Los panfletos con amenazas de muerte contra la población venezolana preocupan de nuevo. El más reciente, que apareció el 1 de agosto en Bucaramanga, refleja una realidad: algunos culpan a los migrantes por el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país. No obstante, un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encontró que no se puede concluir tajantemente que la migración afecte la seguridad en Colombia.

Para determinar esa relación, la FIP examinó las estadísticas delictivas de la Policía Nacional y analizó si el aumento de los recién llegados influyó en un cambio de estas tasas, entre 2016 y 2018, en cuatro delitos analizados: homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y hurtos a personas.

La FIP concluyó que los venezolanos no han afectado las condiciones de seguridad en Colombia y que, por el contrario, se han insertado en las dinámicas del país al comportarse como el grueso de la población. 

Además, pese a que las tasas de victimización de los delitos analizados registran incrementos en 2018, el análisis cuantitativo sugiere que los índices de criminalidad en Colombia no se han visto afectados por la llegada masiva de migrantes. 

 

Las capturas de los migrantes, según el informe, tuvieron que ver, ante todo, con robo a entidades comerciales en un 21 por ciento, seguido del robo a personas en un 19 por ciento y, por último, con el tráfico o porte de estupefacientes en un 18 por ciento.

La misma tendencia apareció en la población reclusa, que pasó de tener 401 venezolanos presos en 2017 a 721 en 2018 en todo el país. Esto representa un 0,61 por ciento del total de la población carcelaria para ese año. Es decir que hay 5,3 venezolanos en la cárcel por cada 10.000 habitantes, mientras que esa cifra asciende a 23,8 para los colombianos. 

“No hay evidencia clara ni certera de una correlación del aumento de la inseguridad conforme se incrementan los niveles de migrantes en algún punto específico del mundo. Cuando se habla de relación marginal, quiere decir que, dependiendo de las estructuras sociales y económicas del lugar de llegada, puede que la migración acentúe procesos de inseguridad o criminalidad específicos; bajo ninguna forma implican que la migración propenda, cree o catalice la inseguridad en ese lugar”, dijo Mauricio Palma, internacionalista y exprofesor de la Universidad del Rosario e investigador doctoral de la Universidad de Warwick (Inglaterra). 

 

Víctimas de delitos

En la otra cara de la moneda aparecen los venezolanos como víctimas de delitos. De acuerdo con el informe, el año pasado la tasa nacional de homicidios llegó a 2,5 por cada 10.000 personas, mientras que la de los venezolanos fue de 1,6. En cuanto a lesiones personales, la tasa nacional fue de 26,3 frente al 8,5 de los venezolanos.

Con respecto a los delitos sexuales, la tasa nacional es de 6,6 personas víctimas por cada 10.000 habitantes, mientras que la de venezolanos es de 0,9. En hurtos a personas, la tasa de nacionales es de 50 y la de venezolanos es de 9,5. No obstante, podría haber un subregistro de las víctimas del país vecino por diferentes delitos, ya que los que no están regularizados prefieren no denunciar por temor a que los deporten.

El informe concluye, además, que el número de víctimas venezolanas aumentó más de 180 por ciento en todos los crímenes, representando cerca del 2 por ciento del total de víctimas en Colombia en 2018. Es posible que parte del incremento esté relacionado con el aumento de los migrantes en este último año.

 

El limbo en la seguridad

La Policía Nacional sí está capturando a los migrantes venezolanos que cometen delitos en el país. Sin embargo, si son irregulares, en algunos casos no pueden judicializarse. 

Muchos de los involucrados en estos crímenes no cuentan con sus documentos de identidad, o su condición migratoria es irregular y, según las leyes colombianas, no se pueden adelantar procesos de judicialización a personas que no están completamente identificadas.

Cada vez que sucede un caso de estos, dependiendo el tipo de delito, la Policía realiza una búsqueda exhaustiva en las bases de datos del Estado para tratar de identificar a la persona. Si no lo logra, recurre a las de Migración Colombia y la Cancillería. Dado el alto flujo migratorio y la condición irregular de muchos venezolanos, las autoridades no pueden procesar a los detenidos, y estos no tienen incentivos para regularizar su situación.

Aunque se consultó a Migración Colombia si existen o están trabajando en procesos para identificar transitoriamente a los migrantes irregulares, no se obtuvo respuesta por parte de la entidad.

 

¿Un problema de percepción?

Pese a que el estudio muestra que el comportamiento de los delitos no puede ser explicado desde la migración venezolana, la percepción de los colombianos parece ser otra. Según una encuesta del Proyecto Migración Venezuela realizada entre el 15 y 26 de julio de este año, el 41 por ciento de los encuestados consideraron a los migrantes como una amenaza a la seguridad ciudadana. 

En redes sociales, las opiniones sobre los venezolanos son similares. Un 79 por ciento de las conversaciones que relacionan la migración y la seguridad tenían un componente negativo, y asociaban al migrante con la delincuencia, la prostitución y el consumo de drogas. Este resultado obedece a un análisis de contenido de redes sociales del Proyecto Migración Venezuela, desarrollado entre enero y mayo de este año.

“Lo que pasa en Colombia es una reacción muy normal. En lugares donde los procesos migratorios son nuevos, la respuesta es generalizada en los grupos sociales; cuando comienzan a recibir población migrante, crean alertas sociales”, concluyó Palma. 

La identificación de los migrantes, además de ser la medida inicial que puede ofrecer el país para integrarlos a la sociedad, debería convertirse en una herramienta para identificar a quienes cometen delitos y bajar el riesgo de impunidad.