La víctima recibió una oferta engañosa de trabajo y fue amenazada para que ejerciera la protitución. | Por: CORTESÍA WOMEN’S LINK WORLDWIDE
Una decisión inédita tomó la Corte Constitucional de Colombia este jueves al ordenar la activación inmediata de la ruta de protección para una mujer víctima de trata, de nacionalidad venezolana. Es la primera vez que esta instancia revisa un caso de una migrante y emite medidas provisionales para garantizar su protección, aseguró Ana Margarita González, abogada de la organización Women’s Link Worldwide.
La decisión, provisional, de la Corte Constitucional — precisó González — permitirá mejorar de manera inmediata la situación de esta víctima venezolana y de su familia. "Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio puedan acceder a las medidas de corto y mediano plazo contempladas en la ley que les permitan recomponer sus vidas”, añadió.
La víctima fue engañada en Venezuela por una persona que le ofreció un puesto de trabajo como vendedora de café en una ciudad fronteriza de Colombia. Ella vendió todo lo que tenía y viajó con sus hijas de 6 y 7 años, y una vez en el país, fue amenazada para que tanto ella como una de sus hijas ejercieran la prostitución. También fue agredida sexualmente y una de sus hijas fue abusada. Afortunadamente la migrante logró huir y solicitó protección.
La vocera de esteorganización defensora de los derechos de las mujeres aseguró que la Fiscalía General de la Nación determinó que su caso no se correspondía con un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. "Pese a que la denuncia penal y el desarrollo del proceso penal no son requisito para el acceso a los programas de asistencia para víctimas de trata de personas, a esta migrante venezolana se le negó repetidamente el acceso a la ruta de protección y asistencia", alertó Women’s Link Worldwide en un comunicado de prensa.
Representada por esta organización, la migrante llevó su caso a la justicia, en donde actualmente está en revisión de la Corte Constitucional y en espera de una decisión definitiva. Debido a esas barreras en el sistema de justicia colombiano, hasta el momento la víctima no ha tenido acceso a vivienda adecuada, servicios de salud mental y física, empleo, ni a las mínimas condiciones de sobrevivencia.
En su auto, la Corte Constitucional ordenó como medida provisional que la Secretaría de Gobierno de la ciudad correspondiente donde reside la víctima o la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de dicho municipio activen la ruta de trata de personas en su beneficio y el de su familia.
“Esta decisión de la Corte brinda una oportunidad única para que las diferentes entidades encargadas de la lucha contra la trata de personas muestren su compromiso con los derechos de las víctimas y mejoren sus capacidades de identificación y protección de las mismas”, finalizó la abogada González, quien exhortó al Estado colombiano a adecuar su actuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para responder a este delito que se ha acrecentado por la crisis humanitaria de Venezuela y la pandemia.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
