Las personas venezolanas que viajan o circulan por las trochas están a merced de grupos criminales y exponen su vida a diario. | Por: ESTEBAN VEGA - SEMANA
Desde este lunes se vivirá otra realidad en la frontera, con nuevos desafíos inclusive en la seguridad de la vida de las personas venezolanas, migrantes y refugiadas, y de aquellos que hacen parte de la población pendular; la presencia de grupos irregulares y criminales plantea desafíos para las autoridades.
Luego de casi siete años en los que toda clase de personas al margen de la ley colonizaron no sólo las denominadas trochas sino gran parte de los espacios cotidianos de la zona fronteriza, una de las mayores preocupaciones de los migrantes es la situación de seguridad.
Según expertos, en la zona fronteriza hay desde organizaciones que, como el llamado Tren de Aragua o el ELN, ejercen el control de los negocios más jugosos como el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas, hasta las bandas de delincuencia común, todos mezclados en un coctel peligroso que amenaza la tranquilidad de los habitantes de la frontera, entre ellos los migrantes venezolanos.
“Existen en esa franja, que es tierra de nadie hasta el momento, más de 30 0 40 organizaciones criminales que están encargadas de todo tipo de ilicitud”, explica John, Marulanda, experto en seguridad.
Para quienes conocen la dinámica de cómo, por ejemplo, las personas venezolanas que vienen en tránsito hacia el interior del país sufren el asedio de los criminales en su travesía, es importante que el Gobierno colombiano enfrente el desafío de no solo de recuperar el control de lo que pasa en terreno, sino de garantizar los derechos humanos de las migrantes.
“Es una oportunidad para que el Gobierno pueda establecer las reglas de juego de cómo se va a controlar a los diferentes actores armados, porque sabemos que no es sólo del lado colombiano sino del lado venezolano quienes están controlando toda esta zona, y también victimizando de diferentes formas a las personas migrantes que quieren llegar a Colombia”, explica Lina Arroyave, investigadora de De Justicia.
Otra de las preocupaciones es cómo y quién puede garantizar los derechos de las personas migrantes que viajan por las trochas, por las carreteras, o que están en los municipios fronterizos, a la espera de tomar una decisión final sobre si permanecen allí o viajan hacia el interior del país.
Por eso, según Arroyave, es necesario saber “si el Gobierno está pensando en el acompañamiento de otras instituciones como la Defensoría, las Personerías que son como las más adecuadas para la atención de las personas migrantes”.
Por otro lado, los expertos consideran que el papel de la Fuerza Pública colombiana será clave no sólo en el control territorial sino en la garantía del ejercicio de los derechos de las personas venezolanas. En ese sentido, urgen que la reapertura fronteriza incluya una estrategia directa e inmediata contra el crimen en esa zona.
“Lo que se requiere en las próximas semanas es que las autoridades de seguridad de los dos países puedan emprender planes conjuntos para recuperar la seguridad en la frontera; todas las estructuras ilegales han ganado más fuerza en la frontera controlando el flujo de población, de mercancías y de parte del narcotráfico", explica Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación
El arranque de esta nueva era en la frontera será, según los expertos, la oportunidad ideal para que los dos Gobiernos diseñen una hoja de ruta que permita la plena recuperación de la seguridad para garantizar la vida y el ejercicio de derechos para migrantes y refugiados venezolanos, retornados colombianos y población pendular.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
