"Bogotá ya acogió a 500 mil migrantes venezolanos y diseñó una política pública para atenderlos en todos los frentes", asegura Felipe Jiménez, secretario de gobierno de la ciudad | Por: GUILLERMO TORRES | SEMANA
La política pública de la Alcaldía de Bogotá contra la trata de personas cubre también a los migrantes venezolanos que son víctima de esclavitud sexual, trabajos forzados, mendicidad y matrimonio servil.
Bogotá se convirtió en la primera ciudad del país en promulgar una política pública contra el flagelo de la trata de personas, que es considerado la tercera industria criminal en el mundo, después del narcotráfico y la venta de armas.
En los próximos años, la administración distrital invertirá 117 mil millones de pesos para prevenir y atender a quienes son víctimas de un delito atroz y que permanece callado porque la gran mayoría de quienes lo padece no se atreve a denunciar.
Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá aseguró que el diseño de esta inicitiva es el ejemplo de cómo se puede trabajar en llave sin importar quién esta al frente de la adminsitración pública.
"Esto es un ejemplo de cómo construir sobre lo construido: nosotros lo que hicimos fue recoger una idea de la administración pasada, que básicamente lo que propende es tener una política integral, que por primera vez una ciudad la va a tener. Y poder atender, prevenir, sancionar y castigar este flagelo tan grande" , dijo en entrevista con el Proyecto Migración Venezuela.
La ruta de atención de esa política pública incluye desde el rescate de la persona víctima, hasta su atención, albergue, protección y todo el soporte psicosocial y jurídico para que supere la afectación emocional y pueda denunciar a quienes lo mantenían bajo el yugo.
Eso implica el trabajo mancomunado entre entidades distritales e instancias que se convierten en aliados fundamentales, como la administración de justicia, de tal manera que alguien que fue forzado a ejercer la prostitución, la mendicidad infantil, o un adulto mayor forzado a trabajar, por ejemplo, pueden acudir y ser beneficiarios de esa ruta de atención.
El modelo bogotano es ejemplo y ya comenzó a ser analizado e imitado por otras ciudades en todo el país; "apenas nosotros lanzamos esta política pública, inmediatamente al día siguiente, empezamos a recibir información de otras ciudades, como Medellín, Cali, Pereira, Manizales de cómo lo habíamos hecho, que ellos querían tener y avanzar una política pública, porque Bogotá no va a poder solo; Bogotá, como lo he dicho, es una ciudad de origen, tránsito y destino de este flagelo", reveló el funcionario
venezolanos también pueden protegerse de la trata de personas
En su calidad de sujetos de derechos, todos los migrantes venezolanos tienen acceso a esta política pública y podran denunciar y beneficiarse del apoyo que ofrece el Gobierno distrital para combatir la trata de personas.
La iniciativa cubre a quienes por culpa de las difíciles condiciones en las que permanecen en Colombia, son el blanco perfecto de las redes de trata de personas.
El secretario de Gobierno fue enfático en recalcar que los migrantes, quienes ya han sentido de cerca la solidaridad de la administración y de los habitantes de la ciudad, tienen hoy un motivo más para sentirse a salvo en la capital.
«No se necesita haber nacido en Bogotá para ser beneficiario de esta ruta de atención; cualquier persona que esté entrando de Venezuela, que esté en La Guajira, en Cúcuta, en Cesar, en Arauca, que pueda ser víctima o conozca información, puede ser beneficiario de esta ruta»
Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá
Eso, en la práctica, quiere decir que cualquier migrante que sea víctima de trata de personas o quiera denunciar un caso, puede hacer uso de la ruta de atención, tal como sucede con cualquier otra personas que decida romper el círculo vicioso de este flagelo.
Personal especializado del Distrito está listo tanto para atender las denuncias como asistir a quienes son víctimas, con empatía, respeto por el ordenamiento jurídico y protegiendo la identidad de todos los involcurados en el proceso.
"Si es víctima, lo que hacemos como ciudad de Bogotá, es conseguir los recursos para hacer el traslado aéreo a un refugio temporal en la ciudad de Bogotá, prestarle todos los servicios humanitarios, la atención psicológica, la atención jurídica, brindarle toda la oferta social del Distrito, y, por supuesto, brindarle toda la atención en materia de justicia, con la Policía y la Fiscalía", explicó el secretario de gobierno, en entrevista con el Proyecto Migración Venezuela.
Para el funcionario es clave que tanto migrantes como personas que son testigos venzan el miedo de denunciar, y por eso hace hincapié en que la ruta de atención tiene habiitados canales seguros y confidenciales para que quienes quieran alertar sobre cualquier caso confirmado o sospechoso de trata de personas, puedan hacerlo sin correr el mínimo riesgo.
«Una persona que conozca esos hechos nos debe contactar al celular 3002505050 y al correo electrónico lucha.trata@gobiernobogota.gov.co describiéndonos los hechos e inmediatamente nosotros activamos la ruta de atención con toda la reserva legal y de información».
Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá
Jiménez insisitió en que es clave denunciar a tiempo para poder activar la ruta de atención y para que las autoridades tengan tiempo de actuar, con apego a la ley, para identificar a las bandas que están detrás de la trata de personas.
"Desafortunadamente, gran parte de las víctimas de este flagelo son mujeres jóvenes y mujeres migrantes que son capturadas por estas redes y obligadas a hacer cosas contra su dignidad, a hacer trabajos forzados, abuso sexual o mendicidad", relató el funcionario.
Las cifras son contundentes: la falta de denuncias, especialmente por miedo a retaliaciones, hace que el registro oficial sea de apenas de 63 casos, pero para las autoridades es claro que se trata de la punta del iceberg de un delito tan silencioso como doloroso.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
