En momentos coyunturales como las elecciones, el paro nacional y ahora con la pandemia, la imagen de los colombianos hacia los venezolanos se ha deteriorado. En Colombia crece la errónea percepción de que las personas migrantes son una amenaza para la seguridad. De acuerdo con una encuesta del Proyecto Migración Venezuela, el 53% de los participantes perciben a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad ciudadana.

Este imaginario ha calado y está siendo reproducido por políticos y mandatarios locales. El suceso más reciente lo protagonizó la alcaldesa Claudia López, quien, a pesar de afirmar que hubo una disminución en conductas delictivas durante el mes de julio de 2020 comparado con el año anterior, centró la atención en la nacionalidad de los presuntos autores de estas conductas. Con esta afirmación parece entonces que la Alcaldía entiende que una variación en los índices de criminalidad está directamente relacionada a la nacionalidad de sus autores y no por causas como la desigualdad estructural, por ejemplo.

Este tipo de afirmaciones son problemáticas pues promueven la discriminación contra la población migrante, afectan las relaciones de esta población con la comunidad receptora e invisibilizan la violencia de la que también están siendo víctimas. En este sentido, ¿qué tan ciertos son estos mitos que se han construido alrededor de la migración venezolana?

De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, no existe un nexo causal que permita determinar que la seguridad de las principales ciudades de Colombia se haya visto afectada por los flujos migratorios. Esto significa que la migración de personas provenientes de Venezuela no tiene un impacto significativo y contundente sobre el deterioro de la seguridad ciudadana.

No obstantes, paradójicamente las cifras señalan un aumento en la victimización de este grupo poblacional. Según datos de esta misma organización, la tasa de homicidios de personas venezolanas presentó un aumento durante el 2018 del 37%, las lesiones personales aumentaron en un 123%, la tasa de víctimas de delitos sexuales de nacionalidad venezolana aumentó un 125% y las víctimas de hurto aumentaron en un 75%. Asimismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que entre el 2012 y el 2018 se registraron en total 346 homicidios de personas venezolanas en Colombia; y 1995 han sido víctimas de lesiones personales. En lo corrido de este año, el panorama sigue siendo desalentador: según esta misma institución 1.286 extranjeros han resultado agredidos, siendo la mayoría ciudadanos venezolanos.

Aunque es posible que este aumento en la victimización de las personas migrantes venezolanas obedezca a manifestaciones de xenofobia o a las condiciones de riesgo que deben sortear en los lugares a donde llegan, lo cierto es que aún no hay información concluyente que permita sostener esta afirmación.

Ahora, si bien no existe una relación significativa entre migración y criminalidad, esto no significa que no deba llevarse ante la justicia y con todas las garantías procesales a quien haya incurrido en un delito. El problema es que estas situaciones sean usadas en el discurso público para generalizar, estigmatizar y reproducir estereotipos hacia la población migrante, que en consecuencia promueven su discriminación e imponen barreras para su integración en la sociedad.

En tiempos de tanta incertidumbre es necesario un llamado de atención a las autoridades para que no usen discursos discriminatorios. Asignar comportamientos a un grupo de personas solo por su nacionalidad es problemático pues genera estigmatización y abre las puertas para convertirlo en objeto de injusticias y múltiples violencias. No se puede convertir a una minoría en el chivo expiatorio de los problemas económicos y sociales estructurales que atraviesa nuestro país. De otro lado, es importante garantizarles el acceso a la justicia a las personas migrantes que están siendo violentadas, independientemente de su estatus migratorio. Por ello urge diseñar y adoptar políticas preventivas para reducir la vulnerabilidad de esta población y evitar que sea instrumentalizada por grupos armados o delincuenciales.

*Lina Arroyave es investigadora de la línea de migración en el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) / larroyave@dejusticia.org

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