Colombia debe prepararse para la entrada en vigor de la ‘visa de residencia temporal por excepción’ que será exigida a los migrantes venezolanos que quieran entrar a Ecuador desde el 26 de agosto próximo. Es difuso aún cómo las personas que no cuentan con otra opción de entrada regular podrán acceder a este requisito. 

Las consecuencias se sentirán especialmente en municipios fronterizos como Ipiales, en donde se podrían represar indefinidamente cientos –o incluso miles– de migrantes en tránsito, en condiciones de alta vulnerabilidad.

Para evitar el desborde de la situación son necesarias acciones de política exterior concretas, y no solo la activación de la respuesta humanitaria que se ha organizado anteriormente gracias a la coordinación entre la institucionalidad local y nacional con la sociedad civil. Se debe insistir tajantemente al gobierno ecuatoriano en crear una ruta de acceso realmente asequible a la visa. 

Aunque el trámite oficial será gratuito, el formulario de solicitud costaría 50 dólares, una pequeña fortuna para muchos migrantes. Igualmente, el decreto que establece el requerimiento es ambiguo sobre los pasos que los migrantes deben seguir frente a las autoridades ecuatorianas competentes.

Se prevé además que el proceso se haga en línea, pero no se tiene en cuenta que la situación de muchos migrantes es tan precaria, que el acceso a internet es un lujo de pocos. Hasta ahora tampoco hay mayor claridad sobre cómo solicitar la visa en los consulados ecuatorianos en Venezuela y Colombia. 

Hay que buscar entonces el compromiso político del gobierno ecuatoriano para trascender estas limitaciones técnicas. Con esto se evitarían nuevos y mayores traumatismos asociados a la atención humanitaria de los migrantes y a las cargas económicas y sociales de las entidades responsables de su gestión. 

Adicionalmente, estas medidas podrían alimentar el tráfico de migrantes, las ganancias de las empresas criminales asociadas y la disposición de los individuos a recurrir a estas estructuras. La colaboración binacional será sustancial para garantizar tanto los derechos de los migrantes como la seguridad de la zona.

Por todo esto, el liderazgo del Ejecutivo colombiano es impostergable. La interlocución efectiva con el gobierno del vecino país es un de las claves para gestionar con éxito la siguiente contingencia migratoria en la frontera con Ecuador. 
 

*Mauricio Palma es analista y profesor de Relaciones Internacionales. Investigador doctoral de la Universidad de Warwick (Inglaterra).

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.