“Hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida a cuadritos (…) Al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación… [aplauso] (…) Toca coger al mismo inmigrante ilegal cinco veces pa (sic) poderlo deportar. No fregués. No jodás. Deberíamos poderlo deportar desde la primera vez…”

Así terminó su más reciente Consejo de Gobierno la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la localidad capitalina de Kennedy. El señalamiento refleja cómo el nexo entre criminalidad y migración es un tema hoy esencial para aceitar la relación entre gobierno y gobernados en la ciudad. Sin embargo, esto no es el resultado de un análisis objetivo de la situación de seguridad en la ciudad.

Esta parece más una estrategia que gana fuerza en medio de los muchísimos problemas derivados de la pandemia. El gobierno de la ciudad parece haber decidido utilizar el entorno de creciente xenofobia para elaborar un discurso que explique el aumento, percibido o real, de la criminalidad, dejando de lado la discusión sobre otras causas, que bien podrían explicar el fenómeno.

Para esto toma como propias las explicaciones basadas en la intuición ciudadana, moldeadas por la percepción sobre migrantes y refugiados como sujetos indeseables, sobre los cuales se construyen estigmas de pobreza y diferenciación, ambos ya adentrados en el profundo clasismo de la sociedad colombiana.Las palabras de la alcaldesa replican el sentir de una parte, creciente, de la ciudadanía que observa con sospecha la presencia de los migrantes e intuye que la percepción renovada de inseguridad se explica por la nueva coyuntura creada a partir del arribo de estas personas.

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Una las características de este estilo de gobierno, que bien refleja lo que en el vocabulario político colombiano podría ser llamado como ‘estado de opinión’, es que basa las decisiones en el sentir popular por encima de la evidencia objetiva. Por supuesto que, hablando de criminalidad, los indicadores disponibles por lo general cuentan con márgenes de error amplios. Además, las estadísticas, sobre todo las oficiales, tienen un propósito político que vicia su objetividad.

Pero eso no legitima que la opinión sea la fuente de acción de la política. Esta es una diferencia esencial entre un sistema de gobierno pre-moderno con uno actual, en el que la rendición de cuentas frente a la ciudadanía es central y en el que las personas cuentan con unos derechos mínimos sin importar su nacionalidad.

Lo paradójico del asunto es que sí existe evidencia sobre las condiciones que explican los cambios en la criminalidad en Bogotá y en otras ciudades del país. En esta se evidencia que, por una parte, el efecto de la migración en la ocurrencia de crímenes hasta ahora es residual y, por otra, sé las causas de dicho fenómeno tienen que ver con elementos propios de la estructura social colombiana, previos a la migración.

Sin duda que estamos aún lejos de entender el fenómeno, pero la evidencia, poca o mucha con la que contamos por ahora, no puede ser obviada en nombre del estado de opinión frente a la migración.

* Mauricio Palma es Investigador Doctoral, Universidad de Warwick (Inglaterra). 

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