El curso que han tomado las denuncias de Bucaramanga es un llamado de atención frente al uso de la migración venezolana como una estrategia en las campañas electorales de este año. | Por: PERSONERÍA DE BUCARAMANGA Y SECRETARÍA DE INT
Un exconcejal y actual candidato a la alcaldía de Bucaramanga denunció la existencia de una presunta red de alquiler de niños venezolanos para pedir limosna en las calles de la ciudad. Rápidamente, los medios de comunicación del país hicieron eco de la información presentada por el programa de televisión Los Informantes. Incluso, el personero encargado de la capital santandereana, Rafael Picón, añadió información sobre el uso de drogas y otras sustancias para sedar a los niños mientras eran usados para mendigar.
En diálogo con Proyecto Migración Venezuela, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, y la directora de protección de la entidad, Juliana Cortés, desvirtuaron la existencia de una mafia dedicada a este delito.
Las funcionarias precisaron que “la mendicidad no es un delito” y que se debe diferenciar lo que se entiende por mendicidad propia y por mendicidad ajena. El primer caso se refiere a las personas que piden dinero o ayuda en las calles por necesidad. El segundo, en cambio, se considera como una forma de trata de personas.
Acerca del operativo que se realizó en conjunto con la Policía metropolitana de Bucaramanga, la Fiscalía y la personería local, la directora del ICBF aclaró los resultados. Para empezar, indicó que fueron atendidos 28 niños venezolanos. Todos estaban en las calles con sus padres, y en todos los casos se trataba de mendicidad por necesidad. La entidad inició el proceso de restablecimiento de derechos para 13 niños. Cinco de ellos fueron retirados de sus familias, porque no les brindaban entornos protectores.
Por su parte, Mario Gómez, fiscal de infancia y adolescencia, reconoció que existe la posibilidad de que sí se esté cometiendo un delito de trata de personas con fines de mendicidad con los niños migrantes. “Tenemos en este momento un importante reporte ciudadano y periodístico de eventos delictivos cometidos contra niños que serían alquilados para el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena, aprovechándose de la situación de vulneración de la migración de Venezuela”, dijo Gómez. Aunque el fiscal no entregó cifras de los niños migrantes víctimas de esa situación, aseguró que “la mayoría de los niños son venezolanos, están sufriendo un delito que en el pasado lo sufrieron los niños que eran víctimas de desplazamiento forzado, ya hemos vivido esto en el pasado en Colombia”.
El curso que han tomado las denuncias de Bucaramanga es un llamado de atención frente al uso de la migración venezolana como una estrategia en las campañas electorales de este año.
Tras las denuncias de esta semana, la Alcaldía de Bogotá también realizó operativos para prevenir la mendicidad infantil en la ciudad. Durante un recorrido por la carrera 68, en el sector del Salitre, la secretaría de integración social atendió a cerca de 60 familias. En total, 95 niños, niñas y adolescentes recibieron la atención del Distrito. Ninguno de ellos era víctima de explotación.
Como parte de la estrategia de prevención, la Alcaldía inscribió a 30 niños en los jardines infantiles de la ciudad, ofreció el esquema de vacunación a otros ocho. Otros cuatro niños fueron cobijados por el ICBF con medidas de protección.
La secretaría de integración anunció que los operativos continuarán en 16 puntos críticos de la ciudad, identificados como los sitios con mayor presencia de adultos con niños en condición de mendicidad.
La capital de Santander es la novena ciudad del país que más venezolanos ha recibido, por lo tanto, las políticas migratorias han aumentado considerablemente en pro de una regularización para estas personas.
