Desde 2018 los venezolanos en edad escolar pueden estudiar en los colegios públicos del país, por orden del ministerio de Educación. Así, el Gobierno estableció que el estatus migratorio de los niños, de sus padres o acudientes no es un impedimento para que el país les garantice sus derechos.
Desde el año pasado los migrantes también pueden ser beneficiarios de las estrategias de permanencia que evitan la deserción escolar, como el transporte y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A pesar de las buenas intenciones para llevar a los niños migrantes a las aulas, otorgarles un cupo en el colegio es apenas el primer paso. A las dificultades que tienen los padres para conseguir los certificados de estudio de los colegios en Venezuela se suman las diferencias entre los modelos educativos de ambos países.
Al llegar al país, los estudiantes deben presentar una prueba para validar sus conocimientos y para que los profesores puedan establecer el curso al que ingresan. Esto se suma a la necesidad de ajustar los recursos para garantizar la calidad de la educación, en un sector que tiene deudas históricas que pueden acentuarse por la migración.
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, hasta mayo de este año 342.292 venezolanos en edad escolar estaban en Colombia. Esta es la población que requiere la atención del Gobierno para acceder a educación.
Las cifras del ministerio de Educación revelan que hasta junio de 2019, 181.421 estudiantes venezolanos estaban registrados en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT). El Gobierno ha invertido 465.000 millones de pesos para la atención educativa de la población migrante venezolana.
Las adecuaciones las realizó la organización internacional World Vision. Una de las causas de la deserción escolar según el Ministerio de Educación, es la “falta de infraestructura educativa, en especial, en las zonas rurales”.
