Las últimas cifras de Migración Colombia reportan la presencia de 424.436 niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes de Venezuela en el territorio colombiano. De estos, 287.765 tienen entre cinco y 17 años. Ahora bien, para el año 2019, había 189.287 niños, niñas y adolescentes migrantes de origen venezolano matriculados en instituciones de educación oficiales, es decir, casi 65%, más un 5% en matrícula contratada y privada. Es decir, que el 30% restante se encontraba desescolarizados.

El sector educativo es el que más ha tenido avances en términos migratorios, permitiendo a los NNA acceder al sistema incluso si su situación es irregular, en sintonía con la Constitución colombiana que establece la educación como un derecho. Para ello, se incluyó un número de identificación en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), permitiéndoles el acceso a la educación y demás programas asociados como el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Recientemente, además, se reglamentó que los nacionales venezolanos podrán inscribirse y presentar el examen de validación del bachillerato con el documento de identificación venezolano.

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Sin embargo, el acceso al sistema escolar sigue estando obstaculizado por la falta de la documentación necesaria de los menores quienes ven afectadas, por ejemplo, la entrega de sus calificaciones o de sus diplomas de grado, o por el desconocimiento de la normativa de algunos funcionarios públicos, entre otros. En este sentido, Unicef presentó este mes una nota técnica en la que insta a los Estados a regularizar a los NNA migrantes para su efectiva protección. De este modo, además de permitir superar algunos de estos obstáculos, se mitigarían en parte algunos riesgos asociados a la desescolarización como el reclutamiento forzado, la explotación laboral y la explotación sexual comercial de los menores.

Ahora bien, a pesar de que está sobre la mesa la posible creación de un PEP educativo, la imposibilidad de adquirir un pasaporte e incluso otro documento que certifique la identidad de algunos NNA migrantes podría ser un impedimento para obtener dicho permiso. Aunque aún se desconoce su alcance, ¿podrán acceder con este permiso a la educación superior? ¿será posible que accedan a un empleo digno?

Cumplimos ya cinco años de la expulsión de familias binacionales de Venezuela y cada día hay más inquietudes de las familias con adolescentes en situación irregular próximos a culminar sus estudios. La regularización de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia no es solo necesaria sino urgente, pues su educación no solo los beneficia a ellos, sino también a sus familias y a las comunidades de acogida.

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El Estado colombiano está en mora respecto a mecanismos que permitan el acceso de esta población a la educación superior. Esto es fundamental para la integración socioeconómica de estos menores que serán parte del aparato productivo colombiano, pero también para que no se sumen en el futuro a las cifras de migrantes irregulares trabajando en el sector informal.

Colombia va por el buen camino hacia una política que supere el carácter humanitario. Esta debe establecer en el mediano y largo plazo medidas que permitan la regularización de los niños, niñas y adolescentes y su integración socio-económica a futuro para mitigar los numerosos riesgos a los que se ven enfrentados día a día. Y esto solo será posible con ayuda de las comunidades de acogida.  

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