Llega diciembre y, para muchos migrantes, lo hará sin su alegría. No solo porque viven la precariedad tras una incompleta estrategia de integración y una pandemia que los ha golpeado como a nadie —y que seguramente les impedirá comprar un aguinaldo—, sino porque la esperanza de ver recuperada a Venezuela cada día parece desvanecerse más, incluso ahora, tras otra elección “democrática” sin ningún efecto práctico que encienda ilusión alguna. Allá, en la tierra de nadie, la Navidad ya pasó, según el dictador Maduro, como pasa todo lo demás en esa historia que resultaría cómica si no fuera tan trágica.

Pero diciembre no llegó sin su alegría solo por eso, sino también porque miles de migrantes venezolanos no podrán pasar las fiestas —como deberían en una nación justa— acompañados de sus familias. Quizás ya no haya mucho más que decir de lo justa o injusta que sea Venezuela; pero para estas fechas, valdría la pena revisar lo justa que es Colombia con las familias venezolanas.

La nación de Santander, desde sus leyes, consagra a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y establece la obligación del Estado de garantizar su protección integral. Por eso resulta lamentable que en buena parte de la gestión migratoria y el trato a los extranjeros que tiene Colombia esta consigna no parezca cumplirse a cabalidad.

La estrategia principal de los gobiernos en los últimos años ha sido la de regularizar el estatus migratorio de los venezolanos a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento que solo beneficia al titular y no contempla de manera completa al núcleo familiar. Y los solicitantes de refugio que reciben un salvoconducto para permanecer en el país mientras el Estado resuelve su solicitud se encuentran con que sus hijos no pueden graduarse de una institución educativa, pues el salvoconducto no es documento de identidad válido y la autoridad migratoria sigue sin resolver el asunto.

Es cierto que hemos legislado para garantizarles la nacionalidad a los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia y, con esta, la afiliación al sistema de salud. Pero no se nos ocurrió que los padres de estos menores también pudieran afiliarse automáticamente o tener un camino más expedito a la regularización. Hoy, las familias venezolanas sienten el rechazo, como lo sintieron María y José cuando se disponían a tener a Jesús también en medio de una trágica y obligada migración hacia una tierra “donde no había sitio para ellos”, como lo recordó el papa Francisco en uno de sus sermones.

Pero más allá de los asuntos legales, que tampoco parecen resolverse con el proyecto de Política Migratoria Integral que cursa en el Congreso, hay otro elemento que muestra lo poco que hacemos por esa reunificación familiar: la insuficiente ayuda a los menores no acompañados que llegan al país en busca de sus padres que migraron meses o años atrás. No hay un plan para esto. No hay una estrategia para proteger a estos menores que terminan enfrentando riesgos en sus trayectos migratorios, como la posibilidad de ser reclutados forzosamente por grupos armados o bandas criminales o ser presas fáciles de las redes de trata de personas.

Esta no es una Navidad alegre para los migrantes; y tampoco lo es porque los colombianos parecen olvidar que ellos igualmente han migrado, como lo ha hecho la humanidad entera, incluso, desde antes de Jesús. El Estado debería, para palear solo un poco su dolor, contemplar mejores políticas familiares para esta población que se siente sola y abandonada.

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