Hace cuatro años, miles de colombianos y venezolanos que vivían en ciudades fronterizas se despertaron con incertidumbre y miedo. Tan solo 24 horas antes, el 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro había anunciado el cierre de la frontera con Colombia por el estado Táchira, que limita con Cúcuta (Norte de Santander).
Cuatro años después, Proyecto Migración Venezuela presenta tres puntos para entender el cierre de la frontera y las consecuencias que, hasta el día de hoy, sienten comerciantes, empresarios y migrantes colombianos y venezolanos.
El cierre nocturno de la frontera con Colombia, que Nicolás Maduro acordó con el entonces presidente Juan Manuel Santos, en agosto de 2014, fue apenas el comienzo de una serie de medidas que terminarían con el cierre completo e indefinido de la frontera el 22 de agosto de 2015.
Cuando Maduro y Santos anunciaron el cierre para reducir el contrabando, varios miembros del gobierno venezolano aseguraron que la medida no se extendería durante el día. José Gregorio Vielma Mora, gobernador de Táchira entre 2012 y 2017, declaró que el cierre ocurriría entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y que no cerrarían la frontera durante el día, “porque está comprobado que las grandes cantidades de mercancía de contrabando pasan en la noche".
El cierre duró 11 meses, en los que las tensiones en la frontera aumentaron, sobre todo durante julio de 2015. Ese mes, un comerciante resultó herido y otro murió en disturbios entre colombianos y fuerzas armadas venezolanas en el puente internacional Simón Bolívar. El 29 de julio las autoridades de ambos países cerraron la frontera durante ocho horas por esos enfrentamientos.
Las tensiones escalaron el 18 de agosto, cuando -según el gobierno venezolano- paramilitares colombianos atacaron a tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y a un civil, quienes resultaron heridos. Al día siguiente, Nicolás Maduro declaró en el canal VTV que había ordenado “cerrar la frontera con Colombia en Táchira, de manera inmediata por 72 horas”. La medida entró en vigencia el 22 de agosto de ese año.
El 19 de agosto Maduro también anunció un plan para encontrar a los responsables de la emboscada y ordenó el despliegue de tropas en la frontera. Aunque el presidente presentó el cierre como una medida temporal, al asegurar que evaluarían la situación mientras esperaban “toda la colaboración de las autoridades colombianas (...) para mantener el respeto a Venezuela”, cuatro años después el paso continúa cerrado.
Los hechos de esos meses desembocaron en el deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que hasta el momento se habían mantenido estables con el gobierno de Juan Manuel Santos. Al mismo tiempo, las tensiones entre los mandatarios entorpecieron la posibilidad de abrir nuevamente la frontera. Mientras tanto, ambos gobiernos culparon al país vecino de la crisis fronteriza.
Las economías ilícitas que hace años recorren la frontera, los grupos armados que tienen presencia en el lugar, la profundización de la crisis venezolana y el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela prolongaron el cierre de la frontera que, hasta ahora, parece no tener fin.
2.Venezuela, callejón sin salida
La llegada masiva de migrantes venezolanos aumenta a medida que se agudiza la crisis económica y política. En 2015, después del cierre de la frontera, hay registro de que 695.000 personas salieron de Venezuela en busca de un refugio y hoy, cuatro años después, los datos estiman que hay cuatro millones de migrantes.
Este fenómeno está aumentando de manera acelerada, según informes de la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), por ejemplo, en solo siete meses salió un millón de personas. La venezolana se convirtió en la migración más grande de la región y no hay políticas ni recursos suficientes para sobrellevarla. Por esto, los gobiernos y entidades que se encargan de este tema están en la tarea de conocer las cifras exactas para tener control, no solo de las personas, sino de sus necesidades y las condiciones en las que llegan a otros países.
Los principales destinos para los venezolanos son Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. El llamado de Acnur es a que los países se comprometan con los tres estándares mínimos que existen para fenómenos de este tipo: “la legalidad necesaria para acceder a diferentes mecanismos, la accesibilidad a ellos y que además estos les garanticen acceso a servicios básicos y derechos fundamentales”.
Para cumplir esos objetivos hacen falta recursos. Los países de la región crearon el proceso de Quito que incluye un Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes dirigido a 2,2 millones de venezolanos y 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. Hasta ahora, el fondo para poner en marcha ese plan solo ha conseguido el 21 por ciento.
Esto evidencia que las ayudas internacionales no son suficientes y es necesario conseguir más respaldo ante esta situación. Eduardo Stein, delegado de las Naciones Unidas para la migración venezolana, hizo un llamado para que la discusión acerca de la cooperación internacional llegue a la Asamblea de la ONU y aumenten los recursos que permitan atender mejor esta problemática regional.
Ya son más de 460.000 los venezolanos que están pidiendo asilo en el mundo, pero ni la mitad ha sido reconocida como refugiada.
Aunque darles el estatus de refugiados podría significar una mejor atención a la población migrante en Colombia, hasta ahora solo se han creado mecanismos temporales para ayudar a más de 1,4 millones de personas que han llegado. Entre estos están el Permiso Especial de Permanencia, que les da condiciones de regularidad en el país para trabajar y estudiar. Según Migración Colombia, 597.583 venezolanos ya tienen este documento, y actualmente avanza la renovación de quienes lo recibieron en la primera etapa de su expedición. A esto se le suma que el Gobierno le concederá la nacionalidad temporal colombiana a más de 24.000 hijos de migrantes nacidos en el país que estaban en riesgo de apatridia.
Ayudar a los venezolanos implica disponer recursos para su atención pero, como ha dicho varias veces el canciller Carlos Holmes Trujillo, la plata que recibe Colombia no es suficiente. “El país recibió 66 millones de dólares de los 315 millones previstos en el llamamiento de la ONU para la atención de la crisis. Hasta el 14 de agosto, el país ha recibido solo el 30,4% de los recursos, es decir, 96 millones de dólares”, explicó.
Protestas en Venezuela, mientras Michelle Bachelet visitaba su país | © Twitter @sincepto
Los venezolanos deben hacer largas filas para acceder a servicios médicos o alimentarios| © Twitter @sincepto
Si de este lado de la frontera se siente el impacto de la migración, del lado venezolano miles de personas continúan sufriendo por la crisis. Además de escasez e inseguridad, la represión del gobierno también golpea a los venezolanos. En principio, las noticias indicaban que los políticos eran los principales afectados por la persecución, ya que en cinco años más de 12.000 personas fueron detenidas solo por cuestiones ideológicas. Pero las circunstancias empeoraron cuando Juan Guaidó se declaró presidente interino y la población salió a las calles para apoyarlo. Desde entonces, las marchas se convirtieron en escenarios de violencia y excesos de las autoridades.
Según Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en 2019 ya son 2.000 los detenidos por expresar su respaldo al presidente encargado. Además, añadió que “en Venezuela la represión puede terminar con muerte, con daños a la integridad física, con cárcel o a veces con exilio”.
Por la violencia, represión, falta de atención en salud, medicamentos y alimentos Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, viajó al país para verificar la situación, dar un balance y buscar soluciones a esta problemática que avanza cada vez más.
Su informe destacó que, entre 2018 y lo que va de este año, el Gobierno registró 7.296 muertes por supuesta resistencia a la autoridad. La cifra de personas presas arbitrariamente llegó a 793, pero se estima que la suma sea más alta debido a la falta de acceso a los registros oficiales. Además del llamado para que liberen a estas personas no se ha visto otro resultado después de su visita el país.
La escasez de alimentos y medicinas es cada vez más grave y los índices de desnutrición crecen. Informes de Naciones Unidas revelaron que, en varias zonas del país, los venezolanos deben soportar filas de hasta 10 horas para conseguir algo de comida. Y aún más grave es el acceso a la salud, tanto por falta de profesionales que han emigrado, como por la poca disponibilidad de insumos médicos, los apagones eléctricos y los altos precios en los servicios. La precariedad de estos servicios es tan alta que en cuatro meses hubo 1.557 muertos por falta de suministros, según la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019. Las cifras demuestran que algunas personas no encuentran una salid a la crisis y se ven obligadas a emigrar.
El cierre de la frontera marcó la historia de los más de 2.000 kilómetros que separan a Colombia y Venezuela. Las relaciones comerciales cambiaron y, aunque muchos empresarios perdieron negocios por el cierre, otros encontraron una oportunidad en esta medida. En ciudades como Cúcuta, según la Cámara de Comercio local, aumentaron las farmacias y las tiendas de abarrotes, así como los hoteles.
En agosto de 2015, los primeros en venir a Colombia fueron los colombianos que retornaron como consecuencia de la persecución que inició el gobierno de Maduro en su contra. Naciones Unidas calcula que 17.000 colombianos cruzaron la frontera para volver a su país, luego de años en la nación petrolera, a donde huyeron del conflicto o simplemente en busca de un mejor futuro.
Detrás de ellos vinieron y continúan llegando los venezolanos. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de cuatro millones de personas han emigrado de Venezuela en busca de una salida a la crisis económica, social y política que tiene sitiados a los venezolanos, que pasaron de vivir en la “Venezuela Saudita” a protagonizar la migración más grande en la historia reciente de la región.
Colombia es el principal receptor de la migración venezolana y el cierre de la frontera, lejos de contener el flujo humano, lo empeoró. Desde hace cuatro años, los pasos peatonales de los puentes Simón Bolívar son testigos de las travesías de quienes cruzan, cada vez con maletas más pequeñas y con los rostros más delgados, como reflejo de la escasez.
La primera encuesta a venezolanos en Colombia reveló que 7 de cada 10 migrantes dejaron su país por la escasez de alimentos. La necesidad de buscar mayores recursos económicos para sostener a la familia y la inseguridad hacen parte de las razones para emigrar. Asimismo, cuando se les preguntó por qué eligieron a Colombia como destino, señalaron la cercanía y el bajo costo del viaje.
Según Migración Colombia, hasta el 30 de junio, 1.408.055 venezolanos estaban en el país. Por primera vez, Colombia recibe una migración de esta magnitud y, ante la novedad del fenómeno, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para atender a los venezolanos y avanza, aunque a paso lento, en su proceso de integración.
La experiencia del país con la migración venezolana no solo implica desafíos, sino que deja lecciones para el país, entre otras cosas, en el manejo de las fronteras. “Hay que generar un apoyo más consistente a la frontera para que no dependa tanto del comercio con Venezuela”, dijo el gerente para la frontera, Felipe Muñoz. El funcionario también resaltó que “si bien la crisis en la frontera empezó antes de la migración, por la situación económica de Venezuela, el desafío de cambiar la relación entre los dos países es grande porque involucra la vocación misma de la zona”.
Organizaciones internacionales financiaron la instalaciones de vallas blindadas en el puente, para proteger a los transeúntes de los constantes tiroteos que ocurren en la frontera. | © ESTEBAN VEGA
Las dificultades para garantizar la atención en salud y educación, y la competencia en el mercado laboral, aumentan el rechazo de los colombianos hacia los venezolanos y avivan algunos mitos que cobran fuerza. A esos brotes de xenofobia se suma la campaña electoral que tiene lugar en Colombia, donde han surgido propuestas como la del expresidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, quien sugirió cerrar la frontera. Para el político nortesantandereano, esta medida solucionaría la crisis “debido al incremento de la inseguridad, el colapso de la salud pública, y la falta de recursos de las ciudades que atienden la migración venezolana”.
Chacón le dijo a Conexión Congreso, de revista Dinero, que su propuesta de cerrar la frontera se debe a que "estamos acostumbrados a que Venezuela nos ponga la pauta, cuando ellos quieren la cierran o la abren, la abren cuanto tienen dificultades y nos envían aquí a todos los venezolanos con la más extrema pobreza y problemas, y nosotros se la solventamos, pero nunca hemos sido capaces nosotros de tomar la decisión de cerrarla y colapsarles a ellos también su situación económica".
Rápidamente, el Gobierno se pronunció y rechazó la medida. “Esta problemática no se va a solucionar cerrando la frontera con un decreto, lo que va a generar es que esta migración siga llegando a nuestro país, pero no por los puntos autorizados, van a pasar por las trochas”, dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger.
Mientras tanto, en Venezuela, el oficialismo y la oposición persisten en unos diálogos auspiciados por el reino de Noruega. Pasa el tiempo y disminuye el respaldo a esos acercamientos pues, como consecuencia de experiencias pasadas, los venezolanos desconfían de las negociaciones y no creen que ahí esté la solución a la crisis. La última jugada de Maduro fue congelar la cuarta ronda de conversaciones como rechazo a las nuevas sanciones que impuso el gobierno estadounidense.
Mientras los ciudadanos del vecino país salen a manifestar en las calles, la vicepresidenta Delcy Rodríguez admitió que en diciembre de 2018 la inflación llegó al 130.000% y que se cerró el año 2022 con un 234%.