho en los últimos meses para buscar donaciones de la comunidad internacional para atender la crisis migratoria. En este año, las 62 organizaciones que conforman el Grupo Interagencial se habían propuesto invertir 739 millones de dólares para asistencia humanitaria. Ahora, ante la crisis de la pandemia, buscarán nuevos recursos internacionales y trabajarán coordinadas con el Gobierno nacional para invertirlos donde más se requieran, especialmente el sistema de salud.

“Trabajamos coordinados con el ministerio e invertimos recursos en hospitales públicos para que cuenten con espacios de aislamiento y equipos de salud”, explica el representante de Acnur e insiste en que la población refugiada, migrante y retornada debe quedar incluida en la respuesta nacional.
 

Felipe Muñoz, asesor de la Presidencia de la República para la crisis migratoria, destacó los esfuerzos de las agencias y explicó que les han brindado un marco legal para realizar las transferencias monetarias a los migrantes. Además, aseguró que en los últimos días se reunieron con diez donantes internacionales para ver cómo pueden contribuir en esta crisis. “Estados Unidos y la Unión Europea se mostraron muy dispuestos y están revisando cuántos recursos disponen”, aseguró el funcionario.

Con esta integración de los venezolanos en la respuesta institucional –algo que también ha solicitado la Defensoría del Pueblo– se cumpliría además un objetivo que debe ocupar a las autoridades: reducir la xenofobia, que ha empezado a acentuarse por estos días y que podría agravarse si no se atiende debidamente. Tras los disturbios de esta semana, las redes sociales empezaron a mostrar mensajes discriminatorios y violentos contra los ciudadanos venezolanos, una tendencia que ha ido creciendo en los últimos meses. En febrero de 2019, el 53 por ciento de los colombianos tenía una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado para quedarse. Sin embargo, en la última medición, realizada por Invamer Gallup en febrero, ese porcentaje creció 67 por ciento. Además, en un estudio realizado por Acnur al respecto, la mayor proporción de los encuestados atribuyó el crecimiento de la prostitución y la inseguridad a la llegada de venezolanos.
 

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Sobre esto, Muñoz responde de manera contundente: “La covid-19 no tiene nacionalidad y todos tenemos que trabajar juntos para abordar la crisis. Hay que atender las necesidades de los colombianos y los venezolanos más vulnerables, y al mismo tiempo aplicar la ley, sin distinción de la nacionalidad, cuando incurran en saqueos o afecten el orden público”. Esta sentencia la comparte la Coalición por Venezuela, un grupo de migrantes que emitió un comunicado para rechazar el vandalismo, exigir justicia y pedir la solidaridad de los colombianos.