Una columna titulada Paren de parir, publicada en el diario El Tiempo, de la periodista Claudia Palacios, planteó la tesis de que controlar los nacimientos de hijos de venezolanos en el país debe ser una prioridad de la estrategia migratoria del Gobierno. Sin embargo, la discusión bien puede ir más allá y evaluar la responsabilidad del Estado de brindar atención a la población migrante que está en situación de vulnerabilidad.

“Cuando hago mis columnas, no las hago pensando en desatar una polémica. Las hago pensando en poner a la gente a pensar sobre un tema del que yo me he informado”, le dijo la periodista a Proyecto Migración Venezuela. Palacios también señaló que construyó su columna con base en los aportes de cinco fuentes: un documento del ICBF, datos de Acnur, cifras de Profamilia, una conversación con un investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y personas de la Gerencia para la frontera.

Como consecuencia del fenómeno migratorio venezolano aumentó el número de nacimientos de hijos de padres venezolanos en Colombia. Pero la cuestión va más allá del nacimiento de estos niños. Se trata de la responsabilidad de garantizarles sus derechos.

El texto señala que Profamilia aumentó en 148 por ciento la atención en salud sexual y reproductiva a venezolanas en zona de frontera. En el informe ‘Evaluación de necesidades en salud sexual y reproductiva’, la entidad también identifica las necesidades más urgentes e inmediatas de las migrantes: en Cúcuta, Riohacha y Valledupar la prioridad es el acceso a servicios de planificación, mientras que en Arauca es necesario brindarles servicios de aborto seguro y de atención post-aborto.

El informe, que se adelantó entre octubre y noviembre de 2018, identifica las principales necesidades de las mujeres migrantes en la zona fronteriza. En uno de los grupos focales que hizo Profamilia, una de las asistentes reconoció que “sí hubo un tiempo en que había planificación familiar (en Venezuela) ... y se garantizaba el uso de preservativos, cosas y cuestiones para la reproducción, para evitar embarazos no deseados, … pero con el tema de la crisis, eso ya no se ve”.

Los pocos estudios disponibles acerca de acceso a servicios de salud y reproductiva en Venezuela revelan que en 2010 existía una demanda insatisfecha de anticonceptivos. La escasez afectó a 57 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años y a 11 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años.

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Un tema de derechos

Las mujeres migrantes enfrentan riesgos adicionales cuando salen de su país, como la posibilidad de ser víctimas de violencia o de explotación sexual. Ser mujer, migrante y pobre no podría convertirse en un argumento para culpar a quienes huyen de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela de las condiciones que enfrentan aquí.

La columnista Palacios señaló que “el asunto con las mujeres es aún más desafiante, dado que cuando sucede una crisis migratoria en un país que nunca había tenido una experiencia de recibir ningún tipo de migración, ni masiva, ni ordenada, ni desordenada, el primer desafío es la atención básica”. Sin embargo, aseguró que “en la medida en que se van presentando fenómenos como la alta tasa de nacimiento de niños venezolanos en condiciones muy difíciles, el Gobierno se está dando cuenta de que tiene atender esa realidad de una manera más completa”.

Lala Lovera, directora de la fundación Comparte por una vida, que trabaja con niños y madres venezolanos en Colombia, reconoce que en su país los programas del gobierno sí tuvieron un efecto negativo al incentivar la reproducción para recibir beneficios económicos.

Esas políticas desconocieron la necesidad de brindar herramientas y formación en materia de educación sexual. Sin embargo, esta venezolana también reitera que el nacimiento de hijos de madres venezolanas “no hace parte de un plan de los venezolanos de venir a tener hijos en Colombia para recibir beneficios, sino que más bien es el resultado de una generación marcada por 25 años de un sistema político que no promovió la salud sexual y reproductiva”. Su invitación es a no olvidar que “la población realmente está escapando de la escasez, del hambre”.

La columna de Palacios presenta el control de la natalidad como una necesidad prioritaria de la estrategia migratoria. Sin embargo, los derechos sexuales no tendrían por qué estar sujetos a decisiones gubernamentales ni a procesos de integración de la población migrante.

El Gobierno colombiano ha reconocido la importancia de pasar de la fase de atención humanitaria a la implementación de las estrategias de integración, pues de eso depende que el país pueda aprovechar los beneficios de la migración en materia de crecimiento económico y fortalecimiento del capital humano.

En su columna Palacios plantea que se trata de “personas con el futuro absolutamente incierto, con un presente de mera supervivencia”. Sin embargo, reiteró que su intención con este artículo era poner a la gente a pensar sobre un tema que considera importante en la atención a la migración venezolana. Pero lo cierto es que desde que sale de su país esta población está expuesta a una doble discriminación: por condición económica y por nacionalidad.

Para atender y garantizar el bienestar de los hijos de los migrantes deben avanzar los proyectos de ley que promueven la nacionalización de los hijos de venezolanos nacidos en Colombia. La lucha contra la apatridia no es una bandera exclusiva de Colombia, sino que hace parte de la responsabilidad de los estados, que tienen la obligación de prevenir y solucionar las situaciones de apatridia que se presenten en sus países.

Algunos opositores a la posibilidad de nacionalizar a estos niños argumentan que hacerlo podría incentivar la llegada de más migrantes desde Venezuela. La primera encuesta a la población migrante en Colombia, realizada por el Proyecto Migración Venezuela, mostró que las principales motivaciones de los consultados para salir de su país fueron la escasez de alimentos, la necesidad de buscar mayores recursos y la inseguridad. Colombia es el principal destino de los venezolanos porque es el lugar menos costoso y por la posibilidad de encontrar oportunidades laborales, no precisamente por su política migratoria.

DISCRIMINACION

¿La cuestión es parar de parir?