La covid-19 ha cobrado ya más de 2 millones de vidas en el mundo y en Colombia ya sobrepasó las 50.000. El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, anunció en diciembre que se han negociado cerca de 40 millones de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 y que la vacunación iniciará este 20 febrero, según una priorización de la población, arrancando con grupos etarios de mayor riesgo y población más expuesta al virus (principalmente personal médico).
Algunos de los principios en los que se basa el plan nacional de vacunación contra la covid-19 son la beneficiencia (gratuidad de la vacuna), solidaridad (priorizar a la población más vulnerable de contagio), equidad y justicia (vacunar a toda la población sin distinción social), transparencia, progresividad, interés general y eficacia; principios que concuerdan con que Colombia es un Estado social de derecho, donde todas las personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por sexo, raza, origen nacional o familiar, entre otros, según el artículo 13 de la Constitución Política y donde los extranjeros disfrutan de los mismos derechos civiles y garantías que se conceden a los colombianos, según el artículo 100 de la carta magna.
No obstante, Duque afirmó que habrá prioridad en la vacunación de nacionales y que solo los extranjeros en condición migratoria regular podrán acceder a la vacuna (sin detallar si además requieren estar afiliados a una EPS, lo que reduciría a cerca de 291.000 el número de migrantes que serían vacunados). Eso implica excluir al 55 por ciento de los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en condición irregular en el país. Esto no solo es discriminatorio, sino que además viola sus derechos, en particular el derecho a la salud, y al menos tres de los principios del plan de vacunación: solidaridad, equidad y justicia e interés general.
Estos anuncios han puesto varios temas en discusión. El primero es la imposibilidad de incluir a los migrantes en condición irregular en el plan de vacunación por problemas de identificación y falta de trazabilidad de su estado de salud. En este sentido, urge que el Gobierno nacional, en cabeza de la Cancillería y Migración Colombia, avance en el proyecto de identificación biométrica que viene anunciando con muchos bombos desde el año pasado y que, además, se vean avances efectivos en la política de regularización.
El segundo está relacionado con la prioridad de los nacionales. Este argumento se cae fácilmente si se tiene en cuenta que de no vacunar a los extranjeros y, en particular a los que se encuentran en condición irregular, se pone en riesgo a todos los habitantes del territorio nacional: el virus no distingue pasaporte y, durante la pandemia, se han visto exacerbadas la vulnerabilidad y las condiciones de pobreza de la población migrante —en especial la que se encuentra en condición irregular—, dado que su estatus migratorio genera limitaciones para el acceso efectivo a derechos.
Por ende, esta población posiblemente puede estar más expuesta al virus y debería hacer parte del plan de vacunación nacional. Es clave entonces proteger los derechos de los migrantes y refugiados independientemente, de su condición migratoria, e incluirlos en las fases de vacunación contra el coronavirus. Así los recursos sean escasos, el Gobierno nacional debe hacer los esfuerzos y gestiones necesarios para que esto sea una realidad e incluso podría usar la vacunación como una herramienta para la regularización e identificación de la población migrante.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
En entrevista con el Proyecto Migración Venezuela, el embajador Gilles Bertand, explicó detalladamente cómo y en qué iniciativas se gestionarán los dineros, y destacó el gran compromiso de Colombia con las personas del vecino país.
