A la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela se le suma otro problema: las disputas entre grupos armados ilegales provenientes de Colombia que se encuentran en la frontera entre ambos países en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca (Colombia); y los estados de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas (Venezuela). La situación es tan crítica que hace menos de una semana tuvo lugar un enfrentamiento entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC, uno de los actores armados que se disputa el control de esta zona.

La presencia de estos actores pone en riesgo la vida e integridad no sólo de las personas que habitan la frontera, sino también de quienes están migrando forzadamente desde Venezuela a Colombia y que día tras día cruzan por los pasos informales, más conocidos como trochas. De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en esta zona se han registrado cinco masacres, cuatro asesinatos de líderes sociales y cinco desplazamientos masivos, tres de los cuales se originaron desde Venezuela. Hechos que han dejado 1.019 víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 325 son de nacionalidad venezolana provenientes del estado de Zulia y 82 son miembros del pueblo indígena Wayuú.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia y organizaciones de la sociedad civil colombianas y venezolanas vienen alertando sobre la grave situación de violencia e inseguridad en esta zona. La alerta más reciente es la 011 de 2020 de la Defensoría, en la cual se advierte sobre la situación de riesgo que afrontan las comunidades que residen en la zona rural de Cúcuta y Tibú, y sobre el avance y control de puntos estratégicos del territorio por parte de estos grupos. Los hechos ocurridos evidencian que las autoridades no han tomado las medidas necesarias para prevenirlos.

Teniendo en cuenta este panorama, es necesario que el Gobierno nacional trabaje articuladamente con las autoridades a nivel regional y local, y con la Unidad para la Atención de Víctimas para responder a esta situación. Las personas que han sido afectadas por grupos armados ilegales dentro del territorio colombiano, incluyendo los migrantes, deben ser reconocidas como víctimas del conflicto armado.

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La Ley de Víctimas establece en sus artículos 1 y 3 que son víctimas del conflicto aquellas personas “que hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

Este reconocimiento —que no excluye a las personas por su nacionalidad—, implica que a las personas migrantes víctimas del conflicto armado también se les deben garantizar de manera efectiva sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, y que además deben estar incluidas en las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que contempla esta ley.

Lina Arroyave es investigadora del equipo de migración en el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) / larroyave@dejusticia.org

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