La regla de la Casa Blanca es una redefinición de la ley "carga pública", parte de la estrategia del gobierno Trump para frenar la migración. | Por: AFP
Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a migrantes no blancos.
"Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso", dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.
La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de "carga pública", afecta a los migrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la nacionalidad.
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios. "La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado 'países de mierda'", agregó Newsom.
El término "carga pública" suele definir a quien depende principalmente del Estado y hace parte del plan del gobierno Trump para frenar la migración.
El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense. Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social.
"Para proteger los beneficios para los ciudadanos estadounidenses, los migrantes deben ser financieramente autosuficientes", dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca. Estos nuevos estándares se aplicarán a partir del 15 de octubre.
"Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo", dijo a AFP, el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda."Eso es simplemente inaceptable, lucharemos contra esta regla ilegal", agregó.
California alberga a más de 10 millones de migrantes, casi una cuarta parte de su población y la mayor comunidad residente en Estados Unidos.
A su vez, el fiscal general de California aclaró que otras demandas serán presentadas por otros estados, así como por individuos y organizaciones.
Con información de AFP*
El organismo explicó en qué condiciones pueden aplicar las personas venezolanas al beneficio ofrecido por el gobierno de ese país, que habilitó 24 mil cupos.
