Desde agosto, siete ciudadanos venezolanos han perdido la vida en diferentes masacres perpetradas por grupos guerrilleros. | Por: ARCHIVO SEMANA
La violencia que se ha ensañado contra el pueblo colombiano también ha dejado una estela de dolor adicional entre quienes se refugian aquí del hambre y la represión en Venezuela. Desde agosto, siete ciudadanos venezolanos han perdido la vida en masacres perpetradas por grupos guerrilleros, disidencias de las Farc y bandas criminales, asevera Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia.
Cabrera lleva la cuenta de tres casos puntuales en los que hubo víctimas de nacionalidad venezolana. La primera masacre ocurrió el 21 de agosto en el municipio Caracol (Arauca), donde fueron asesinados cinco hombres, tres de ellos del vecino país. La segunda matanza sucedió en el municipio Abrego (Norte de Santander), el 25 de agosto; allí murió otro venezolano, de tres hombres que asesinaron ese día. El tercer episodio cometido por grupos armados fue el 8 de septiembre en el municipio Aguachica (Cesar), en el que mataron a tres migrantes.
Para la experta, los migrantes son especialmente vulnerables en la medida en que tienden a radicarse en las zonas fronterizas —como lo demostró el más reciente reporte estadístico de Migración Colombia— lo cual los expone más a los riesgos de economías criminales, narcotráfico, minería y actividades ilícitas propias de esas zonas. Advierte que hay un subregistro en cifras de violencia contra la población migrante, sobre todo con sucesos propiciados en el conflicto armado, ya que muchos homicidios de venezolanos quedan al margen de las estadísticas.
Debido a que los venezolanos han sido objeto de señalamientos, persecución, trata, explotación sexual y violencia por parte de grupos guerrilleros en la ruta migratoria, Cabrera plantea que estos deben ser amparados por la Ley de Víctimas 1448, la cual establece que cualquier persona nacional o extranjera afectada por el conflicto armado en Colombia puede ser considerado víctima, y tiene que ser incluido en las rutas de atención para el restablecimiento de sus derechos.
La investigadora hace un llamado a que se establezcan medidas de protección y prevención, sobre todo con el reclutamiento de menores migrantes, porque esta población es muy vulnerable debido a su condición socioeconómica. Son más susceptibles a ofertas de trabajo engañosas para que hagan parte de las actividades de los grupos armados. "El gobierno tiene el compromiso de proteger los derechos humanos de las personas sin importar su nacionalidad", reitera.
«Hay que visibilizar y entender qué está pasando con las masacres en Colombia, no le dan la misma importancia a los muertos venezolanos. Los desplazamientos masivos ocurridos recientemente en Cauca han sucedido por temor a que sean asesinados»
Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia.
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El 21 de noviembre, el ELN distribuyó un panfleto con amenazas a la población venezolana y local del municipio Argelia (Cauca). Los desplazados se refugiaron en el coliseo municipal.
«Más allá de la cifras, el riesgo para la población migrante está muy presente. El control territorial que tiene el grupo armado ELN en Arauca y Catatumbo es muy fuerte, es sabido por todos que los pasos ilegales están controlados por esta guerrilla»
Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO
Un panorama bastante complejo se Colombia vive en el país por la presencia de actualmente cinco conflictos armados de grupos irregulares que no se acogieron al Acuerdo de Paz en 2016. Esta situación fue registrada en un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicado en 2018.
Según explica el documento del ente humanitario internacional “los primeros cuatro conflictos son “Son entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. Existe también un quinto conflicto que es entre el ELN y el EPL, cuyo epicentro es la región del Catatumbo”, reza el informe.
En ese sentido, la presencia de estos grupos armados, sobre todo en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) — por donde transitan caminando los migrantes venezolanos — constituye una zona de riesgo para los menores de edad que generalmente migran sin acompañantes ni familiares, alerta Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado.
A través del monitoreo constante de siete organizaciones civiles en terrero, este observatorio ha podido evidenciar que el reclutamiento de menores afecta a la población nacional, pero se exacerba con los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos debido a que viajan solos, y no conocen las rutas ni entes de protección.
“En el Catatumbo nos decían que , a los niños venezolanos los contactaban por Facebook, les dicen que les van a pagar un sueldo y que les darán trabajo en una finca. Cuando llegan a Villa del Rosario los captan los grupos armados, los llevan a campamentos a formarlos para que hagan parte de sus filas”, denuncia Castellanos.
Hasta el 15 de octubre, este observatorio de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) ha evidenciado 61 casos de reclutamiento que dejaron 240 niños niñas y adolescentes afectados. De estos reclutamientos — aclara Castellanos — no tienen precisión sobre cuáles son venezolanos porque muchos de ellos ocultan su nacionalidad por temor a ser deportados.
Era inevitable que la reactivación económica del país, tras la emergencia sanitaria por la covid-19, alentara el fenómeno migratorio desde Venezuela. Las organizaciones aliadas de la COALICO han detectado que un grueso de la población migrante en tránsito comprende mayoritariamente los 13 y 29 años de edad, y advierten que las zonas de mayor riesgo de reclutamiento de menores migrantes venezolanos son: Catatumbo, Arauca, Meta, Vichada, Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
Desplazados venezolanos y caqueteños salieron despavoridos por las amenazas de los grupos guerrilleros. El 25 de noviembre, disedencias de las FARC emitieron un pronunciamiento, en el que afirmaban que tendrían el control del territorio.
En lo que va de año, la Defensoría del Pueblo ha emitido 30 alertas tempranas en 23 de los 32 departamentos del país. El 1 de diciembre, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que en plena pandemia, tanto el ELN como las disidencias de las Farc y las AUC continuaron reclutando menores de edad para incluirlos en sus filas. “Las disidencias de las Farc han continuado Econ el reclutamiento forzado de menores, aún durante los estos siete meses de pandemia, por parte de las disidencias de las Farc, con un 63 por ciento de los casos,. También así como el crimen organizado, las autodefensas desmovilizadas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia continúan con esa práctica ilegal que todos rechazamos”, dijo Camargo Assis.
Según la dinámica de la frontera de Colombia con Ecuador, por la zona de Ipiales pueden transitar al día hasta 120 niños y adolescentes venezolanos no acompañados.
La investigadora Castellanos explica que el reclutamiento de menores no solo consiste en que se lleven al niño, le pongan un uniforme y le den un arma para entrenarlo en un campamento. Existe otra modalidad en la que los menores son utilizados para tareas específicas, que se dan de manera esporádica y que están asociados por ejemplo a tráfico de armas o de drogas, para luego vincularlos a la organización criminal.
En las zonas urbanas de ciudades como Buenaventura, Cali, Medellín, Bogotá, Soacha, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO detectó un tipo de reclutamiento diferente de los grupos aparentemente desmovilizados. Los niños no se separan de sus familias, no salen de su casa ni dejan de ir a la escuela, sin embargo, toda su vida es controlada por estas organizaciones. Ellos determinan qué hacen y qué no, los ascienden en la jerarquía de mando cuando los menores logran tareas particulares, los premian con armas, celulares o les dan una moto para que hagan actividades más álgidas.
Esta gama de riesgos se agudiza cuando un niño o adolescente camina solo por las zonas de fronteras. Cuando no conocen las dinámicas del conflicto armado colombiano, esta población es más vulnerable al engaño y a la persuasión.
