La imagen de dos hombres que cargan a una mujer venezolana desmayada cuando intentan desesperadamente cruzar el río Táchira para entrarla ilegalmente a Colombia, al hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, retrata la dramática situación que se está viviendo en la frontera.
Hace ocho días, en medio del pánico mundial por la expansión del Covid-19, el presidente Iván Duque tomó una decisión inédita: cerrar por primera vez los pasos fronterizos con Venezuela. Algo que, sin embargo, ya había hecho Nicolás Maduro en dos oportunidades.
Los aplausos arreciaron tanto como las críticas: la orden del Gobierno de Colombia les puso una camisa de fuerza a unas 55 mil personas que cada día ingresaban por razones humanitarias —o cotidianas— a territorio colombiano por cualquiera de los siete pasos autorizados en una frontera tan extensa como porosa.
La decisión, además, tuvo un agravante: se tomó en medio de la negativa colombiana de establecer relaciones consulares directas para enfrentar conjuntamente la pandemia, como lo propuso Venezuela, algo que no necesariamente significaba el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Maduro. En cambio sí disparó la angustia en sectores que trabajan por la integración y los derechos humanos de quienes huyen de Venezuela, un país cuyo sistema de salud está colapsado.
«Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumenta los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalece a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares».
dice un comunicado de la ONG Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela.
A eso habría que sumarle las aglomeraciones (principal factor de riesgo de propagación del coronavirus) que resultan de cortar un flujo demográfico que solamente en Norte de Santander alcanza las 40 mil personas al día y la decisión que también tomó Venezuela el martes de declarar la cuarentena en los tres estados fronterizos.
Por ahora, ambos gobiernos mantienen intercambio de información estadística y de salud a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las defensorías del pueblo de ambos países, por su parte, pactaron en una carta “promover un diálogo fluido y constante entre ambas instituciones con el propósito de velar conjuntamente por las garantías de ciudadanos venezolanos y colombianos".
El epidemiólogo Julián Fernández Niño ha insistido que por razones humanitarias es importante incrementar la observación independiente, debido a que las personas van a seguir cruzando por pasos ilegales. "Está demostrado que es más difícil controlar una frontera donde la mayor parte de los cruces no solo son regulares sino a través de trochas. Hay que considerar los factores económicos teniendo en cuenta que en Venezuela hay desabastecimiento, poca transparencia del sistema de vigilancia epidemiológica, y por eso las personas están en mayor riesgo", afirma.
El argumento de Fernández Niño es respaldado por el investigador mexicano sobre temas de migración y salud, César Infante Xibille, quien se refirió al cierre. “No hay evidencia científica que sustente que el cierre de fronteras sea efectivo para el control de una pandemia”.
Desde su experiencia —dice Infante— lo importante no es la clausura de pasos sino la capacidad del Estado de garantizar el acceso a servicios de salud preventivos y de atención a los diferentes grupos móviles, independientemente del estatus migratorio. Lo otro, asegura, es evitar a toda costa la discriminación o la violación de los derechos de los migrantes.
"Hay que considerar que las medidas que se tomen siempre deben tener en cuenta a las poblaciones más vulnerables como los migrantes, quienes se exponen a mayores peligros al intentar cruzar las fronteras por otras vías", añade Letza Bohorquez, otra experta en flujos migratorios.
Si bien es cierto que la medida de cierre lleva apenas ocho días (durará hasta el 30 de mayo), los resultados han sido exitosos, según Felipe Muñoz, gerente de fronteras del Gobierno nacional.
"Hasta ahora sentimos que la medida ha cumplido los objetivos, que eran una restricción a la movilidad. Tenemos claro que esto hay que irlo evaluando día a día y tenemos claro que obviamente hay unas personas que se afectan en frontera. Pero es que estamos tomando medidas frente a una circunstancia extraordinaria. Casi todo los países de América Latina han cerrado sus fronteras para evitar la movilidad de la epidemia", dijo el funcionario.
En efecto, la capacidad de atención humanitaria en Cúcuta hace rato que fue superada y por ahora la campaña del presidente Iván Duque para que el mundo acompañe al país en medio de esta crisis migratoria parece no tener eco. Y menos ahora que el coronavirus ha obligado al aislamiento y les impone grandes presiones económicas a todos los Estados. Como dijo Jorge Castañeda, exsecretario de relaciones exteriores de México, en una columna publicada recientemente en el New York Times, Colombia está prácticamente sola en esto.
El pasado sábado 14 de marzo cientos de venezolanos fueron sorprendidos por el cierre de la frontera. @JUAN PABLO COHEN
«El financiamiento internacional para la crisis venezolana es escaso; la comunidad internacional ha gastado menos de mil millones de dólares en los últimos siete años».
Jorge Castañeda, exsecretario de relaciones exteriores de México
Según un estudio de The Brookings Institution —citado en la misma columna–, esas cifras se traducen en 125 dólares por cada refugiado venezolano, en contraste con los 1.500 dólares que ha dedicado el mundo por cada refugiado sirio.
Y aunque a todas luces el cierre de la frontera supone un respiro para las autoridades locales, como explica Víctor Bautista, secretario de frontera en Norte de Santander, también hace temer que todo esto se trate de una bomba de tiempo.
"El cierre de la frontera ha sido un respiro. Sin embargo, nuestro temor es que, con el paso de los días, la desesperación de quienes viven del rebusque o quienes no tienen ingresos en Venezuela se convierta en una amenaza en frontera", dijo Bautista. En efecto, al menos cinco mil uniformados resguardan hoy las trochas o pasos ilegales, por donde se calcula pasaban habitualmente unas ocho mil personas cada día, y el número de caminantes entre Cúcuta y Bucaramanga disminuyó abismalmente.
"Nosotros teníamos en un día hasta 800 migrantes pasando a pie el Páramo de Berlín. El pasado jueves en un operativo contamos solamente 44", aseguró Bautista. “Ahora nuestra preocupación es saber por cuánto tiempo contaremos solos con recursos para esta operación”, agregó.
Mientras tanto, las autoridades locales de Norte de Santander, en Colombia, y el estado Táchira, en Venezuela, han establecido comunicación y se mantienen expectantes para poder ayudar en lo que sea posible a personas como la mujer de la foto, que casi muere tratando de buscar salud y garantizar la vida en Colombia.
Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 km de frontera. Hay gran cantidad de pasos ilegales. @JUAN PABLO COHEN
"A todos nos toca pasar"
Con un saco de víveres y productos de aseo personal a cuestas, la merideña Thaís Lizcano contó, antes del cierre de la frontera, que al menos una vez al mes debe cruzar obligatoriamente la frontera para proveerse.
“Sin lamentaciones, este es nuestro día a día, lo queramos o no. A todos nos toca pasar a Colombia a buscar lo que necesitamos, no importa si uno es profesional o ama de casa. Yo soy el caso más común, pero también hay niños enfermos, adultos mayores con enfermedades crónicas que tienen que cruzar a buscar tratamientos de quimioterapias y medicinas que son indispensables para salvar una vida. Faltarán días para agradecerle a Colombia todo lo que nos ha ayudado”, expresó la mujer mientras apuraba el paso por el puente fronterizo Simón Bolívar, y después de haber esperado en filas y congestiones al menos dos horas.
Mientras los ciudadanos del vecino país salen a manifestar en las calles, la vicepresidenta Delcy Rodríguez admitió que en diciembre de 2018 la inflación llegó al 130.000% y que se cerró el año 2022 con un 234%.
