En los últimos cuatro años 365.565 venezolanos han solicitado refugio en otros países. | Por: FERLEY OSPINA
En agosto de 2015, cuando cientos de miles de migrantes llegaban a Europa desde Siria, Afganistán y algunos países de África, Al Jazeera –el principal canal árabe de noticias en el mundo– anunció que a partir de ese momento se referiría a ellos como refugiados y nunca como migrantes. Argumentó que el término migrante tenía una connotación negativa y deshumanizaba a las personas que sin importar los peligros cruzaban el Mediterráneo.
Este episodio encendió el debate sobre cuál era la mejor forma de referirse a los protagonistas de un fenómeno migratorio. Y hoy, con la llegada de más de 1.298.300 venezolanos al país, esta pregunta vuelve a cobrar vigencia.
Según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), por La Guajira entra el 44,74% de migrantes que llegan al país. © CÉSAR GARCÍA GARZÓN | PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA
No todo migrante es un refugiado
La diferencia entre los dos conceptos no sólo es semántica sino política, después de todo, la forma en la que los gobiernos se refieran a los venezolanos determinará la forma de atenderlos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoce que no hay una sola definición aceptada para el término migrante, pero a grandes rasgos habla de que es “una persona que se desplaza a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de su situación jurídica, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia”. Es decir, es un concepto tan amplio que abarca prácticamente a cualquier ser humano que viaja.
Para diferenciarlo del término "refugiado", la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) considera como migrante a toda persona que toma libremente la decisión de desplazarse. Es decir, no debe haber factores externos que lo obliguen a irse.
Sus motivaciones pueden ser económicas, como encontrar un trabajo o estudiar una carrera e incluso personales, como reunirse con su familiar. Lo más importante es que la decisión se toma voluntariamente y, si en algún momento así lo quisiera, la persona puede regresar al país de donde salió.
Estos son los países con más migrantes y refugiados:
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 2017 - Organización Internacional para las Migraciones 2018
En cambio, un refugiado, según la Convención de Ginebra de 1951, es “cualquier persona que, debido a un temor bien fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, está fuera del país de su nacionalidad”.
En pocas palabras, un refugiado es una persona que huye de su país en busca de protección y a quien le resulta peligroso volver, bien sea porque el Estado de donde viene lo está persiguiendo o no lo puede proteger de persecución, conflicto armado, violaciones masivas de derechos humanos, etc.
¿Qué deben hacer los Estados?
El estatus de refugiado no es algo que se adquiere de forma automática. Una vez el migrante atraviesa una frontera debe manifestar la necesidad de protección, solicitar al país que llega el reconocimiento de su condición como refugiado y pedir asilo. Después de estudiar el caso, es decisión de cada país si los reconoce o no como refugiados.
En algunas ocasiones, y para responder a las llegadas masivas de los últimos años, se presume que cuando las personas vienen de países en guerra, Siria, por ejemplo, son automáticamente refugiados.
El Derecho Internacional no sólo los define, sino también los protege. Tanto la Convención de Ginebra como el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984 y varios otros instrumentos legales establecen los derechos básicos que los países deben brindar a un refugiado.
Los solicitantes de asilo son
personas que salen de su país en
busca de protección. Los refugiados son a los que ya se les otorgó esa protección.
Todos los Estados que ratificaron estos acuerdos, entre esos Colombia, están obligados legalmente a respetar, proteger y promover los derechos de aquellos que obtengan ese reconocimiento.
El estatus de refugiado empieza por las garantías de no devolución: los Estados no pueden deportar a esta persona a su país de origen pues su vida o su integridad estarían en peligro. Pero, además, los países que los acogen deben garantizar su acceso a la educación, salud, y a soluciones duraderas que le permitan integrarse a una nueva sociedad, con otras reglas y otra cultura.
En la teoría los Estados tampoco están solos en este proceso. Si un país está sobrecargado de refugiados, agencias como ACNUR tienen procesos de reasentamiento que los reubica en otros países de la región. Y reconocer el estatus también les permite a estos países acceder más fácilmente a fondos de cooperación internacional para atender a los refugiados.
En cifras
25,9
millones
de refugiados.
3,5
millones
de solicitantes de asilo.
Fuente: Agencia de la onu para los refugiados
Por el contrario, el migrante no cuenta con tanta protección. La crisis migratoria en Europa dejó en evidencia que no hay mayor desarrollo en la legislatura internacional para responder a estas situaciones.
Por eso, desde hace dos años los gobiernos del mundo, excepto Estados Unidos, trabajan en la creación del “Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular”. Ya existe un primer borrador, pero todavía no está en funcionamiento pues solo hasta finales de este año los Estados firmantes ratificarán el acuerdo.
Por ahora, los países deben respetar las condiciones básicas de la dignidad humana, pero no tienen la obligación de dejar sus fronteras abiertas o de recibir a todos los que tengan la intención de entrar.
Estados Unidos militarizó sus fronteras por la llegada de la caravana migrante de Centroamérica . © GUILLERMO ARIAS/AFP
Cada Estado trata a los migrantes de acuerdo con su propia política migratoria, lo que, en algunos casos, no se traduce necesariamente en garantías mínimas como la no devolución o el acceso al trabajo, la salud o la educación. En otras palabras, como al migrante técnicamente todavía cuentan con la protección de su Estado, el derecho internacional no los ampara.
Los venezolanos en Colombia
Así como aseguró el representante en Colombia de ACNUR, Jozef Merkx, “estamos ante una crisis mixta”. El gobierno de Juan Manuel Santos dejó claro que no iba a conceder el estatus de refugiado, y, hasta ahora, así también lo ha hecho la administración de Iván Duque. Esta tampoco parece ser una prioridad de los venezolanos que se encuentran en el país.
De los 1,3 millones de venezolanos en Colombia, solo hay 2.729 solicitudes de asilo.
¿Dónde piden refugio los venezolanos?
Esta cifra representa apenas el 0,6 por ciento de las 479.830 solicitudes de asilo de venezolanos en los principales países de destino. Un número pequeño si se compara, por ejemplo, con las 227.325 solicitudes que tiene pendientes países cercanos como Perú.
Lo cierto es que, aunque este reconocimiento garantiza protección y pareciera el estado ideal de las cosas. Es un proceso que depende en gran medida de la efectividad de cada uno de los Estados que recibe.
En Colombia este proceso puede llegar a tardar inclusive dos años, tiempo en el que el solicitante no puede trabajar y en el que, además, nadie le garantiza que recibirá un sí al final.
Pero a diferencia de otros países de la región, en Colombia las puertas siempre han estado abiertas para los venezolanos. Sin embargo, como manifestó María Clara Robayo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “en la medida que entendamos a la población venezolana que ha llegado en los últimos tres años solo como migrantes económicos, no vamos a dar solución a unas problemáticas y a unas necesidades particulares que está teniendo esta migración. Lo que estamos viendo es que se empiezan a generar una serie de fricciones en todos los niveles porque no tenemos una reglamentación que nos diga cómo actuar en esta situación”.
La Alcaldía de Bogotá, en articulación con USAID, ofrece una jornada de orientación y acceso a trámites en la localidad de Ciudad Bolívar, para la población migrante venezolana y retornados colombianos, este 18 de febrero.