"Huir, migrar, parir" fue el evento en que debatieron sobre acceso a servicios de salud de las migrantes. | Por: ONG WOMEN'S LINK WORLDWIDE
Yendis Medina, en estado de embarazo, huyó del hambre en la ciudad de Maracaibo junto con su esposo Hébert Sánchez y sus cuatro hijos de 12, 10, 4 y 2 años. En 2019 llegaron a Riohacha y meses más tarde decidieron probar suerte en Bogotá.
“Yo no quedé embarazada porque quise, en Venezuela tenía que decidir si compraba las pastillas anticonceptivas o le compraba comida a mis hijos”, explica Yendis en el conversatorio Huir, migrar, parir, realizado este jueves en Bogotá por la ONG Mutante.
El testimonio de Yendis fue reforzado por Magdymar León, investigadora de la Asociación Venezolana de Salud Sexual y Reproductiva (Avesa), quien de visita por la capital colombiana presentó un informe diagnóstico de esta situación en Venezuela, elaborado por esa asociación y la ONG Mujeres al Límite.
“Las venezolanas no vinimos a parir por gusto en Colombia. Las madres migrantes no somos ciudadanas de segunda categoría, nuestros derechos no se suprimen, incluso, el hecho de que no tengamos documentación regular no significa que perdamos derechos y no podamos acceder a servicios de salud o hacer denuncias en los países de acogida. No estamos migrando porque vamos de turismo, lo hacemos porque vivimos una situación muy crítica”, enfatizó la psicóloga venezolana, donde también participaron directivos de Profamilia y del Instituto Pensar, de la Universidad Javeriana.
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El planteamiento de Mujeres al límite desmitifica el discurso discriminatorio que se ha generado en Colombia con la frase "Paren de parir", que hace unos meses se hizo célebre por una columna de opinión. En Venezuela, a las mujeres se les están vulnerando sus derechos en salud sexual y reproductiva, muchas quedan embarazadas porque no les ofrecen programas de planificación familiar o en sus ciudades no hay métodos anticonceptivos. Lo que ofrecen las farmacias son preservativos a costos elevados que los ciudadanos no pueden comprar.
Ante la falta de cifras oficiales en Venezuela (desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica estadísticas epidemiológicas), el informe de Avesa y Mujeres al límite aseguran que los embarazos en adolescentes rondan el 29 por ciento y los abortos el 20 por ciento. Este estudio diagnóstico se realizó entre agosto y diciembre de 2018, tomando como referencia cuatro centros de maternidad: uno en Caracas, uno en el estado Miranda, y dos en el estado Carabobo.
Durante el tiempo de la investigación reportaron 15 muertes maternas en los cuatro hospitales de referencia, en su mayoría vinculadas a hemorragias. “Las mujeres en Venezuela se ven forzadas a tener embarazos no deseados y están recurriendo a practicarse abortos inseguros. Nos enteramos del caso de dos mujeres que fallecieron por esta causa; una se introdujo un objeto punzante causándose hemorragia, y otra mujer se aplicó una sustancia jabonosa que le ocasionó una sepsis”, denunció Magdymar León.
Esta dramática situación está asociada a las deficiencias en los servicios de salud del Gobierno de Venezuela ante la opinión pública. Las muertes maternas se producen porque en los hospitales faltan insumos quirúrgicos, hay escasez de medicamentos y déficit de profesionales de la salud debido a la forzada migración.
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Según cifras de Migración Colombia, entre abril y junio de 2018 se registró la entrada de 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, 6.304 (76.7%) de ellas sin control prenatal y 8.045 (98%) sin seguridad social. También se registraron 7.496 mujeres venezolanas en período de lactancia, lo que corresponde a un 3.4% del total de 219.799 que ingresaron en el mismo lapso.
Un estudio de Profamilia, de 2019, revela otro dato preocupante: hombres y mujeres provenientes de Venezuela, de diferentes grupos de edad, no estaban familiarizados con el concepto de salud sexual y salud reproductiva ni con los servicios y los derechos relacionados con ellos. Igualmente, no demostraban suficientes conocimientos sobre anticonceptivos, el aborto, las ITS, el VIH y los servicios de salud necesarios para el manejo clínico de la violación. Jóvenes entre 14 y 25 señalaron no haber recibido educación integral para la sexualidad.
Esta realidad preocupa a las organizaciones de mujeres venezolanas en ambos países, por eso Selene Soto, abogada de la ONG Women's Link Worldwide, quien también participó en el conversatorio, exhortó a mejorar la respuesta institucional y de atención que Colombia les está brindando a los migrantes.
En este acompañamiento en litigios y asesorías jurídicas que ofrece gratuitamente Women's Link Worldwide detectaron que la Policía no sabe identificar el delito de trata de mujeres migrantes venezolanas en las zonas de frontera.
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La abogada Soto mencionó el caso de una mujer venezolana que fue contactada telefónicamente desde Cúcuta para trabajar vendiendo café y comida en la capital de Norte de Santander. Cuando llegó al sitio de trabajo descubrió que iba a trabajar como prostituta; ella afortunadamente escapó y denunció ante las autoridades.
La venezolana Yendis Medina ya tuvo a su última hija en Bogotá. Ella y su familia buscan mejorar sus condiciones de vida, se muestran sensibles, agradecen las atenciones de salud y educación que en su país le negaron.
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