Desde que empezó la pandemia, el número de venezolanos radicados en el país ha ido disminuyendo mes a mes, pues los efectos económicos del confinamiento los dejó, en muchas ocasiones, sin con qué comer o pagar el arriendo. Pero desde ese mismo momento, no fueron pocas las voces que empezaron a alertar sobre la posibilidad de que viniera una nueva ola migratoria desde Venezuela por cuenta de la profundización de la crisis que vive el vecino país.
Incluso Migración Colombia, a partir del análisis que hizo de los testimonios de aquellos migrantes que retornaban por los pasos fronterizos, aseguró que la gran mayoría de ellos regresarían a Colombia una vez pasara lo más grave de la pandemia y que, muy probablemente, lo harían con más familiares. De hecho, el 9 de octubre, el director de la entidad, Juan Francisco Espinosa, se atrevió a estimar que para finales de año en el país habrían radicados dos millones de venezolanos, es decir, unos doscientos mil más de los casi 1,8 millones que están hoy en Colombia.
Pero si aparentemente había tanta claridad en que el país se enfrentaría a una nueva llegada masiva de venezolanos, la pregunta que surge es qué hicimos para prepararnos durante todos estos meses en que tuvimos las fronteras cerradas. Los migrantes que llegarán no tendrán los más altos niveles económicos y vendrán con necesidades agravadas por la realidad económica y de salud que le ha impuesto esta pandemia al mundo entero, pero especialmente a Venezuela.
“Si abrimos las fronteras mañana... pues obviamente no estamos listos para hacerlo”, le dijo el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, al Proyecto Migración Venezuela. Y agregó que Colombia, de cara al mundo, “debe cacarear y cacarear” todo lo que está haciendo por los migrantes. Por eso, aseguró también, seguirá visitando las regiones para definir con mandatarios locales si será posible o no permitir el ingreso formal por los pasos fronterizos a partir del primero de noviembre.
La discusión de cuándo abrir la frontera cada vez se vuelve más impostergable si se quiere tener control de los ingresos y evitar que los migrantes sigan poniendo en peligro sus vidas al entrar al país a través de las trochas. Pero más allá de eso, el asunto es qué capacidad hemos aumentado; cómo vamos a darles atención humanitaria con menos recursos de cooperación internacional; cuál es el plan para lograr que en efecto se inserten al mercado laboral formal y no dependan de los subsidios o queden a merced de los criminales; cómo vamos a protegerles sus vidas en los recorridos de cientos de kilómetros que hacen caminando; cómo podrá el sistema de salud atender a quienes lleguen huyendo de un sistema sanitario colapsado y probablemente con preexistencias agravadas durante estos meses; cómo vamos a regularizarlos...
Lo lamentable es que ni del Legislativo, que actualmente tramita una Ley Migratoria, ni del Gobierno nacional, ni de las autoridades locales ni de los cooperantes internacionales parece haber respuestas para todos estos interrogantes. Ojalá en las próximas semanas los mensajes sean claros y los planes, contundentes. Porque si fue difícil gestionar la segunda mayor crisis migratoria del mundo antes de la pandemia, durante esta será un reto monumental. La responsabilidad no es exclusiva de Colombia y la comunidad internacional debe comprender la magnitud de lo que viene, pero somos nosotros quienes debemos alertarlos. Esperemos que la “cacareada” del gerente de Fronteras surta los mejores efectos.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La entidad denunció que en Norte de Santander persiste falta de atención estatal con los migrantes. Advirtió que en el Tapón del Darién grupos armados controlan el negocio de la migración explotando a los caminantes durante su paso por el país.
