El Proceso de Quito y la sociedad civil

Se llevó a cabo en Bogotá la quinta reunión del Proceso de Quito, el encuentro de los gobiernos latinoamericanos que busca trazar una ruta técnica conjunta para gestionar la migración desde Venezuela. Durante su desarrollo se supo por redes sociales que un grupo de organizaciones no gubernamentales regionales solicitó entablar un diálogo con el foro para plantear sus inquietudes sobre el tema. Sin embargo, según se comentó a través de los mismos medios, su petición no fue respondida.

Esto no le quita mérito a los avances que se lograron durante la reunión. Se planteó un principio de acuerdo sobre la emisión conjunta de una Tarjeta de Información Migratoria para llevar un registro de los migrantes (pero no válida como documento de viaje), cuya consolidación dependerá de las decisiones autónomas de cada gobierno. Esto no es menor, teniendo en cuenta el celo con el que la información sobre entradas y salidas de personas es manejada por cada país, en algunos casos como un asunto de seguridad nacional.

También se formalizó el ‘Grupo de Países Amigos’ del foro, el cual será vital para encontrar más recursos para la gestión migratoria y en mantener el interés político internacional sobre la situación en general. Adicionalmente, se registraron avances en la coordinación regional de procedimientos en salud y de convalidación de títulos de los migrantes, entre otros. 

No obstante, el llamado de la sociedad civil es legítimo y debería ser tenido en cuenta por los gobiernos que hacen parte del Proceso de Quito. Las razones de esto, más allá de reconocer la importante labor que estas organizaciones ejecutan en materia de Derechos Humanos y otros muchos temas, son esencialmente prácticas.

Por una parte, la gran mayoría de estas organizaciones cuenta con un alto grado de conocimiento específico sobre las condiciones del espacio social, geográfico y material, en el que la migración tiene lugar. Su intercambio con tomadores de decisiones genera políticas más eficientes, no solo por el acceso a mejor información, sino porque el apoyo de expertos ayuda a prever posibles limitaciones ligadas al territorio, las condiciones particulares de los migrantes y otros similares.

Por otra parte, la acción política que incluye a este tipo de organizaciones reviste de mayor legitimidad en zonas en donde estas tienen concentrado su trabajo y son conocidas por la población receptora y migrante, como se ha visto en múltiples ocasiones desde el comienzo del actual flujo migratorio. Esto quiere decir que en el momento de implementar las medidas que se definan a través del foro de Quito, el apoyo de estas organizaciones será esencial.

Adicional a lo anterior, la experiencia muestra que el éxito de los procesos de creación de política pública, en general, y de política migratoria, en particular, está relacionado con entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil. Varias investigaciones académicas, como una publicada en 2015 en medio del proceso de migración masiva hacia Europa, han encontrado deficiencias en las políticas hechas sin mayor participación de la sociedad civil.

De cualquier forma, el Proceso de Quito es una iniciativa esencialmente entre Estados, apoyada por algunas agencias de la ONU, especialmente ACNUR y OIM. Esto quiere decir que la participación de otros actores, como los no gubernamentales, deberá acogerse a sus reglas y condiciones. Por eso es necesario moderar las expectativas sobre la forma de la participación social.

Para participar hay fórmulas que han funcionado en el pasado en otros contextos. Existen las mesas paralelas a los encuentros intergubernamentales, las reuniones individuales entre cada gobierno y los actores sociales interesados, y los mecanismos de diálogo por delegación, encabezados por un vocero de las organizaciones. Hay que tener en cuenta que la coordinación eficiente de estos procesos es más difícil de lo que se cree, tanto por razones técnicas y políticas, y una forma para mejorarla es asumir roles dentro de la negociación, sin perjuicio del resultado.

A la larga, hay que velar por que el impulso que parece haber tomado el Proceso de Quito no se pierda por acción u omisión de ninguna de las partes interesadas. Es esencial saber leer el momento, ante el crecimiento del apoyo de la Comunidad Internacional y los principios de acuerdo que se lograron en una región caracterizada por idolatrar el ejercicio soberano. Y, sobre todo, no se puede olvidar que este marco de gestión migratoria regional está aún en una etapa incipiente y que su continuidad depende de la habilidad de todos los interesados para coordinar una respuesta en medio de las muchas (o pocas) diferencias que puedan tener.

 

*Mauricio Palma es analista y profesor de Relaciones Internacionales. Investigador doctoral de la Universidad de Warwick (Inglaterra).

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