En la frontera entre Colombia y Venezuela operan diversos grupos ilegales y criminales, al acecho de niños, niñas y adolescentes para reclutarlos forzadamente | Por: LEÓN DARÍO PELÁEZ | SEMANA
Expertos consideran que quienes manejan los negocios ilegales en zonas de frontera están reclutando forzadamente a los pequeños y piden mayor acción bilateral. El Gobierno colombiano ya fijó una ruta de atención y prevención.
Para quienes analizan a fondo la realidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, hoy se vive una "explosión" de inseguridad producto de la fractura de la relación binacional entre Colombia y Venezuela; esa situación se ha escalado en los últimos cuatro años, especialmente tras los cierres de los pasos oficiales por tierra, y por eso gran parte de las dinámicas en la frontera está en manos de irregulares de lado y lado que, según expertos, convirtieron las trochas en tierra de nadie, en un aliado para cometer todo tipo de actos por fuera de la ley.
Para Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, y uno de los mayores conocedores del accionar de grupos ilegales en la frontera con Venezuela, es claro que no solamente la guerrilla ha aprovechado esa fractura de las relaciones binacionales, sino que, adicionalmente, otros actores interesados han sacado provecho de ese limbo que se vive en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, del lado colombiano, y de las regiones de Zulia y Apure, del lado venezolano.
«Quizá la presencia más fuerte es la del ELN del lado colombiano y del lado venezolano, pero también hay otras mafias y estructuras que ejercen control sobre el territorio y sobre la población»
Luis Eduardo Celis, asesor de Fundación Paz y Reconciliación
En ese escenario, advierte el experto, los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos, y quienes ya se asentaron en todo el corredor de frontera viven un riesgo permanente de reclutamiento forzado.
La situación y el entorno en que se desenvuelven sus familias, esperando conseguir estabilidad y recursos económicos para garantizar su diario vivir se convierte, según el experto, en un caldo de cultivo perfecto para que quienes están al acecho los recluten forzadamente, repitiendo un fenómeno que ocurrió con decenas de miles de niños colombianos.
“Muchos jóvenes han sido vinculados a estructuras ilegales, han sido utilizados para estos ejercicios de criminalidad y eso está reportado tanto en organismos de derechos humanos como de las autoridades”, dijo Celis al Proyecto Migración Venezuela.
Sin embargo, nadie puede decir con absoluta certeza cuántos niños están en riesgo ni cuántos han sido reclutados. Ni mucho menos qué está pasando con ellos en las zonas de frontera.
Pero, como marco de referencia, la Justicia Especial para la Paz (JEP), dentro del proceso que abrió por reclutamiento forzado de menores de edad, reveló que solamente las antiguas FARC habían reclutado cerca de 18.667 adolescentes, de entre 15 y 17 años, mediante una política sostenida y formal mientras existieron como grupo armado ilegal.
Según los expertos, esa cifra de la JEP es apenas la punta del iceberg de un fenómeno silencioso que debe ser atendido ya. “No contamos con las suficientes estadísticas y estudios que nos muestren la dimensión de lo que está pasando, pero sin duda es un tema altamente preocupante que debe ser atendido por las autoridades de los dos países”, concluye Luis Eduardo Celis.
Desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia de la Presidencia de la República se diseñó toda una estrategia de prevención del reclutamiento forzado de menores de edad, que cubre, por supuesto, a los migrantes venezolanos.
Su objetivo generar sinergia para llevar las atenciones de primera infancia y de infancia y adolescencia, en llave con los organismos internacionales, las autoridades territoriales y la sociedad civil.
En el imaginario de que la diáspora venezolana aumenta la delincuencia en el país tiene más de mito que de realidad. Los migrantes que están en las cárceles del país y en prisión domiciliaria solo representan el 1 por ciento del total de la población privada de la libertad en Colombia.
