Huir tres veces: el drama de los caminantes venezolanos

En los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, el porcentaje de caminantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia pasó del 41 por ciento al 60 por ciento, según una evaluación rápida de necesidades del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm). Además, en ese momento, cuando el país finalizó el aislamiento preventivo obligatorio, retornar a Venezuela dejó de ser la razón principal de quienes recorren las carreteras.

De acuerdo con el mismo grupo, ese indicador pasó del 44 por ciento al 21 por ciento. Aunque importantes, las cifras no sorprenden. Ya estaba más que prevista esta nueva ola migratoria por efecto de la reactivación económica del país y el final de la cuarentena. De hecho, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, había dicho que el 80 por ciento de quienes se fueron a Venezuela durante la pandemia regresarían con sus familias ante la debacle económica y social de esa nación. Además, todo parece indicar que aquellos que habían huido de Venezuela inicialmente solos hoy lo hacen con sus familias.

“Antes de la pandemia, más de la mitad del hambre en América Latina estaba en Venezuela”, recordó la organización internacional Oxfam en un informe reciente en el que aseguró, además, que millones de venezolanos han disminuido la calidad y la cantidad de su dieta. Hay tal escasez que la Encuesta de Condiciones de Vida, realizada desde 2014 por la Universidad Católica Andrés Bello, estima que solo 3 por ciento de la población atravesará la pandemia libre de inseguridad alimentaria.

Tras regresar a su natal Valencia hace apenas dos meses, Pedro Vivas decidió emprender de nuevo camino hacia Colombia con su esposa y su hijo. Desde su ciudad, los tres tuvieron que andar hasta la frontera y atravesar, como lo hacen unos 300 venezolanos diariamente, las trochas y el caudaloso río Táchira. Todo para llegar a Colombia y continuar el viaje hasta el interior del país, luego de sortear las más bajas temperaturas de los Andes santandereanos y la presencia de grupos armados.

La Secretaría de Fronteras de Norte de Santander ha estimado que hay unas 80 trochas. De estas, la fuerza pública custodia hoy 17 para tratar de contener el ingreso de venezolanos. El Gobierno ha anunciado esa acción como una “medida responsable” con la salud y la seguridad de los ciudadanos de ambos países; pero quizá resulta ineficaz si se tiene en cuenta que el hambre y la necesidad de servicios básicos impulsan una movilidad humana prácticamente imposible de contener a lo largo de 2.219 kilómetros de frontera.

La autoridad migratoria calcula que, para finales de 2020, los venezolanos radicados en Colombia podrían alcanzar los dos millones. Ni la presión de la comunidad internacional ni el trabajo de las fuerzas opositoras venezolanas –hoy divididas para las elecciones parlamentarias de diciembre– han logrado solucionar la crisis política o reducir el suplicio de quienes permanecen en Venezuela. Colombia, sin embargo, hizo poco por prepararse para atender esta nueva ola migratoria, pese a haber previsto lo que el mismo gerente de Frontera, Lucas Gómez, reconoce como la llegada de una población con mayores niveles de vulnerabilidad.

Según el Gifmm, que hizo una evaluación presencial entre el 9 y el 15 de septiembre a 230 mujeres en tránsito, el 20 por ciento de ellas reportó estar en periodo de gestación o lactancia, o viajar con otra mujer en ese estado. Asimismo, el 6 por ciento de los encuestados aseguró que en su grupo había menores de edad sin su acudiente legal.

Juana Rico es una de las voceras de la Red Humanitaria, un conjunto de organizaciones civiles que atiende a los migrantes junto con el Servicio Arquidiocesano de Atención al Migrante, Cáritas Francia y la Cooperación alemana GIZ. Rico explicó que actualmente 9 de los 14 puntos que tenían están activos, pero lamentó que entre Pamplona y Bucaramanga, justo donde está el tramo más peligroso del páramo de Berlín, solo hay un punto de atención.

“Nosotros brindamos alimentos y atención desde las seis de la mañana, a pesar de que hay un decreto, y nos incitan a no atender a los caminantes”, dice Marta Duque, una voluntaria de la Red Humanitaria que abrió su casa de dos pisos en Pamplona para brindarles algo de sosiego a quienes ya llevan cientos de kilómetros caminando, a menudo con los zapatos deshechos.

El decreto en mención es el 032 del 17 de marzo de 2020, que la alcaldía de Humberto Pisciotti Quintero usó para prohibir la entrada de migrantes al casco urbano de Pamplona y cerrar los cuatro albergues de la Red Humanitaria en la ciudad. “¿Se puede llamar refugio a un sitio que no brinda garantías sanitarias y la infraestructura física no es la adecuada?”, cuestionó el alcalde, que insiste en que las organizaciones civiles están desorganizadas.

Sobre los caminantes, el alcalde Pisciotti responde que “la ciudad no tiene recursos para atenderlos” y que el Gifmm debe responder por estos, pues reúne a las organizaciones internacionales que trabajan por esta población. No obstante, el mismo alcalde se ha negado en repetidas ocasiones a autorizar a ese grupo de agencias a crear un albergue o un centro de atención en el casco urbano, pese a que en ese lugar confluyen miles de venezolanos antes de seguir el recorrido hacia Bucaramanga.

“La discusión es mirar cómo hacemos que los migrantes lleguen de manera ordenada a sus destinos. Si hubo política de retorno durante siete meses, también puede haber política de recepción”, expresó el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, quien reconoce el trabajo coordinado con el Gobierno nacional y la cooperación internacional, pero manifiesta que sigue siendo insuficiente.

Por la pandemia, la mayoría de los refugios en la ruta de los caminantes cerró sus puertas. Hoy, solo unos cuantos esfuerzos comunitarios brindan un plato de comida a los migrantes.

Jozef Merkx, representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), encargada de coordinar junto con la OIM el Gifmm, asegura que actualmente tienen unos puntos de atención en las zonas fronterizas de Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Pero explica que necesitan el apoyo de las autoridades locales y del Gobierno nacional para tener los lineamientos, los terrenos y las posibilidades de reactivar los puntos de apoyo en la ruta de los caminantes.

Este año, el Gifmm solo recibió una cuarta parte de los recursos solicitados a los cooperantes internacionales. Esa situación obliga al Estado a redoblar esfuerzos para conseguir recursos y atender a los migrantes.

Esta desfinanciación, agravada por la crisis económica mundial derivada de la pandemia, puede explicar en parte la falta de planeación de estos meses. Y muestra también la papa caliente que hoy se tiran entre sí las autoridades locales, el Gobierno nacional y las agencias internacionales, que reconocen un trabajo articulado, pero siempre piden más de sus contrapartes.

Entretanto, Pedro Vivas, su esposa embarazada y su hijo lograron esquivar la muerte al cruzar a pie el páramo de Berlín. Ahora deben enfrentar el lastre de tener una condición migratoria irregular que les impide emplearse formalmente y emprender, con todas las de la ley, una vida en el país. Son los damnificados de la falta de preparación, y esta no es una responsabilidad solo de Colombia.

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