Las aguas del río Arauca unen a Colombia y Venezuela en solo dos minutos. Al llegar, los migrantes dejan sus primeras huellas en el malecón araucano. Algunos van de paso y otros deciden quedarse a probar suerte, buscar un nuevo hogar, o al menos un empleo. Motivados con la ilusión de un futuro mejor, la mayoría desconoce que Arauca tiene una alta tasa de desempleo, del 25 por ciento en 2018, según el Dane.

Esta situación y la falta de documentación obligan a los migrantes a buscar oportunidades en el mercado informal. Muchos optan por revender mercancía o prestar servicios en los andenes de Arauca que, además, funcionan como un albergue improvisado para cerca de 270 familias venezolanas y colombianas. La ciudad no cuenta con refugios o espacios para acoger a esta gente, que termina en la calle. 

Arauca, según datos de Migración Colombia, ha recibido a por lo menos 25.000 migrantes venezolanos. Los cálculos oficiales indican que apenas uno de cada tres cuenta con los documentos requeridos. Este panorama poco alentador empeora al sumar la historia de un departamento que sufre por la ausencia del Estado y  la presencia del ELN en la región. 

Este año, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en el departamento por los riesgos que los grupos ilegales representan para los habitantes. El reclutamiento de menores, el microtráfico y la violencia contra la mujer preocupan a las autoridades, a los lugareños y a los migrantes. Pese a las advertencias, no hay medidas claras para proteger a la población.  “En temas migratorios, aunque hay presencia de diferentes ONG la ayuda no está articulada. Y si hablamos de reclutamiento al Gobierno le da reunionitis, ellos son expertos en levantar información pero no hay acciones concretas”, dijo a SEMANA Deison Mariño, defensor del pueblo de Arauca. 
 

Comunidad protectora

En la ribera del río Arauca se encuentra el comercio informal y abundan los  cambuches improvisados. Hay hamacas colgadas en los árboles, mujeres que cocinan con leña y niños que juegan alrededor del lugar. A medida que empeora la crisis en Venezuela aumenta también la población vulnerable asentada  junto al río.

Rosmery Moreno dedica sus días a defender los derechos de los migrantes que viven en las calles de la capital araucana. Esta colombiana que vivió durante años en Venezuela retornó al país, como muchos, para reconstruir su vida y volver empezar. A diario camina por el malecón para asegurarse de que todos sobrevivieron una noche más a la intemperie y a los peligros que los rodean.“Me preocupan los casi 200 niños que viven y duermen en los andenes, ellos no van al colegio y son presa fácil para los grupos armados”, dijo Moreno.

Una familia venezolana contó que su hija de 15 años estuvo a punto de irse con la guerrilla. “Si no fuera por su hermano de 17 años, quien estuvo atento a las alertas, y la convenció de quedarse, ella estaría en el monte”, relataron. 
 

Desde hace algún tiempo la niña cambió su comportamiento, no quería ir a estudiar y andaba decaída. Un día empacó su ropa y salió con rumbo desconocido para sumarse a las filas guerrilleras. Su hermano mayor la siguió y logró convencerla de permanecer con la familia. La comunidad dice que, como en otros casos, a ella le prometieron una mejor vida, dinero y oportunidades para salir del malecón.  En este caso, la familia y algunos vecinos lograron salvarla de los grupos armados. Pero la pequeña tuvo que irse de Arauca por amenazas.

En Arauca hay que intervenir hasta los colegios para prevenir el reclutamiento de menores. En efecto, de entornos protectores pasan a convertirse en los escenarios favoritos de los armados para buscar menores con problemas en sus hogares, que no quieren estudiar o que buscan una oportunidad de ganar dinero para ayudar a sus padres. La presencia constante de milicianos en busca de niñas y niños a la salida de clases preocupa a las autoridades, a los profesores y a los padres de familia. 

En otro caso registrado, una jovencita se enamoró de un guerrillero. Luego de un tiempo este la convenció de unirse al grupo armado. Sin la ayuda de alguna entidad oficial, la familia buscó a su hija y la encontró en el campamento de una columna guerrillera. El padre logró hablar con el comandante y lo convenció de permitirle llevarse a la niña. Pero el regreso a la vida civil no ha sido fácil. Hoy recibe atención psicosocial, pero constantemente habla de regresar al monte. 
 

En un ambiente de necesidades económicas palpables, escasez y hacinamiento, las ofertas de dinero, motos, armas y poder convencen a muchos jóvenes. A otros los engañan con ofertas de trabajos con altos sueldos en fincas en Colombia y Venezuela y beneficios para sus familias. 

A pesar de la gravedad del fenómeno de reclutamiento de menores en el departamento, ni siquiera existen cifras oficiales. Además de la falta de información y medidas concretas para prevenir este delito, muchas familias no denuncian la desaparición de sus hijos por miedo o por desconocimiento. “Pareciera que el conflicto empezó ayer y apenas están haciendo un diagnóstico. No hay información o una oficina encargada de hacerle seguimiento al tema, por eso el reclutamiento nunca termina”, dijo el defensor.

Ante la falta de presencia oficial, 23 organizaciones humanitarias trabajan en la capital de Arauca para atender a la población vulnerable colombiana y venezolana. Una de ella es Save the Children, que desde 2017 trabaja en la ciudad para cuidar a los niños y jóvenes de riesgos como explotación sexual, trabajo infantil, mendicidad, abuso y reclutamiento. Los grupos ilegales también han diversificado su manera de actuar,  lo que obliga a estas organizaciones a cambiar su trabajo para responder a las necesidades de los menores. “Ahora los métodos de reclutamiento han cambiado, ya no hay una salida forzosa. Estos grupos al margen de la ley hacen un proceso de enamoramiento y seducción”, dijo Karen Molina, gerente de la oficina de Save the Children en Arauca. 

“Las personas deben dejar de naturalizar hechos delictivos como el reclutamiento, y el Estado debe brindar garantías y confianza para que las víctimas denuncien”, afirmó el defensor del pueblo. Las instituciones oficiales y humanitarias, en sus esfuerzos por  proteger a la niñez y garantizar los derechos de los menores colombianos y migrantes, deben  articular el trabajo e integrar a la población civil en el mismo.  Todo indica que esa tarea está pendiente en Arauca, un departamento que parece atrapado en ciclos de violencia que amenazan a las nuevas generaciones.