El Ministerio de Trabajo y otras organizaciones desarrollaron una guía para empresarios que quieran contratar trabajadores venezolanos. | Por: GUILLERMO TORRES | SEMANA
Hasta ahora, la crisis económica y política en Venezuela ha impulsado a unas cuatro millones de personas a salir de su país, a dejar sus hogares y sus familias, y las ha obligado a luchar por una nueva vida en otro lugar. En Colombia, por ejemplo, se encuentran cerca de un millón trescientos mil venezolanos en busca de oportunidades laborales, acceso a educación y salud, entre otras necesidades.
El Gobierno de Colombia ha defendido una política de puertas abiertas para los migrantes, ha promovido decretos, leyes y cambios institucionales que permitan la integración de los venezolanos. Sin embargo, las acciones no han sido suficientes, ni se han traducido en cambios tangibles para la población migrante.
En materia laboral, por ejemplo, muchas empresas no tienen claro cómo contratar a extranjeros, qué obligaciones adquieren al hacerlo y cómo esto puede beneficiar a su empresa. Por eso, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones no gubernamentales elaboraron una guía para responder a esas preguntas.
Las organizaciones encontraron que el proceso de contratación sería distinto para migrantes regulares e irregulares. Por ahora, existe una sola ruta:
Colombia es el país que ha recibido a más venezolanos. Según Migración Colombia, para el 31 de marzo de 2019 en Colombia se reportaron 1.260.594 venezolanos, de los cuales 770.975 tenían estatus migratorio regular; es decir, que entraron al país por los puestos autorizados o tienen Permiso Especial de Permanencia (PEP).
El empleador contratante debe cerciorarse de que el aspirante venezolano tenga PEP, alguna visa que le permita trabajar o cédula de extranjería. En ese caso, podrán generar una vinculación laboral e incluso celebrar un contrato de prestación de servicios.
En el contrato laboral el empleador deberá asumir la afiliación y el pago al Sistema General de Seguridad Social, al fondo de cesantías y asumir las prestaciones sociales pertinentes, como el pago de vacaciones o la prima. Además, debe apoyar al empleado para que abra una cuenta de nómina y pueda recibir su salario.
De ese modo, un contrato laboral no solo genera recursos económicos para un migrante, también lo impulsa a ingresar al sistema financiero. Esto implica que podrá pagar impuestos y aportar a la economía del país. Además, de acuerdo con las organizaciones que elaboraron el documento, "la inclusión económica también promueve la autosuficiencia y la resiliencia en lugar del asistencialismo, y la integración en vez de la exclusión y la xenofobia".
Una vez exista la contratación o vinculación laboral, el empleador debe realizar dos registros sencillos, uno en el RUTEC (el registro único de trabajadores extranjeros en Colombia) y otro en el SIRE (Sistema de Información para el reporte de extranjeros).
Sin embargo, el Permiso Especial Temporal de Trabajo (PETT), que creó el Gobierno por decreto, entrará en vigencia en los próximos meses. Cuando esto ocurra, se abre la posibilidad de otra vía para contratar a ciudadanos venezolanos:
En el caso de los migrantes que no tengan su situación definida, el empleador puede darle al aspirante venezolano una carta que demuestre el compromiso de contratación o vinculación, con la que puede solicitar la expedición del Permiso Especial Temporal de Trabajo (PETT). El empleador o contratante deberá presentar ante la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo la oferta de contratación o vinculación laboral realizada, mediante un formato establecido por ese ministrio.
Luego de eso, el empleador debe vincular en menos de 30 días al ciudadano venezolano en el Sistema General de Seguridad Social y registrarlo en el SIRE y en el RUTEC del Ministerio del Trabajo. La idea es que los migrantes que aún no tienen los documentos requeridos puedan acceder al PETT y empiecen a regular su estatus.
Estas dos rutas pueden convertirse en el cambio de vida para toda una familia, pues muchos venezolanos buscan trabajo y se encuentran con obstáculos burocráticos y económicos que parecen imposibles de superar. De hecho, un informe reciente de Acnur da cuenta de las condiciones del mercado laboral en América Latina. De acuerdo con el estudio, 66 por ciento de los migrantes venezolanos entrevistados se encuentran desempleados o en una situación laboral precaria.
Mientras se implementan otras iniciativas que faciliten la vinculación laboral, los ciudadanos venezolanos necesitan alguno de los siguientes documentos para trabajar:
El Permiso Especial de Permanencia es la principal herramienta gratuita creada por el Gobierno Nacional con el fin de regularizar a los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado a Colombia.
El Permiso Especial Complementario de Permanencia (PECP) está dirigido a los venezolanos que solicitan el reconocimiento de refugiado en Colombia o a quienes les negaron la solicitud.
Visas
En la Resolución 6045 de 2017 el Ministerio de Relaciones Exteriores fijó tres tipos de categoría de visas: V (visitantes), M (migrantes) y R (residentes). La legislación determinó que, en ciertas circunstancias específicas, los portadores de visas V, M y R puede trabajar.
Salvoconductos
Este documento permite al solicitante de refugio permanecer en el país mientras se define su situación y se adjudica su solicitud. Si los extranjeros obtuvieron el salvoconducto entre enero y junio de 2019, tienen permitido trabajar.
Cédula de Extranjería
Este es un documento de identificación expedido por Migración Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses.
Si las funciones del cargo que va a desempeñar el extranjero responden a las necesidades de una profesión regulada, como en el caso de médicos, ingenieros, contadores públicos, odontólogos, entre otros, el extranjero debe solicitar la respectiva Tarjeta Profesional (Matrícula Temporal Especial) ante el Consejo Profesional que le corresponda.
Algunos empleadores no contratan venezolanos por el número de condiciones y trámites que deben completar. Sin embargo, existen numerosas ventajas para las empresas que le dan la oportunidad a un ciudadano venezolano.
Para empezar, cuando una empresa vincula a personas en condiciones vulnerables cumple las políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Estas acciones pueden ser reportadas de manera técnica bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el estándar ISO 26000.
Además, las compañías pueden vincular a ciudadanos venezolanos para desarrollar labores específicas que en ocasiones los colombianos no realizan por preferencia o por falta de capacitación. De hecho, un estudio hecho en Bogotá, Barranquilla y Cartagena por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), encontró que, entre los venezolanos registrados, el 84 por ciento contaba con experiencia laboral y el 23 por ciento tenía más de 10 años de experiencia en distintos sectores.
Finalmente, al contratar ciudadanos venezolanos las empresas pueden reducir las tasas de deserción o rotación del personal. Como los migrantes tienen necesidades urgentes por satisfacer, suelen permanecer más tiempo en sus empleos.
Las políticas públicas en Colombia para incluir laboralmente a los migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida se continúan fortaleciendo para que esta población, tenga total protección de sus derechos.
