Las personas migrantes y refugiadas están más expuestas al delito de trata de personas. | Por: DANIEL REINA - SEMANA
La crisis económica y social que vive Venezuela desde los inicios de la década de 2010 obligó a muchos de sus nacionales migrar hacia otros territorios, donde en algunos, se les han violado sus derechos.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, se realizó una reunión del Comité de la ONU para la Protección de los Trabajadores Migrantes, en la que, entre otras cosas, se hizo hincapié sobre la situación que vive Venezuela desde hace algunos años.
Ligia Bolívar, investigadora y defensora de derechos humanos, hizo presencia en la junta, en la cual denunció ante la Organización de las Naciones Unidas la violación de derechos fundamentales de los migrantes venezolanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Miles de venezolanos se vieron obligados a retornar al país durante la pandemia de la covid-19. Estas personas fueron calificadas por altas autoridades como fascistas, golpistas camuflados, bioterroristas y karma. A pesar de que la legislación no criminaliza el ingreso de nacionales por pasos irregulares, el 10 de julio de 2020, el fiscal general informó que 36 personas que pasaron por pasos irregulares serían sometidas a juicio”, expresó Bolívar.
Para nadie es un secreto que la situación actual que enfrenta el país vecino no es la mejor, ante esto, algunos territorios a los cuales siguen llegando migrantes venezolanos tomaron la clara decisión de iniciar un proceso regulatorio con estas personas.
“Muchos niños hijos de padres venezolanos nacidos en el extranjero no han podido acceder al registro civil y a la obtención de su nacionalidad venezolana, por la falta de documentación de sus padres y por el mal funcionamiento de los servicios consulares”, acotó la defensora derechos humanos.
Este desplazamiento se presenta a diario y los migrantes venezolanos hacen hasta lo imposible para llegar a un lugar en el que puedan alcanzar una mejor calidad de vida para sí mismos y sus familias en su nación de origen.
“La población venezolana enfrenta diversas barreras para acceder a un pasaporte. Además, los migrantes y refugiados venezolanos tienen desafíos para regularizarse por la pérdida, robo e imposibilidad de renovar el pasaporte; barreras para obtener una apostilla, y el pago en dólares americanos de los antecedentes penales”, concluyó Bolívar.
La Superintendencia Financiera informó que partir del 1 de marzo, los ciudadanos de Venezuela que residen en el país, deberán trasladarse al nuevo formato de identificación que es el Permiso por Protección Temporal (PPT).
