Yukpas venezolanos: sobrevivir lejos de la serranía

Casi todas las mañanas, un joven cargando una pimpina de agua camina por las calles del barrio Nuevo Escobal, de Cúcuta. Es delgado, de piel oscura y tiene el cabello liso. Se llama Rafael Segundo Romero. De vez en cuando lo acompañan niños que le ayudan a cargar el agua o la comida que compra en las tiendas del sector. Pero siempre se interna en un bosque del barrio, que termina en el fronterizo río Táchira. Allí se instaló con su pueblo: los yukpas.

Rafael es miembro de este grupo indígena que históricamente habita el Perijá, una serranía que comparten Colombia y Venezuela entre los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, por el lado colombiano; y el estado de Zulia, del lado venezolano.

Su pueblo vive de la siembra de maíz, frijol y yuca, que comercian o intercambian por otros alimentos y productos. También son una tribu cazadora. Pero debido a la crisis económica y social de Venezuela en los últimos años, para los yukpas de ese país ya no es rentable vender sus cultivos, por lo que vienen migrando hacia las ciudades o pueblos colombianos de la frontera en donde puedan conseguir comida, como Cúcuta.
 

Los yukpas venezolanos han llegado en pequeños grupos a parques, plazas y barrios de la capital nortesantandereana. Pero la mayoría se instaló en Nuevo Escobal, el primer lugar que encuentran los migrantes —documentados o indocumentados— tras atravesar el puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a los dos países. Se cree que los indígenas cruzaron la frontera sin los permisos que exigen las autoridades migratorias.

Este barrio se creó cerca del río Táchira hace 20 años, cuentan sus habitantes, y tiene por lo menos 300 casas, tres parques, unas canchas de microfútbol y varias tiendas. Desde hace dos años, los yukpas también son parte del vecindario.

Rafael y su pueblo levantaron un resguardo improvisado en el área menos urbanizada de Nuevo Escobal, un bosque que acaba en la orilla del río. Allí conviven 84 indígenas, entre ellos 44 niños, que conforman 36 familias y que se reparten a diario las tareas comunitarias. Bajo los árboles de nim y en medio de la maleza, los indígenas construyeron cambuches y pequeños establos de madera, que sirven como campamentos y dormitorios para protegerse del sol y la lluvia.

Hasta marzo del año pasado había unos 500 indígenas instalados en el barrio y debajo del puente internacional, pero fueron desalojados por las autoridades de la ciudad. Sin embargo, algunos regresaron a ocupar el bosque a las pocas semanas.

El resguardo

Los yukpas más pequeños pasan el día jugando en el polvoriento suelo del resguardo, por las calles aledañas y las canchas de microfútbol del barrio. La Junta de Acción Comunal de Nuevo Escobal vela por la administración de las zonas comunes y hace las veces de autoridad local. Pero en el bosque las reglas son otras: gobiernan los indígenas y ese espacio es yukpa, aunque sea terreno colombiano.

Los indígenas tienen una cosmovisión diferente del territorio, por eso no se sienten extranjeros, explica Rafael. Dice que sus ancestros rondaron por estas tierras, así que imponen sus leyes: nadie entra o sale sin el permiso de un cacique, como Dionisio Finol Romero, o de la autoridad encargada. Ni siquiera las ayudas humanitarias.

En el resguardo que lidera Dionisio, los yukpas duermen sobre esteras, tienen animales (cerdos y pollos, principalmente) y adecuaron sus propios espacios públicos como una cocina comunitaria, una área de baño cerca del río, pozos sépticos y hasta arcos para jugar fútbol.

Sin necesidad de un diagnóstico médico, a simple vista se nota que los niños tienen problemas de salud relacionados con la falta de comida, agua potable y servicios sanitarios adecuados, tres elementos básicos que escasean en el sitio donde pasan las noches.
 

La convivencia

Paola Tarazona es residente del barrio. Cuenta que ella y varios de sus vecinos rechazaron al principio la llegada de los yupkas a esa zona de Cúcuta, pero luego entendieron la situación en la que viven y les donaron algunos mercados, ropa y pimpinas de agua potable. “En la mañana, por lo general, caminan hacia la iglesia de Nuevo Escobal porque el padre les dio el permiso para que usen el agua del templo”.

Anteriormente, los habitantes del sector se escandalizaban al ver cada mañana a los niños yukpa desnudos, con lagañas en los ojos y el pelo achilado por efecto de la mezcla del sol, el sudor y la tierra. Incluso un día llamaron varias veces a la Policía para que interviniera el resguardo y protegiera a los menores desnutridos, pero no lo consiguieron.

“Lo que más nos impactó, como vecinos, fue ver a los niños más pequeños como si estuvieran en estado de abandono. Por eso algunos no los quieren y todavía hay una xenofobia muy marcada”, comenta un residente, quien dice que rechaza los malos comentarios contra los indígenas. Otros vecinos se muestran indiferentes y dicen que a ellos no les afecta mucho la situación de los yukpas: “En mi caso, lo único que me molesta es que por las noches hagan quemas, porque se llena de humo mi casa”, señala Alfredo Anacona.

Debido al rechazo, los yukpas se acomodaron lejos de las residencias, en el bosque, y solo salen cuando necesitan comprar alimentos o los niños van a jugar a los parques y las canchas. Pero en Nuevo Escobal ya aprendieron a convivir con ellos.
 

Pocas ayudas y la falta de reconocimiento

Aunque la solidaridad de los residentes del barrio es importante, no es suficiente para solucionar las necesidades de los indígenas, quienes dejaron atrás la agricultura, su lengua y sus costumbres en la serranía del Perijá para sobrevivir en una ciudad a punta de reciclaje, venta de chatarra, mendicidad y, a veces, asistencia social de fundaciones u organizaciones no gubernamentales. La ayuda por parte de las instituciones del gobierno colombiano ha sido poca, según comenta Óscar Calderón, coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados (SRJ) en el Norte de Santander. Esta organismo ha asistido a los yukpas desde que llegaron a Cucutá.
 

«En tres ocasiones, la administración del departamento, el Ministerio del Interior y la Cancillería hizo el proceso de retornarlos a Venezuela, pero es una medida transitoria porque dos o tres meses después regresan a nuestro país obligados por la falta de alimentos y medicamentos en el suyo. Este no es un problema que se resuelve en un plan retorno».

Óscar Calderón, del Servicio Jesuita a Refugiados.

Calderón agrega que el gobierno ayudaría más si reconoce a los yupkas como pueblo indígena binacional. En la actualidad, son considerados como ‘población extranjera en territorio colombiano’, lo que imposibilita al Estado acogerlos a las normas que protegen a las comunidades étnicas.

Si Colombia los reconociera recibirían atención médica, alimentaria y social, lo que evitaría muertes por desnutrición como sucedió en el primer semestre de 2018 cuando dos niños de la comunidad fallecieron por esa causa. También, los 44 menores yukpa de Nuevo Escobal estarían inscritos en el sistema escolar nacional. Por ahora Rafael y Eddy ‘Pocho’ Romero, otro joven del pueblo, son los profesores del campamento por pedido del cacique Dionisio. 

Rafael es quien da las clases de matemáticas y educación física en lenguaje yukpa. ‘Pocho’, que cursó hasta sexto de bachillerato, dicta español. No hay un salón de clases. Todos se sientan en el suelo polvoriento de 7 a 11 de la mañana, a la intemperie. Los únicos recursos son cuatro bancas que hacen de pupitres, un marcador borrable y un viejo tablero que consiguieron en sus jornadas como recicladores. “Como no hay pedagogía, no se avanza”, afirma José Rincón, el segundo al mando en el resguardo.

“Aquí los indígenas quieren estudiar, pero no hay plata. Los niños no tienen ni cuadernos, ni lápices, ni con qué vestir”, expone el cacique, quien espera ansioso que en este 2019 el Estado ofrezca cupos en las escuelas para los 44 niños de su comunidad.
 

Además, con el reconocimiento podrían censarlos para determinar el tamaño y las características de la población que está en Cúcuta y otras ciudades o municipios cercanos a la frontera, una tarea pendiente de los gobiernos local y nacional. “Después del desalojo de marzo, hasta mayo de 2018 teníamos el dato de que en Cúcutá estaban 450 yukpas. Aunque desde que empezó la migración venezolana vienen llegando al país en grupos de 100 o 150 rumbo a la ciudad, para luego dispersarse hacia otros lugares. Por eso no hay una cifra exacta de cuántos son”, señala el coordinador del SJR.

Esta comunidad étnica se ha movido por otras partes de Cúcuta y de municipios aledaños no solo en busca de alimentos, sino también escapando de los grupos armados que están en la zona. En mayo del año pasado miembros de un grupo armado aún sin identificar ingresaron al resguardo de Nuevo Escobal y dispararon contra los cambuches y los establos, lo que provocó la fragmentación de los yukpas. Algunos regresaron a Venezuela y otros terminaron durmiendo y mendigando en las calles.

“Preocupan factores de riesgo asociados a la frontera, en donde convergen grupos armados ilegales, bandas dedicadas al contrabando, narcotraficantes y en donde el Estado no ha enfilado su atención de manera contundente”, puntualiza Calderón.
 

Medidas legales

Frente a este complicado escenario, el SJR junto a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) guiaron a dos líderes yukpa en la elaboración y presentación de una tutela ante la Corte Constitucional, en la que pidieron el reconocimiento como pueblo étnico binacional y reclamaron la protección de derechos fundamentales, como la salud y el saneamiento básico, así como ayuda humanitaria.

Pero la tutela fue negada en primera instancia por el Juzgado Primero de Familia de Cúcuta. Su argumento es que la acción es improcedente.
 

Ramírez añade que el SJR solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado colombiano se vea obligado a brindar ayuda humanitaria a los yukpas, pero este organismo internacional aún no se ha pronunciado. “Se piensa hacer otra tutela, porque hubo muchos inconvenientes con la primera. Sin embargo, hoy es complicado presentarla porque los líderes indígenas están dispersos y es difícil contactarlos”.

Mientras la CIDH define si darle o no protección a los yukpas y el Estado colombiano los reconoce como grupo indígena binacional, Rafael continuará trayendo el agua para el resguardo y dictando clases. Por ahora así es su vida hasta que la crisis en Venezuela termine o hasta que el gobierno nacional los integre.

Por: Jean Javier García | Colaborador en Cúcuta 
José Puentes Ramos | Editor regional de SEMANA RURAL