La emergencia sanitaria generada por la Covid-19 ha desatado una crisis sin precedentes a nivel mundial. Colombia no es una excepción. Las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa el país a raíz de la pandemia tienen efectos que operan de manera diferenciada, con mayor impacto en los estratos sociales más bajos y en la población en situación de vulnerabilidad. Este es el caso de muchos de los migrantes venezolanos, en especial aquellos que se encuentran en condición irregular, dado que su estatus migratorio genera limitaciones para el acceso efectivo a derechos.

A fin de medir los efectos de la pandemia y las necesidades de este grupo poblacional, se llevó a cabo la Evaluación Rápida de Necesidades ante Covid-194 dirigida por el del Grupo Interagencial sobre Flujos Mixtos Migratorios (GIFMM) Colombia. Se trata de un ejercicio de encuestas telefónicas a hogares migrantes venezolanos o retornados colombianos realizado en dos momentos: el primero llevado a cabo en mayo de 2020 con una cobertura de 17 departamentos y 737 hogares migrantes encuestados.

El segundo se realizó en junio de 2020 y encuestó a 2.563 hogares en 26 departamentos, con un enfoque en 10 de ellos donde hay mayor concentración de migrantes venezolanos (i.e. Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca) (para mayor información ver Anexos 1 y 2 completos en el documento).

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

En ambos momentos de la evaluación, más del 90 % de los hogares migrantes señaló como principal necesidad durante la coyuntura de la Covid-19, la obtención de alimentos. En mayo y junio de 2020, el 84 % y 55 % de los hogares reportó comer menos de 3 veces al día, respectivamente. Asimismo, se evidenció un bajo consumo de proteínas en los hogares durante los 7 días previos a la encuesta. En particular, en mayo solo el 36 % de los hogares migrantes reportó el consumo de este grupo de alimentos.

TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Los hogares encuestados en la evaluación del GIFMM indicaron que el trabajo remunerado (formal e informal) era una de las principales fuentes de ingreso antes del aislamiento preventivo obligatorio. Sin embargo, el porcentaje de hogares que percibía ingresos de un trabajo pasó de 89 % antes del confinamiento a 58 % durante el confinamiento.

La fragilidad de los medios de vida de los migrantes está en gran medida relacionada por la informalidad laboral que enfrentan en el país. Según cálculos del Observatorio Proyecto Migración Venezuela a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), a febrero de 2020, el 90 % de los migrantes venezolanos ocupados era informal frente a un 60 % de nacionales colombianos, lo cual se traduce en condiciones laborales precarias e inestables.

VIVIENDA Y SERVICIOS

Para cumplir con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, se debe contar con una vivienda donde las personas puedan resguardarse de forma segura y en un ambiente tranquilo. Frente a esto, los hogares migrantes reportaron en la evaluación del GIFMM que la vivienda es la segunda necesidad priorizada durante el confinamiento luego de los alimentos. A junio de 2020, el 47 % de los hogares migrantes dijo encontrarse en situación de incertidumbre respecto a su vivienda.

Las condiciones de habitabilidad deben ser de especial interés en el marco de la pandemia, ya que limitan la capacidad de los hogares para cumplir con el aislamiento físico en caso de contagio. Según la ECV, para el 2019 el 14,9 % de los hogares con al menos un migrante vivía en hacinamiento crítico.

La evaluación del GIFMM analizó también el acceso a servicios de Internet, agua y saneamiento básico de los hogares migrantes en la coyuntura del coronavirus. Para junio de 2020, el 31 % de los hogares reportó no tener acceso al servicio de Internet. Aquellos hogares que tienen este servicio lo utilizan casi que en su totalidad mediante celulares y no a través de computadores (solo el 2 % de los hogares tiene un computador). Esto contribuye en una clara barrera para que este grupo de población pueda realizar teletrabajo o acceder a la educación virtual en el contexto de aislamiento preventivo obligatorio, afectando la continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes migrantes.

El acceso al servicio de agua potable no es universal para la población migrante. Según la Plataforma R4V a junio de 2020, se estima que 1,65 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas necesitan asistencia en agua, saneamiento e higiene en toda América Latina y el Caribe. Esta situación hace aún más vulnerable a la población migrante frente al virus, ya que el constante lavado de manos permite mitigar su propagación.

SALUD

En cuanto a las necesidades en salud, la evaluación del GIFMM de mayo encontró que el 30 % de los encuestados mencionó haber necesitado atención médica en los últimos 30 días y de ese porcentaje, el 67 % reportó no haber recibido una atención adecuada, principalmente debido a las restricciones para salir de sus casas (47 %) y a no estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) (34 %).

En junio, se encontró que el 37 % de los hogares migrantes encuestados necesitó atención medica en los últimos 30 días, de los cuales, el 58 % de estos tuvo limitaciones para acceder a servicios de salud. Las principales razones fueron el no estar afiliados al SGSSS y el alto costo de los servicios y medicamentos.

En relación con la primera barrera de acceso a servicios de salud, según información de la ECV 2019 a nivel nacional el 31,8 % de los hogares sin aseguramiento en salud eran hogares con al menos un migrante. Cifra que registró un aumento en 7,2 puntos porcentuales frente a 2018. 

CONSIDERACIONES FINALES

La pandemia de la Covid-19 impone grandes retos a los hogares de migrantes venezolanos, que ven agudizadas condiciones de pobreza y vulnerabilidad ya existentes en el contexto previo a la pandemia. El aislamiento preventivo obligatorio, el cierre de algunos sectores de la economía y las medidas de bioseguridad necesarias para la contención del virus, golpean de manera diferencial a los hogares migrantes venezolanos y, por ende, sus consecuencias deben ser analizadas de manera diferencial.

Esto, con el fin de focalizar las medidas y ayudas necesarias por parte de los gobiernos nacional y territoriales, y las organizaciones no gubernamentales hacia los hogares migrantes más vulnerables con necesidades más apremiantes. Entre las medidas más urgentes para lograr la inclusión e integración efectiva de la población migrante en Colombia, está la regularización del 57 % de los migrantes venezolanos que se encuentra en el país en condición irregular.

Con la regularización, esta población podrá acceder a empleo formal y salud, que son la puerta de entrada para ejercer otros derechos básicos, y solo así, podrán aportar al desarrollo del país y a la reactivación de la economía en el mediano plazo.