Así funcionan los campos del horror de Nicolás Maduro

Con alrededor de 90.000 casos reportados y menos de 800 muertos, Venezuela figura como uno de los países menos afectados por el coronavirus en la región. Colombia, por ejemplo, pasó el millón de contagios confirmados y los 32.000 muertos. Pero el aparente éxito del régimen de Nicolás Maduro contra la pandemia tiene sombras preocupantes. Por un lado, hay denuncias de que las cifras engañan y reducen el verdadero impacto del virus en ese país. Por otro lado, y lo que es más grave, en su esfuerzo por cercar el contagio, el Gobierno venezolano habría sometido a sus ciudadanos a tratos inhumanos, incluso mediante alianzas con grupos armados, como el ELN y las disidencias de las Farc, que actúan libremente en esa nación.

SEMANA conoció informes de organismos de inteligencia estadounidenses, europeos y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que reportan los excesos y los abusos inhumanos a los que someten a cerca de 130.000 migrantes retornados. Por cuenta de la pandemia, miles de ellos han desandado sus pasos para regresar a Venezuela, pues se quedaron sin opciones de sustento en los países donde se habían radicado. La mayoría vuelve por las fronteras colombianas. Pero la hostilidad hacia los retornados preocupa. El mismo Gobierno venezolano los ha señalado de ser instrumentos para regar el virus, en un plan fraguado desde Colombia.

“Un trochero o trochera infectado es un bioterrorista (…) que puede acabar con tu vida y la de tu familia (…) denúncialo sin que nadie se entere que fuiste tú [sic]. Envía un correo con el nombre de la persona, descríbelo como es y la dirección exacta”, dijo el propio Maduro en una alocución pública de la que luego tuvo que retractarse. Por su parte, Lisandro Cabello, secretario de la Gobernación del estado Zulia, dijo que “toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese en el país será considerada arma biológica y encarcelada”.
 

Para ejercer los controles sobre las trochas y evitar el ingreso de los venezolanos a su propio país, las autoridades vecinas se aliaron incluso con el ELN, según los informes de inteligencia conocidos por SEMANA. Los reportes indican que en San Antonio del Táchira, que se conecta con Cúcuta, el Ejército venezolano estaría patrullando y ejerciendo actividades de control de manera coordinada con la guerrilla colombiana.

«Estamos en el hotel Vizconde. Ya cumplimos 24 días. Nos hicieron las pruebas, cinco pruebas, hemos salido negativos y no nos dejan salir. Nos tienen secuestrados»

Denuncia de un migrante venezolano retornado

De acuerdo con los documentos del Sebin, a comienzos de mayo, cuando el pico de la pandemia aumentaba y comenzaban a aparecer filas de retornados, autoridades venezolanas se reunieron con alias Pedro del frente de guerra Nororiental del ELN. “Ellos proponen instalar minas en los principales pasos irregulares como medida de control. Ellos están dispuestos a instalarlas. Es necesario considerar esa opción”, dice uno de estos documentos. Estas operaciones buscan evitar la entrada de los retornados por puntos no autorizados y también imponer restricciones para contrarrestar la pandemia.

En el estado Apure, que limita con Arauca y Vichada, denuncian situaciones similares de convivencia entre guerrilleros y militares venezolanos, supuestamente para controlar la covid-19. En esas zonas fronterizas, además, reportan que el ELN ha bloqueado vías e impedido el tránsito de motociclistas. Y que incluso les han robado los vehículos a quienes incumplen el aislamiento. Los reportes indican también que en complicidad con la Guardia Nacional los elenos amenazan de muerte a los venezolanos que intentan cruzar la frontera en busca de comida o medicinas. “Han retenido y nos han entregado a varios ciudadanos que pretenden ingresar a Colombia”, afirma otro de estos informes del Sebin.

 

Los migrantes prefieren evadir los puestos de control porque de allí los mandan a los llamados Puntos de Atención Social Integral (Pasi), donde los obligan a pasar largas cuarentenas en condiciones muchas veces infrahumanas. “En los Pasi del estado Táchira, los migrantes que regresan a Venezuela continúan siendo sometidos a condiciones degradantes de aislamiento por parte de militares y oficialistas encargados de estos puestos. Quienes se niegan al aislamiento son capturados y sometidos con violencia para que se queden internados”, dice un informe reciente de Human Rights Watch (HRW).

Los reportes relatan que en los Pasi no existe suficiente comida y que incluso fallan los servicios básicos, como agua y electricidad. Además, muchos de los retornados llevan más de 14 días (el tiempo de la cuarentena) sin que les practiquen pruebas o los dejen salir. Asimismo, hay condiciones de hacinamiento que fácilmente pueden convertir esos lugares en un foco de propagación del virus.

Ante las condiciones paupérrimas, ha habido protestas internas e incluso intentos de motín. “En Apure estarían reteniendo y aislando a las personas que lideran manifestaciones en los Pasi exigiendo mejores condiciones. Varios son sometidos a torturas y actos de violencia”, dice un informe de una agencia de inteligencia norteamericana.

También hablan de intentos de suicidio, y de que el personal médico se ha negado a trabajar en semejantes condiciones. Por eso, las Fuerzas Armadas y el Sebin han reforzado la seguridad de esos lugares. “Un grupo de aproximadamente diez ciudadanos que llevaban 40 días de confinamiento lograron eludir los controles y salieron con autorización del Pasi. Se coordinó con el comandante (del ELN) de la zona quien ofreció 15 unidades para proceder a la búsqueda conjunta y confinamiento nuevamente de ese personal”, afirma otro documento interno del Sebin. Allí relatan cómo los elenos sirven para “cazar” a quienes intentan salir de esos lugares producto del desespero.

Los reportes dan cuenta del caos del manejo de la pandemia en ese país: por ejemplo, hay ambulancias varadas por falta de combustible y faltan elementos para aplicar las pruebas en los albergues. Para mitigar el descontento, las autoridades distribuyen mensajes en los que responsabilizan a Estados Unidos y al Grupo de Lima por la propagación del virus.

Además, surgen indicios de que el Gobierno manipula las cifras de contagios y muertes. Uno de los reportes de la inteligencia venezolana menciona la preparación de 10.000 sepulturas en el estado Lara, que estarían destinadas a víctimas del coronavirus. Esas fosas tendrían el fin de ocultar las verdaderas dimensiones que ha tomado la pandemia en ese país.

Otro de los informes internos de la policía política de Maduro menciona que en Ureña, estado Táchira, también tuvieron que adecuar algunas fosas en donde estarían enterradas algunas personas que escaparon de los Pasi, pero terminaron asesinadas por la guerrilla colombiana. Existen, igualmente, reportes escritos que señalan que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) habría asesinado en Guasdualito, estado Apure, a cinco ciudadanos que incumplieron el toque de queda.

En el estado Falcón adaptaron algunos escenarios deportivos para albergar a decenas de venezolanos que llegaron desde Colombia en condiciones lamentables. En los informes en poder de SEMANA, dan órdenes para que la Policía Bolivariana realice registros minuciosos al personal médico y a todos aquellos que estén cerca de esos sitios con el fin de evitar que tomen fotografías y videos.

 

El infierno de los Pasi

No solo los reportes de inteligencia revelan estos campos de horror creados por el régimen de Maduro. “Esto parece como la cárcel, como que estuviéramos pagando un delito o algo así por haber salido del país”, le dijo una mujer desde un Pasi a HRW. “Estamos en el hotel Vizconde. Ya cumplimos 24 días. Nos hicieron las pruebas, cinco pruebas, hemos salido negativos y no nos dejan salir. Nos tienen secuestrados”, dijo otra persona.

Una organización de derechos humanos  verificó las condiciones insalubres y las carencias que padecen los retornados que entran a estos centros, habilitados en escuelas, estadios y hasta terminales de buses. Todo ello quedó consignado en un informe presentado hace pocas semanas.

Las personas retornadas permanecen allí bajo estricta vigilancia militar. Comen mal y tienen dificultades para acceder incluso al agua o a elementos básicos, como el jabón. Aunque las circunstancias de esos lugares varían, la mayoría desbordó su capacidad y hay hacinamiento, dice HRW. Y, sin medidas de distanciamiento adecuadas, esos espacios, en vez de frenar los contagios, podrían ser un duro foco de propagación del virus.

Pero, para salir, los retenidos tienen que presentar los resultados de las pruebas para el coronavirus. El problema es que estas se retrasan por falta de insumos y capacidad, como dicen los informes de inteligencia. También está documentado que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las llamadas Milicias Bolivarianas que custodian estos sitios les cobran a los familiares de quienes llevan semanas internados para permitirles salir. Así que hay personas que pasan varias semanas más del plazo de cuarentena que recomienda la Organización Mundial de la Salud. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”, dijo a HRW la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Según los registros oficiales, Venezuela no aparece entre los 50 países con más casos y muertos por coronavirus. Mientras que el Gobierno de Maduro se atribuye los resultados, la oposición asegura que las cifras están manipuladas y que el número de muertos dobla los reportados. Además, denuncian la precariedad del sistema de salud para enfrentarse a una pandemia. Más allá de la controversia, los retornados son los más vulnerables en este crítico escenario.

Luego del suplicio de atravesar a pie regiones y hasta países enteros, de hacerlo incluso con poca comida, llegan a la frontera de su país y encuentran que sus propias autoridades los estigmatizan. Después tienen que enfrentarse a la decisión de usar trochas donde son vulnerables ante grupos ilegales, como el ELN, que los vigilan en alianza con los militares. O entrar por los cruces legales y caer en el encierro en los Pasi, los campos de horror del régimen.