La trata de personas es un delito que afecta principalmente a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela. | Por: MIGUEL GALEZZO
El Distrito y el Gobierno nacional revelaron la oferta interinstitucional para asistir a las víctimas de este flagelo que principalmente afecta a las migrantes venezolanas. En general, desde 2021 hasta la fecha, se registraron 65 casos en Bogotá.
La trata de personas es considerada como la tercera empresa criminal con mayor rentabilidad en el mundo, después del narcotráfico y la compra y vental ilegal de armas. Además es un delito que en Colombia está afectando más a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, equipos de género de esta entidad brindaron atención psicológica y jurídica durante el 2021 a 44 víctimas del delito de trata de personas, y de ellas, el 34 por ciento de los casos las víctimas fueron mujeres venezolanas.
Para contrarrestar este flagelo, el Distrito lanzó hace pocos días la Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas en Bogotá Distrito Capital, 2022-2031, debido a que la capital colombiana es considereada por las autoridades como un lugar de origen, tránsito y destino de trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, trabajos forzados y mendicidad ajena.
Bogotá es la primera ciudad en Colombia en diseñar una política pública para atacar este delito.
En este sentido, advierten desde la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de la capital que las mujeres entre los 18 y 27 años, así como las migrantes venezolanas, son quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de este delito.
Entre 2021 y el primer trimestre de 2022, en Bogotá se registraron cerca de 65 casos de trata de personas, siendo las mujeres, las mayores víctimas, con 52 casos, mientras que 13 hombres se identificaron como afectados por este flagelo.
Asimismo, la finalidad de explotación con más casos registrados continúa siendo la explotación sexual, con 32 casos, seguida de trabajos o servicios forzados, con 11; servidumbre, con 6, y matrimonio servil con dos.
Detallaron que en 14 casos no se especifica la finalidad de explotación. De otra parte, en 38 de los casos la explotación se dio fuera del país (trata externa) y 27 dentro del territorio nacional (trata interna). Aclaran que el registro de casos no denunciados ante las autoridades puede ser mayor a los indicados anteriormente a causa del desconocimiento de la víctima o su temor a retaliaciones y a ser revictimizada.
El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, resaltó el hecho de que esta política se ponga en marcha con recursos por 117 mil millones de pesos para combatir “uno de los delitos más atroces, que acaba con la dignidad y la voluntad del ser humano".
“Es el resultado de continuar una idea diseñada y planeada en la administración anterior que nos hace el primer ente territorial que tiene una política pública de esta naturaleza”, indicó Jiménez.
Esta articulación se realiza a través del Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas, instancia liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y de la cual hacen parte entidades como las secretarías de Seguridad, de la Mujer, Educación, Salud, e Integración Social, Desarrollo Económico, Planeación; Idipron, IDT, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Personería Distrital y Policía Metropolitana de Bogotá.
Asimismo, se cuenta con la participación de entidades como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Sena, Defensoría del Pueblo, ICBF, Ministerio del Interior y Migración Colombia, además de la academia, organizaciones de la sociedad civil y el apoyo reciente de USAID, UNODC, OIM y Consejo Danés.
Para brindar atención a las personas víctimas, la Secretaría de Gobierno dispuesto la Ruta de Atención, a la cual se puede acceder llamando al celular 300 250 50 50 y al correo electrónico lucha.trata@gobiernobogota.gov.co
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
