El informe de la Defensoría documentó los casos registrados en 5 departamentos de zonas fronterizas. | Por: JONATHAN SARMIENTO
De los 1.617 casos de violencia de género registrados en el 2020 en zonas fronterizas de Colombia, el 31% (515 casos) fueron en contra de mujeres y niñas en condición de migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo. Adicionalmente, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, dentro de la población afectada, el 12% correspondió a personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).
De acuerdo con la entidad, además de ser víctimas de hechos de violencia de género como abuso sexual y discriminación, las mujeres migrantes de departamentos como Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander enfrentan otras problemáticas ligadas a barreras en el acceso a la salud, la justicia y la falta de garantías para su protección, albergue y atención ante situaciones de vulnerabilidad.
«Las mujeres y personas OSIGD por lo general son cabeza de familia o cuidadores de niños, niñas y/o personas mayores, y debido a la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de quien tienen a cargo sumadas a las propias, las hace mas vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos»
Defensoría del Pueblo
En relación con los tipos de violencia que más afectaron a esta población el año pasado, el informe de la Defensoría mostró que la violencia psicológica fue la de mayor registro con el 42%, seguida por la violencia económica (27%), la violencia física (18%) y la violencia sexual (6%). Asimismo, el documento evidenció que de los 515 casos atendidos por la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría el 84% correspondió a personas en condición migratoria irregular.
El registro en los casos de violencia de género aumentó considerablemente durante la pandemia y, de acuerdo con el organismo, esto se debió al confinamiento. Las mujeres se vieron obligadas a pasar todo el tiempo con sus agresores para poder suplir sus necesidades y las de sus familias. Igualmente, en muchos casos, el cambio en la dinámica social por cuenta de la contingencia sanitaria agudizó las condiciones de vulnerabilidad de mujeres y personas de orientación sexual diversa, en particular de aquellas dedicadas al trabajo sexual o sexo por supervencia.
Frente a las medidas para hacer frente a esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que en trabajo conjunto con la Red de Espacios Seguros, la Policía Nacional, las Comisarías de Familia y la Fiscalía, se implementó una serie de estrategias de atención individual, grupal, telefónica y en línea para brindar acompañamiento idóneo y oportuno a mujeres y población OSIGD migrante.
No obstante, en lo que respecta al acompañamiento psicosocial, Camargo precisó que este no cobija a las personas refugiadas y migrantes en Colombia, por lo que la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los gobiernos departamentales para que “convoquen a los organismos de cooperación internacional y a las instituciones encargadas de atender y acompañar los casos de violencias basadas en género, para generar estrategias que permitan la atención oportuna y desde un enfoque diferencial de género en todo el territorio nacional para garantizar la protección y atención de las víctimas en condición de migrantes”.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
