En Colombia hay 2,8 millones de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. | Por: ESTEBAN VEGA | SEMANA
Más de 90 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro con la advertencia de que la aprobación de esta iniciativa legal obligará a más venezolanos a salir de manera forzada del país.
En el documento las organizaciones civiles venezolanas expresan profunda preocupación por la posible aprobación del “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, presentado el pasado 24 de enero de 2023 en la Asamblea Nacional de Venezuela, y que fue aprobado en primera discusión sin que hasta el momento el documento sea de acceso público, violando lo determinado por la Constitución venezolana para la formación de leyes.
La misiva enviada al presidente Petro, 93 ONG venezolanas significará un incremento en las solicitudes de asilo de la condición de refugiado en Colombia, la suspensión del derecho de libre asociación y reunión en Venezuela, cuyos principales afectados serán las personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento en la defensa de sus derechos vulnerados, así como ayuda humanitaria en todo el país.
"La ilegalización de las organizaciones, por otra parte, obligará a sus integrantes a salir de manera forzada del país como ha sucedido recientemente en Nicaragua. Además, sus centenares de beneficiarios dejarán de contar con el apoyo humanitario que han venido recibiendo", apunta la carta.
Advierten que ambas situaciones incrementarán en números significativos las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos de acogida. Asimismo, debilitará de manera irreversible la democracia en Venezuela.
Dada la influencia que tiene el Gobierno Petro sobre las autoridades venezolanas, las ONG agradecen la gestión de Petro sobre lo siguiente:
- Se desestime el proceso en curso de aprobación del proyecto de ley, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en similar sentido, alentando a que, por el contrario, conforme a la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano, se reconozca y facilite el derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Código Civil y los estándares internacionales del derecho a la libertad de asociación.
- Se respeten los límites de los Estados en tratados internacionales de derechos humanos para establecer normas que afecten el derecho a la libertad de asociación y los estándares de un entorno libre y seguro del espacio cívico, garantizando sus contenidos esenciales de libertad y la autonomía, de las personas a asociarse, de las asociaciones a llevar adelante sus fines y de la sociedad a contar con asociaciones para participar en las cuestiones que la afectan, sin previa autorización, requisitos restrictivos o intervenciones abusivas ni infundadas de denegación o suspensión del derecho, no admisibles en sociedades libres y democráticas, invocando indebidamente razones de interés público, como la seguridad nacional o la soberanía.
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El abogado venezolano Gerardo Aponte contó la historia de su huída de Venezuela y cómo adquirió el estatus de refugiado en Colombia, un trámite largo y dispendioso —que con suerte— puede durar dos años.
