Según cálculos del Gobierno, más de 500.000 connacionales han retornado de Venezuela. A futuro podrían ser muchos más, si se tiene en cuenta que desde la década de los cincuenta entre 3,5 y 5 millones de colombianos migraron a Venezuela.

Al igual que los refugiados y migrantes vecinos, los colombianos retornados tienen muchas necesidades insatisfechas. Además, cargan con el peso de dejar su tierra de nuevo, como si recogieran sus pasos. Son migrantes de ida y vuelta. 

En 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Ley 1565 o Ley Retorno. Con ella, acompaña a los colombianos que regresan al país y crea incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero. 

Esta medida, en principio motivada por la crisis económica europea, se convirtió en un primer soporte para los compatriotas que Nicolás Maduro expulsó en 2015. Y para las personas que desde entonces han llegado al país. 

Hasta el momento, la ley ha cobijado a unas 20.000 personas. Muchos colombianos buscan acogerse en vano a esa medida, pensada para una migración regular de nacionales con otro perfil socioeconómico. 

José Wilson Castro es uno de ellos. Este llanero volvió a su tierra hace 10 meses: asegura que no le sirvió de nada presentarse como colombiano. No obstante, hace cuatro meses envió los documentos para acogerse a la ley y dice cumplir los requisitos establecidos. En efecto, es mayor de edad, vivió más de tres años en otro país, no tiene condenas y no ha cumplido doce meses desde que regresó. Pero todavía no obtiene una respuesta. 

La dificultad para acogerse a la Ley Retorno plantea apenas uno de los desafíos para esta población. Al volver, muchos colombianos no cuentan con cédula de ciudadanía o registro civil, lo cual dificulta su acceso a servicios de salud, educación, trabajo y al sistema financiero.

La Registraduría Nacional procura atender todos los casos, pero no es una labor sencilla. Además de asistir a la población retornada, la entidad debe tramitar las solicitudes de nacionalidad de venezolanos hijos de padres colombianos, quienes tienen este derecho.

La entidad cuenta con 1.163 registradores, entre especiales, auxiliares y municipales, pero la demanda de trámites supera su capacidad. Por eso, la Registraduría y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia desarrollan las jornadas de cedulación enfocadas en migrantes y retornados, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable (UDAPV).

En 1999, la Registraduría creó las UDAPV para llegar a la población más vulnerable o que vive lejos de las cabeceras municipales. Hoy se cuenta con 17 unidades que recorren el país. Después de 2017, con asistencia de Acnur, y el apoyo financiero de la Unión Europea, cinco de estas atienden a los refugiados y migrantes en Arauca, Bolívar, Boyacá, La Guajira, Atlántico y Norte de Santander.

Para desarrollar esta estrategia crearon la Circular 121 de 2016 por seis meses, y si la situación lo ameritaba, con posibilidad de prórroga, como de hecho ha sucedido. “Es una medida excepcional que tomamos luego de analizar la situación de Venezuela. Es imposible exigirles documentos apostillados a los extranjeros”, explicó Andrea Sogamoso, abogada delegada por la Registraduría.

Los solicitantes necesitan copias del registro civil venezolano y de un documento que demuestre que el padre o la madre son colombianos. A la jornada deben llegar con un familiar cercano que declare y dé testimonio de su nacimiento. También deben asistir dos testigos que no tengan vínculo familiar. Este servicio es gratuito, al igual que el examen de sangre y la toma de la fotografía para la cédula.

Detrás de cámaras

Acnur financia al personal, y la Registraduría se encarga de la logística y envío de equipos, como computadores, impresoras de punto, fotografía, planta eléctrica y, en algunos casos, comunicación satelital. Asimismo, las alcaldías y gobernaciones deben proporcionar el lugar, los equipos para tomar el examen de sangre y realizar la convocatoria de la jornada. Un paso que no siempre se lleva a cabo de manera exitosa.

“Yo me enteré de la jornada por la señora del servicio del Centro Regional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, porque ella sabía que mis nietos necesitaban registrarse en Colombia”, dijo Lilia Bolívar, una colombiana de 78 años que regresó a Barranquilla con su familia, después de vivir más de 30 años en Venezuela.

Lilia llegó a las tres de la mañana para que la atendieran en la jornada que Acnur realizó en Soledad (Atlántico). Buscaba que Yoryana Guardiola, su nieta mayor, recibiera el diploma de bachiller. Para obtenerlo, es necesario regularizar el estatus migratorio. 

La familia de Lilia cumplía con todos los requisitos para obtener los documentos de identidad. Luego de 12 horas de espera, recibieron los anhelados papeles. “Tener este documento es una bendición”, dijo la abuela con orgullo. 

En estos dos años, más de 120.000 personas cuentan con su documento de identidad colombiano gracias a estas jornadas. Otro número no determinado lo ha obtenido mediante el trámite regular. Muchos otros no cumplen con los requisitos.

La coordinadora de la unidad de atención a la población vulnerable, Magda Suancha Beltrán, reconoció que lo más difícil para obtener los documentos es ubicar un declarante o que los datos del padre o madre coincidan con los del registro civil venezolano.

Los desafíos de los retornados no acaban cuando obtienen los documentos de identificación. “Yo saqué mi cédula hace seis meses en la Registraduría de Soledad y hasta ahora no he podido conseguir un trabajo formal, ni una oportunidad para empezar de nuevo. Estoy viviendo del rebusque diario y hay muchos como yo”, dice uno de los asistentes a la jornada de cedulación.

Los retornados son muchas veces invisibles a las cifras oficiales y a políticas de Migración, pese a que son tan vulnerables como sus pares venezolanos. Es necesario contar con registros adecuados para visibilizar a esta población y facilitar su proceso de integración.