Los caminantes venezolanos pernoctan a orillas de las carreteras, en Pamplona. Se exponen a ser atropellados. | Por: CORTESÍA RED HUMANITARIA
El cuerpo inerte del migrante venezolano Édgar Alexander Córdoba Montesinos permaneció más de cuatro días en la morgue del Hospital de Pamplona. Ninguna autoridad municipal se hizo cargo de su sepultura. Igual ocurrió con el cadáver de Luis Alberto Alarcón Varela, otro venezolano con discapacidad que estaba radicado en este municipio de Norte de Santander, donde falleció por causas naturales en una vivienda del barrio El Camellón el pasado 4 de octubre.
La noche del 27 de septiembre un vehículo golpeó a Córdoba y lo dejó sin vida en la carretera de Pamplona, en el sector Bochalema. A los dos días, entre los ciudadanos de Pamplona circuló una cadena de WhatsApp donde informaban que "en la morgue se encontraba un cadáver de un venezolano, víctima de atropellamiento. Es un hombre de contextura grande, cabello negro muy corto, ojos café y tiene un tatuaje de una estrella en el pómulo derecho". Nadie apareció.
La colectividad se conmocionó aún más con el caso de Luis Alberto Alarcón, cuyo cadáver duró 28 horas en la vivienda donde falleció, aparentemente, por un dolor estomacal debido a un padecimiento de úlcera gástrica. Según contaron los vecinos, el hombre pedía monedas en el semáforo del sector Cotranal y en varias ocasiones había acudido al hospital por atenciones de urgencias.
El 4 de octubre en la noche, los residentes de la vivienda llamaron al cuadrante de la policía para reportar el fallecimiento, pero los funcionarios solo fueron a tomar unas fotografías. Pasadas las 24 horas temían la descomposición del cuerpo y notificaron a la Personería. Tres días después, la Arquidiócesis de Nueva Pamplona brindó ayuda a través del sacerdote Juan Carlos Rodríguez, y así lograron que una funeraria levantara el cuerpo de Alarcón y le dieran cristiana sepultura en el cementerio de Pamplona.
"Es muy lamentable. Ninguna institución, ni la Fiscalía ni la municipalidad atendió el caso", denunció Diana Capacho, defensora de derechos humanos de la veeduría VediControl, en Pamplona.
"¿Quién entierra a los muertos del éxodo venezolano?", se pregunta indignado José Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una de las pocas organizaciones civiles que brinda alimentos prepararados a los migrantes venezolanos que atraviesan a pie los peligrosos tramos del páramo de Berlín. "La Fundación Aladina pagó los gastos funerarios del muerto venezolano atropellado. Y con el segundo muerto fue la Pastoral Social quien asumió los gastos del sepelio. El gobierno local ni se inmutó al respecto. Es un tema sin resolver y nadie se hace cargo", reclamó Muñoz.
El personero de Pamplona, Jhony David Bernal, explicó al Proyecto Migración Venezuela que fueron "dos casos tenaces" y que con el primero la demora se presentó por el poco pie de fuerza de la Policía de Tránsito que no logró detener al conductor del vehículo. En consecuencia los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) no pudieron identificar a la persona que atropelló al migrante venezolano.
En el segundo caso, aseguró Bernal, fue un tema de salud pública que debía atender la alcaldía municipal. "Le correspondía a la Secretaría de Salud de Pamplona levantar el cadáver de la vivienda conforme con los protocolos de bioseguridad para que lo llevaran a la morgue a hacerle la autopsia. Aparentemente la persona falleció por causas naturales y el señor no tenía parientes ni familiares cercanos", precisó el personero.
El funcionario sostuvo que se tardaron en identificar la causa de la muerte para emitir el certificado de defunción, pero que luego de esto la funeraria levantó el cadáver y, gracias al apoyo del sacerdote Juan Carlos Rodríguez y donativos de vecinos, se hizo la sepultura.
La legislación colombiana prevé la ayuda funeraria para la población vulnerable, sin distinción de nacionalidad, en el Decreto 1333 de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen Municipal sobre la conformación de las Alcaldías. En sus artículos 268 y 269 señala que se debe disponer de este gasto para los municipios a fin de establecer una ayuda de servicios funerarios para personas de escasos recursos. Sin embargo, esto no se cumple en la mayoría de los municipios, ya que depende en gran medida del presupuesto que tengan.
En el caso de la Alcaldía de Pamplona, el personero Bernal explicó que dentro del Plan Único de Cuentas Públicas no están contemplados ni reglamentados ese tipo de rubros para la beneficencia pública. "Dentro del presupuesto hay un rubro de libre destinación para realizar un convenio, contrato o seguro para atender este tipo de casos de emergencia, pero el presupuesto es tan bajo que cuando se lanzó la licitación ninguna empresa se ha presentado", puntualizó.
En reiteradas ocasiones el Proyecto Migración Venezuela intentó establecer comunicación con el alcalde de Pamplona, Humberto Pisciotti Quintero, y su secretario de Gobierno. Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios respondió, pese a conocer de qué se trataba la consulta.
Autoridades de ambos países, acompañados de embajadores de Estados Unidos, recorrieron la zona fronteriza del Tapón del Darién, por donde hay un alto flujo de personas migrantes y refugiadas.
