Más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos se encontraban en Colombia en enero de 2021, según reportes de Migración Colombia. De ellos, el 56,4 % se encontraba en condición migratoria irregular, lo cual les impide emplearse en actividades formales, afiliarse a salud y pensiones, acceder al sistema financiero o incluso graduarse en el sistema educativo, entre otras. Las estimaciones realizadas para este mismo periodo por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, con base en cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), reflejan que 6 de cada 10 migrantes y refugiados se encontraban trabajando; no obstante, 9 de cada 10 lo hacían en la informalidad.

Dada esta situación, a partir de mayo de 2021 y gracias a la expedición del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos (ETPV), el Gobierno nacional empezó el registro para otorgar el Permiso Especial de Protección (PPT) a todos los migrantes y refugiados residentes en Colombia que no cuentan con una visa o estatus de refugio. Esta medida, entre otras cosas, busca solucionar parte de los problemas del estatus migratorio irregular, entre ellos, el acceso al mercado laboral colombiano.

El flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela trae importantes retos para Colombia, pero a la vez grandes oportunidades que requieren del involucramiento de todos, en particular, del sector empresarial. Por esta razón, desde el Proyecto Migración Venezuela (PMV) y la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) se realiza una investigación con el fin de indagar y difundir las percepciones, posturas y acciones del sector empresarial frente a la inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos.

Este estudio genera un primer acercamiento sobre las potencialidades del proceso de integración de la población migrante y refugiada, dado que actualmente no existe información sobre la percepción del empresariado a nivel nacional en los temas descritos. Con los resultados de este análisis se plantean recomendaciones para el involucramiento de las empresas y entidades públicas en el proceso de inclusión socioeconómica e integración social de los migrantes y refugiados.