Defensores del Pueblo de Iberoamérica piden menos retórica y más recursos para crisis migratoria. | Por: FOTO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Los funcionarios de Iberoamérica se comprometieron a trabajar en conjunto en temas regionales de prevención, detección y atención a las víctimas migrantes de violencia sexual, trabajo infantil, explotación, y trata de personas.
Entre el 20 y el 21 de octubre se realizó el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, citado por Colombia en Cartagena de Indias, en la que los funcionarios acordaron trabajar conjuntamente en estrategias regionales y estatales para abordar la crisis migratoria. En el caso de Colombia, se trata de la que ocurre en la frontera con Panamá y con Venezuela.
Los funcionarios internacionales pidieron “menos retórica y más recursos para la crisis migratoria”, en la misma línea de Carlos Camargo, defensor del Pueblo de Colombia, quien en múltiples ocasiones hizo un llamado a la corresponsabilidad y al apoyo de la cooperación internacional.
Por lo anterior, acordaron trabajar en conjunto en temas regionales y estatales de prevención, detección y atención con respecto a las víctimas migrantes de violencia sexual, trabajo infantil, trata de personas y todos los tipos de explotación.
Sin embargo, no hubo anuncios sobre financiación o apoyo específico a las crisis, aunque el evento pretendía crear conciencia y los asistentes esperan que tenga un efecto en ese sentido. Asimismo, invitaron a impulsar de manera coordinada las medidas humanitarias concretas para superar las situaciones más peligrosas, especialmente pensando en la niñez y adolescencia y tantos menores que viajan sin acompañamiento, las mujeres migrantes, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
“Establecer como principio rector de toda actuación defensorial el derecho a un trato igualitario y sin discriminación, que permita, desde un enfoque interseccional, comprender los efectos diferenciados de la migración en todos los grupos de personas migrantes, especialmente en niños, niñas adolescentes, mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, personas pertenecientes a comunidades étnicas, personas con discapacidad y adultos mayores”, agregó el defensor Camargo, al explicar el compromiso establecido en el evento que convocó Colombia.
Además, los defensores prometieron que incidirán en los Estados para desarrollar e implementar procesos de regularización migratoria, para garantizar su acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, entre otros.
Sumado a eso, convocarán un encuentro de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (RINDHCA), para discutir este asunto, con base en su mandato de defender los derechos humanos, y trabajar en la formulación de planes de acción concretos, adelantando evaluaciones de impacto.
“Avanzar fehacientemente en la atención de las causas estructurales de la migración, con el propósito de promover y contribuir a implementar el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo, que conduzca a lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica, social y ambiental”, añade el documento escrito por los defensores del Pueblo asistentes al evento.
Los defensores hicieron un llamado contundente a los gobiernos para que fortalezcan las medidas de implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con el que deben reconocer la naturaleza transnacional y multidimensional de este fenómeno con acciones concretas. Las acciones que se realicen, deben conllevar a resultados visibles que mejoren de forma sustancial las condiciones de los migrantes y refugiados, tanto durante su origen, como en el tránsito y territorio de destino.
Otros de los objetivos son invitar a la comunidad internacional a apoyar a las defensorías del Pueblo para reforzar su labor en la protección de los migrantes, sobre todo por la magnitud del fenómeno y estandarizar las cifras y las formas de recolectar la información de migración en los países de la región.
“Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que como sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, apoyen a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a documentar el fenómeno, para visibilizar las rutas, las dinámicas, los actores involucrados y los riesgos que enfrentan los migrantes, teniendo en cuenta el carácter global y regional del problema, y a movilizar apoyos técnicos, humanos y financieros para atender las demandas humanitarias que impone”, concluye la declaración.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
