En Venezuela, la mayoría de sus ciudadanos no cuenta con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas. | Por: ALEJANDRO ACOSTA - SEMANA
Este 26 de enero arribó al vecino país el nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien se reunió con ONG y víctimas del régimen de Nicolás Maduro.
La organización defensora de derechos humanos Provea instó al Alto Comisionado Volker Türka a pronunciarse y a monitorear la grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela desde hace varios años.
A través de un hilo en la cuenta Twitter de la ONG, Provea recordó todo lo que sufren los venezolanos y por lo que debería alzar su voz el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas.
Enfatizaron que en Venezuela existe una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2017, por una crisis política, social y económica, lo que ha ocasionado una migración forzada de más de 7,1 millones de venezolanos. "La mayor migración sin guerra".
En el más reciente informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), concluyó que “Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9 %), que en números absolutos equivale a 6,5 millones de personas”, una estimación de la media de los años 2020 y 2021.
La investigación de la FAO mostró que en Venezuela, el hambre aumentó significativamente 18,4 puntos porcentuales, es decir, 5 millones más de personas con hambre entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021.
Provea denunció que el salario mínimo y la pensión en Venezuela siguen siendo de hambre, 130 bolívares que equivalen a unos $6,10 mensuales, es decir, menos de 120 mil pesos colombianos al mes. Los trabajadores de la Administración Pública y jubilados son los más afectados, alrededor de 9 millones de personas.
En Venezuela hay unos 274 presos políticos en injusta detención. El activista, abogado Javier Tarazona es uno de ellos, un defensor de Derechos Humanos y director de la ONG Fundaredes, quien lleva 574 días preso por denunciar abusos y exigir derechos, con juicio viciado.
Desde hace dos semanas unos 18 trabajadores fueron sometidos a detenciones y régimen de presentación ante exigencias laborales en Sidor, motor industrial de Venezuela. Una práctica común contra los disidentes, denunciado por la Misión de la ONU.
Finalmente, Provea denunció que hace dos días la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro aprobó en “primera discusión” un proyecto de Ley para perseguir e ilegalizar a las ONG en Venezuela. Un proyecto que contempla multas millonarias y prisión.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
