Gracias al apoyo de la Unión Europea, la ONG Humanity & Inclusion entregó una silla de ruedas a Lisbeth, una migrante venezolana en condición de discapacidad. | Por: ORTESÍA HUMANITY & INCLUSION
Doble discriminación, dificultad para acceder a una educación especial y facilidad en la movilidad son algunas de las barreras que encuentran en el camino algunos venezolanos con condiciones especiales.
Belsy Fuentes es una madre venezolana de cuatro niños. Su segunda hija de 14 años tiene cuadriparesia espástica, una de las formas más graves de parálisis cerebral que genera rigidez severa en los brazos y las piernas, y un cuello blando o débil.
Esta condición hace muy necesario el uso de una silla de ruedas especial que le permita moverse con facilidad. Se la detectaron a los seis meses, y a pesar de que no requiere medicamentos, debe hacer terapias todos los días y utilizar una silla de ruedas para mejorar su estado de salud. En Colombia, Belsy no ha logrado cumplir esta recomendación para su hija, ya que debe trabajar todos los días en una estética y no la puede llevar a un centro de salud, además, esta niña es la única de sus hermanos que no ha podido estudiar en el país que los acogió como refugiados.
“En Venezuela ella tenía una escuela especial, además tenía una silla de ruedas adecuada, pero cuando las fui a recoger a ella y a sus hermanos, la silla se había dañado, por eso aún no tiene una para movilizarse”, cuenta esta madre, quien se vino hace más de dos años para poder instalarse mejor antes de traerse a sus hijos. Ahora quien le ayuda a cuidarla es su otra hija mayor de 15 años, quien está pendiente del bienestar de sus otros hermanos, mientras Belsy trabaja.
Otra madre que también debe pasar por dificultades similares es Offir Yorley Prada, madre venezolana de tres hijos que llegó a Colombia en 2020. Uno de ellos, tiene el trastorno del espectro autista, y al igual que Belsy, Offir no le ha podido dar educación a su hijo desde que llegó a Colombia debido a que no ha encontrado un lugar adecuado para el desarrollo académico de su hijo. “El colegio especial para él era en Venezuela, él desde que está aquí en Bucaramanga no ha tocado ningún instituto”, cuenta.
Dariela Parra, madre de una joven con síndrome de down, de 19 años, relata que también tuvo problemas con encontrar un lugar adecuado para su hija. Desde que llegaron a Colombia hace tres años su hija no ha estudiado. “A ella la seguimos educando en casa, ayuda con los quehaceres y es una joven muy independiente”, dice Dariela.
Según las leyes de Colombia, el derecho a la educación no se debe de negar a nadie, lo que incluye a migrantes, y especialmente a los menores de edad. El Ministerio de Educación Nacional desde abril de 2018 lanzó la expedición de la circular número 16, donde estableció junto a Migración Colombia este punto de acceso a la educación, esto sin importar su condición migratoria o la de sus padres.
En la resolución 2565 de octubre de 2004, por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales, se señala que “los departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial”. Además refiere que este debe tener un plan gradual de atención donde deberán estar aulas de apoyo especializadas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades previamente identificados.
Según la resolución para hacer más efectivo esta función, se debe inscribir a la población en situación de discapacidad, principalmente con el Registro de Localización y Caracterización de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, con este se hacen más efectivas las rutas de atención a la población con condiciones especiales en Colombia, y que se convierte en una alternativa para los refugiados migrantes venezolanos.
La ONG Humanity & Inclusion ha trabajado desde el 2019 dando respuesta a la crisis migratoria venezolana en Colombia, apunta que en el país han registrado un acceso positivo a la educación de población venezolana con discapacidad, sin embargo, han percibido casos de discriminación.
“Sí los reciben en los colegios, pero lo que reportan es casos de bullying, los discriminan por ser venezolanos y aumenta la intimidación si tienen una discapacidad. Entonces los niños tienen mucho miedo y no quieren ir al colegio, y no es una educación especial para sus condiciones”, explica al Proyecto Migración Venezuela, Marta Gutiérrez, coordinadora en Colombia de Humanity & Inclusion.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), en su informe del primer semestre de 2021,"Discapacidad y movilidad humana" como apoyo a la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias, las personas en condición especial, además terminan pasando por “una doble discriminación, ya sea por su condición de discapacidad o por su nacionalidad en los países de tránsito y de acogida, construyendo una barrera”, destaca la organización humanitaria.
Esto genera que familias venezolanas no puedan facilitarles a sus hijos y familiares mejor condiciones de vida, por falta de comunicación inclusiva y práctica.
De igual forma, Acnur sostiene que una causa del desconocimiento y acceso de beneficios es la falta de acceso incluyente de información. “Es necesario desarrollar y fortalecer las capacidades del personal de las organizaciones humanitarias y de gobierno para garantizar la atención en movilidad humana con discapacidad”, concluye esta organización de las Naciones Unidas.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
