Mientras que las medidas para controlar la expansión del coronavirus parecen haber congelado todas las actividades en Colombia, la crisis humanitaria en frontera parece empeorar. Desde que el presidente Iván Duque tomó la decisión de cerrar las fronteras, el pasado 14 de marzo, la situación en Villa del Rosario, en Norte de Santander, parece una bomba con cuenta regresiva. No solo por la epidemia que golpea al mundo, sino por las necesidades básicas insatisfechas, que parecen no dar espacio la una a la otra.

En el puente Simón Bolívar, punto del mayor movimiento pendular entre Colombia y Venezuela, la situación de los migrantes que van y vienen es crítica. En este sector, denominado La Parada, el 'aislamiento social' tiene connotaciones muy diferentes a las que promueve el gobierno.

Los 'paga diarios', residencias de bajo costo para quienes obtienen su sustento de la economía de frontera, están llenos de personas que necesitan ayuda. Niños que no han comido en días, discapacitados, adultos mayores, hombres y mujeres que deben salir a trabajar a diario para pagar su arriendo y comida están todos recluidos en los improvisados espacios reducidos en los que pasaban las noches después de extensas jornadas de rebusque en medio de los oficios que les ofrece la frontera.

En los 'paga diario', las personas duermen en lugares improvisados, sobre plásticos o cartones. Estas imagenes fueron tomadas por migrantes que las comparten a modo de denuncia. Archivo particular.

Los que tienen suerte están entre familiares cercanos en pequeños cuartos, pero muchos viven en galpones donde han adecuado espacios con cortinas de plástico y tela. Duermen sobre colchones, cartones o cualquier cosa que los proteja del suelo, y claman intervención humanitaria. “Los niños necesitan pañales, teteros”, dice una mujer joven mostrando las tiras de tela que cubren el plástico que le ha envuelto a su bebé para protegerlo de la orina. Otra persona dice que con un kilo de arroz está alimentando entre 10 y 15 niños, pero que los adultos no han comido en días. Desesperada, una mujer cuenta que su marido salió por la mañana a trabajar y no ha vuelto. Sin lo que él trae a diario, la señora no ha podido pagar el arriendo ni darles de comer a sus hijos. “Les agradecemos cualquier ayuda,” concluye un hombre de 40 años, “sin poder salir, no podemos trabajar y no sabemos cuando vengan a corrernos de aquí por no pagar arriendo.”

La frontera fue cerrada el pasado 14 de marzo. Sin embargo, días después, el gobierno permitió el paso de quienes fueron sorprendidos por la medida en el lado colombiano y necesitaban regresar a su país. Fotos: Juan Pablo Cohen - Cortesía diario La Opinión

Hace unas semanas la vida cotidiana en La Parada ya era difícil, pero hoy se ha tornado casi imposible. Vendedores ambulantes de todo tipo: trocheros, carrucheros, maleteros, asesores de viajes, jaladores, pimpineros y demás trabajadores informales, en su mayoría indocumentados, ahora recluidos, dicen que las autoridades no han llegado a ayudarlos. En tono de broma un líder comunitario comenta que cuando los alcaldes y el gobernador dicen que van a hacer presencia en La Parada, la hacen. "Mandan al Esmad una o dos semanas. Si salimos nos maltratan, nos pegan... ¿entonces, qué quieren? ¿que nos muramos?”, pregunta una señora mayor acostada en un colchón con su nieta. La niña tiene fiebre, al igual que muchos otros pequeños y adultos que necesitan medicamentos y comida. Un tapabocas en la calle cuesta 5000 pesos, una cifra que ahí casi nadie puede pagar. Otra mujer, Ana Duin, lo resume así: “aquí en La Parada los policías no nos dejan salir ni siquiera al frente del arriendo”.

Desde las medidas decretadas por el Gobierno nacional, la mayoría de las ayudas que habían estado presentes en la zona para los migrantes están detenidas. La atención a esta población, al día de hoy, se reduce a las actividades de fundaciones locales que con pocos recursos llevan atendiendo la crisis humanitaria, pero que no tienen cómo responder a la cuarentena. La cooperación humanitaria financia algunos de estos proyectos, y en la cuarentena de sus funcionarios, insiste en la comunicación como su principal estrategia frente a personas que claman por acciones concretas y a quienes algunas informaciones les resultan irónicas en medio de la desesperada necesidad. El panorama es cambiante y cada día aparecen nuevos retos frente a las estrategias que planean a nivel central, confiar en los socios implementadores a nivel local se vuele una de las principales pistas para la toma de decisiones acertadas.

«Hace unas semanas la vida cotidiana en La Parada ya era difícil, pero hoy se ha tornado casi imposible »

En la frontera, miles de personas obtienen su sustento de actividades informales como las ventas ambulantes, el paso por las trochas, cargar maletas (carrucheros), asesorar a los viajeros o comerciar con gasolina. Fotos: Juan Pablo Cohen - Cortesía diario La Opinión

Si bien los retos frente a la contención del covid-19 son inmensos, en diferentes regiones y ciudades los gobiernos locales han tratado de implementar medidas para atender a la población en situación de calle, a los vendedores informales y a otras personas que no tienen el privilegio de poder aislarse en sus casas, con reservas de comida y otras cosas necesarias para sobrevivir. Estas personas no tienen cómo protegerse y en medio de la estela de lecciones que va dejando la pandemia por el mundo bien cabe reconocer que la ciudadanía es objeto de derechos y protección del Estado y no puede ser desplegada como un instrumento para reproducir exclusión y segregación.

Pero exclusión y segregación es lo que abunda en La Parada. Victoria Silva, madre de dos niños de 5 y 8 años lo expresa fríamente. “No puedo andar por la vía pública, más adelante hay un cerco policial y como soy venezolana no puedo irme de un lado a otro … han pasado solo unos días y ya es difícil conseguir comida… no solo soy yo, somos muchos. Lo que me da pánico es quedarme sin comida”. Con el acceso al trabajo anulado y las bodegas (tiendas de alimentos) cerradas, el hacinamiento, el hambre y la desesperación se han multiplicado.

Los comedores comunitarios y centros de atención humanitaria como los de la Cruz Roja también han tenido que cesar actividades. En el comedor del padre David Caña - La Divina Providencia- saben más que nadie que las fronteras en los imaginarios políticos podrán cerrarse, pero Colombia y Venezuela comparten áreas fronterizas porosas donde muchas familias existen a ambos lados simultáneamente. Muchos venezolanos y colombianos entraban a La Parada a diario a recibir ayudas, alimentación y a trabajar para sostener a sus familias en Venezuela.

Edgardi Alirio Colmenares es un venezolano de 46 años que lleva un año en La Parada, trabajando para sostener a su familia del lado venezolano. Desde el cierre no puede pasar. “El hecho de pasar para Villa del Rosario hay un cerco policial que se encuentra en el retorno (…) si voy para allá, de allá para acá no me dejan pasar ya que soy venezolano. Las personas que son colombianas si pasan, enseñan la cédula y dicen que están residenciados”. No solo ha quedado separada su familia, sino ha quedado desprotegida. “¿Qué van a comer mi esposa y mis hijos? me da temor, da miedo también salir; la Policía Nacional está recogiendo a los trocheros, les está quitando las carretillas a los muchachos (…) no puedo ir a Venezuela porque no dejan pasar ni por trocha ni por ningún lado”. Y aunque algunas trochas siguen funcionando, los riesgos aumentaron significativamente.

Los 'asesores de viaje' son personas que comercian con tiquetes de bus e información de viaje para quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro. Esa es otra de las actividades informales en la frontera. Juan Pablo Cohen - Cortesía diario La Opinión

Jhonny Cifuentes, director de la Fundación Horizontes de Juventud, conoce mejor que nadie la situación. Una caracterización de La Parada, impulsada por su fundación y por el Semillero de Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario, encontró en febrero de este año a personas hacinadas en garajes y bodegas por toda la zona. En algunos de estos lugares había entre 40 y 80 personas viviendo en condiciones complejas, casi unos sobre otros. “¿Qué pasa cuando llegue un brote de coronavirus a estas casas?” pregunta Jhonny. La respuesta es tan obvia como escalofriante. Aunque esa caracterización estableció 3700 migrantes venezolanos en el sector de La Parada, la dificultad de registrar las movilidades pendulares debería multiplicar esa cifra por tres o cuatro, un reto no menor frente a los 93.735 ciudadanos que viven en Villa del Rosario según el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2018.

Como sea, las medidas de aislamiento y cuarentena en La Parada están generando potenciales focos de contagio y sentando las bases para una tragedia humanitaria que no parece estar en los mapas que nos muestra el Estado. Allá el aislamiento social no suena como una medida de salud pública, parece más la concentración de una población -mucha de esta colombiana- que está a puertas de convertirse en víctima del estado de emergencia decretado en días pasados. Solo se necesita un infectado en esta población para que el pánico y la violencia corran libres. La discriminación y la xenofobia se encargarán de lo demás, y estas personas que piden ayuda quedarán a la deriva, víctimas necesarias de una política de prevención nacional.

*Este documento fue construido a partir de videos y mensajes de audio recolectados entre migrantes y nacionales voluntarios de la Fundación Horizontes de Juventud (FUNHOJUV), dirigida por Jhonny Cifuentes, entre ellos: José Luís Rivas, Egardy Alirio Colmenares, Victoria Andreina Silva, Griselda Marie Parra, Franyelis Pereira, Yadira Coromoto Barrio, Jessica Isabel Barrios, Jennifer Estefanía Barrios, quienes no solo registran esta situación sino a su vez la están viviendo. Para entrar en contacto con FUNHOJUV y contribuir con sus acciones puede escribir a funhojuvong@gmail.com ).

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