Cuando Colombia apenas asimilaba que la guerra de medio siglo de conflicto armado había cesado, una crisis migratoria silenciosa comenzó a ganar terreno en el país. El punto de partida lo detonó el cierre indefinido de una de las fronteras más activas de Suramérica: la del estado Táchira con Norte de Santander, una acción ordenada por el Gobierno de Nicolas Maduro bajo el argumento de ‘contrarrestar’ bandas paramilitares. 

Lo que siguió a ese día fueron episodios masivos de violaciones de derechos humanos, cometidas por efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela contra colombianos que vivían en el municipio fronterizo de San Antonio del Táchira.  En el marco de una polémica medida de seguridad denominada “Operaciones  para la Liberación del Pueblo” derrumbaron casas y otras las marcaron con una “D” de deportados, provocando que miles de colombianos  tuvieran que cruzar las trochas del río Táchira de manera intempestiva en busca de refugio en Colombia, con sus enseres y maletas a cuestas. 

La expulsión y deportación de 1.500  colombianos desencadenó el retorno "voluntario" de otros 22.000, según datos oficiales, o 33.000, de acuerdo con las organizaciones que atendieron esta emergencia humanitaria sin precedentes que inició el 19 de agosto de 2015. Ese hecho hizo que autoridades colombianas activaran planes de emergencia para atender a los connacionales y a otros venezolanos que atravesaron la frontera por los pasos irregulares.

"Agosto de 2015 permanece como un hito por haber marcado el comienzo de la inversión del flujo migratorio entre ambos países. Pero también permanece como recordatorio de una doble deuda; por una parte, por tratarse de un crimen que permanece impune dentro de Venezuela y, por otra, por la persistente invisibilización de los retornados en Colombia", dice Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, la única  organización del vecino país que denunció las deportaciones masivas y la situación general de migrantes y refugiados ante instancias internacionales. 

Fue así como a inicios del mes de septiembre de ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la zona fronteriza para constatar la destrucción de las viviendas y la forma en la que realizaron las expulsiones de los colombianos, y en consecuencia pidió al Gobierno venezolano restablecer los derechos de estas personas afectadas e indennizarlas. 

“Esa población estaba muy aterrorizada con todo lo que estaba sucediendo. Separaron a las madres de sus hijos, fueron momentos muy dolorosos. Los argumentos que daba el gobierno de Venezuela no eran coherentes, decían que expulsaban a bandas de paramilitares, y nosotros recibíamos a familias enteras que no tenían ningún perfil criminal”, rememora Víctor Bautista, actual secretario de Fronteras de Norte de Santander, quien para ese momento era funcionario de la Cancillería de Colombia y estuvo 93 días atendiendo la contingencia en la ciudad de Cúcuta.

El cierre de esta frontera por parte del vecino país se había tornado repetitivo, pero cuando pasaron más de 72 horas, la decisión unilateral y definitiva comenzó a causarle preocupación al presidente Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, quien le pidió a la canciller María Ángela Holguín que mediara diplomáticamente con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. 

Tras varias reuniones, la canciller colombiana afirmó que fue agotado el diálogo bilateral con Venezuela y el 8 de septiembre de 2015 se reunió en Nueva York con Ban Ki-moon, secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de informarle la situación humanitaria en la frontera.

Luego de más de un mes de cierre, los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se reunieron en Quito con la mediación del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Allí acordaron el retorno inmediato de los respectivos embajadores y la progresiva normalización de la frontera.

“Ante esta difícil situación siempre hemos sido solidarios. Les pido a los colombianos tolerancia y respeto, este no es un problema solo del gobierno, es del país. Evitemos la xenofobia”

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia

Una aparente normalidad se posaba sobre los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, pero la situación económica del país vecino hacía mella en el bolsillo de sus nacionales. La crisis se acentuaba por la devaluación constante de la moneda, la hiperinflación y la escasez de alimentos, tanto que el 3 de marzo de 2016 comenzaron a verse los flujos masivos de ciudadanos venezolanos hacia Colombia. Por la frontera de Táchira se registró, en 72 horas, el paso de más de 10.000 personas.

A casi un año del cierre, el 10 de julio de 2016, se da la primera apertura temporal de la frontera. Y como si se tratara de una carrera de atletismo, miles de venezolanos cruzaron desesperados a territorio colombiano para abastecerse de alimentos de primera necesidad, artículos de aseo y medicinas. Unos 40 mil  migrantes pendulares transitaban por la zona diariamente.

La diplomacia volvió a salir al ruedo y las cancilleres de ambos países restablecieron diálogos y se reunieron en Caracas, donde acordaron puntos esenciales para la reapertura de la frontera, paso previo al nuevo encuentro de Santos y Maduro anunciando la apertura de la frontera entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, solamente para peatones.

El entendimiento entre ambos países se quebró de nuevo en diciembre de 2016. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó  los calificativos de militares venezolanos según los cuales Cúcuta era ‘sede de actividades económicas al margen de la ley’. Reacción que aprovechó el gobierno venezolano para anunciar nuevos cierres en la frontera de manera unilateral. 

“No nos imaginábamos que detrás de todo esto se venía un tremendo flujo migratorio. Nos comenzamos a dar cuenta en enero de 2017, cuando notamos que se veían a pie por las carreteras grandes grupos de venezolanos”, recuerda Víctor Bautista, quien precisa que registraron hasta 800 caminantes en un día por la frontera de Norte de Santander. 
 

Hasta el momento, las autoridades colombianas habían notado que los migrantes pendulares llegaban a aprovisionarse a las ciudades fronterizas y que se regresaban al vecino país el mismo día, pero al pasar los meses se dieron cuenta de que los venezolanos ya no querían devolverse y se quedaban en buscando medios para subsistir. 

“Los venezolanos ya no tenían posibilidad de ingresos y empezaron a salir en masa de su país a borbotones”, rememora Bautista los momentos críticos que vivieron en Cúcuta, donde llegaron a tener hasta 4.000 venezolanos durmiendo en las calles en un día. 

Y así la ola se fue expandiendo. La fila de migrantes a pie y en transporte público llegó a Bogotá y abarrotó una zona boscosa en los alrededores de la Terminal Salitre. Lo mismo ocurrió en las inmediaciones del terminal de Soledad, Atlántico; la zona periférica de Cartagena; los parques de Cali y Bucaramanga; e incluso, las áreas públicas de la ciudad de Ipiales albergaban a los migrantes con deseos de emigrar  hacia el sur del continente.
 

De cuatro mesas migratorias conformadas por gobernadores y alcaldes de las zonas fronterizas se pasó a 30 mesas de discusión en todo el país. La migración venezolana estaba desbordada en Colombia y para palpar de cerca este fenómeno, el presidente Juan Manuel Santos viajó a Cúcuta en febrero de 2018 con su tren ejecutivo para interactuar con los venezolanos que escapaban de la crisis de su país. En esa oportunidad, Santos creó el Grupo Especial Migratorio y la gerencia de Fronteras para orientar a los migrantes que llegaban en masa al país. De allí se deprendieron una serie de medidas con un registro nacional, que se hizo por 90 días, para regularizar a más de 800 mil venezolanos que se encontraban en el país. 

Ecuador y Perú, que habían mostrado solidaridad con los hermanos bolivarianos de Venezuela, comenzaron a endurecer sus políticas migratorias. El 26 de agosto de 2019, los venezolanos que atravesaron Colombia para continuar su paso a países vecinos se toparon con un gran obstáculo en el puente internacional de Rumichaca: el Gobierno de Ecuador les exigía visas para su ingreso y cientos se quedaron varados con sus familias en las calles de este municipio del sur del país.

Los migrantes venezolanos estaban atrapados en Colombia y el Gobierno del presidente Iván Duque comenzó a responder a esta crisis con el apoyo de las agencias de cooperación y donaciones de la comunidad internacional, que cada vez se hacían insuficientes. A raíz de esta situación, Duque emprendió un periplo por la Organización de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre este fenómeno migratorio y pedir más colaboración de la comunidad internacional antes de que "se saliera de control".

"Colombia está comprometida a ayudar a los refugiados venezolanos. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un compromiso más fuerte para obtener más fondos y recursos de la comunidad internacional", dijo Duque a su paso por la ONU.

El impacto de la migración de ciudadanos del vecino país afecta el presupuesto nacional, de acuerdo con las cifras que Duque puso sobre la mesa. "La educación migrante cuesta 160 millones de dólares por año; la atención médica de emergencia cuesta casi 40 millones; y los servicios de agua y saneamiento cuestan 260 millones anualmente", aseguró el presidente.

"El Gobierno no debería ser el único responsable de la migración de venezolanos en Colombia", reflexiona Hugo Ramírez, coordinador del Semillero de Migraciones de la Universidad del Rosario,  tras advertir que en cinco años de crisis migratoria, los aportes de otros sectores de la producción de conocimiento son nulos y que muchos de los problemas por las decisiones que se están tomando en materia migratoria radican en la falta de consolidación de un sistema de información fiable.

"Las universidades se encargan de replicar las cifras oficiales, la cooperación internacional tiene un modelo de cifras igualmente reducido, y cuando se producen indicadores desafortunadamente estos no son públicos, lo que ha llevado solo a tomar decisiones con base a las expectativas del Gobierno", agrega Ramírez, quien propone avanzar más allá del tema humanitario. 

La vocación de arraigo de los migrantes venezolanos —recalca Ramírez— no va a desaparecer con el cambio de un régimen o con el cambio de relaciones económicas en Venezuela, por lo que se requiere generar acciones de políticas públicas con fundamento y poner a los migrantes en unos espacios de integración y participación en la política pública. 

Partiendo de la idea de que la llegada de venezolanos tienen un impacto grande sobre Colombia, Gonzalo Oliveros, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y refugiado en Colombia, sostiene que es importante ver la migración como una oportunidad más que como un problema.

Entre otras propuestas, Oliveros coincide con Ramírez al señalar que urge un sistema de identificación robusto y plantea la creación de un sistema nacional de reconocimiento de carencias de personal, que facilite el redireccionamiento productivo del migrante y del colombiano sin empleo. Además pide la facilitación –con justificación práctica- del mecanismo de convalidación de títulos de los profesionales venezolanos para que puedan insertarse a la fuerza laboral del país.

De 350 mil migrantes venezolanos en el año 2015,  actualmente se contabilizan 1,7 millones en Colombia con vocación de permanencia. Un crecimiento vertiginoso, el segundo flujo de mayor  magnitud del mundo, después de Siria. 

Desde la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista acepta la crítica de quienes afirman que hay mucho para ayuda humanitaria y poco para la estabilización socieconómica y la integración de los  venezolanos. A cinco años de la crisis migratoria, debe haber una  transformación completa de la agenda pública, de la velocidad con la que los diferentes niveles de Gobierno implementan sus acciones y la forma cómo los colombianos se relacionan con sus nuevos vecinos. Es hora de asimilar, de una vez por todas, que los venezolanos llegaron a Colombia para quedarse.

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