Las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá en respuesta a las alarmantes cifras de inseguridad en la capital, y en las que vinculó a los migrantes venezolanos, hicieron que las redes sociales se incendiaran, llenando de comentarios xenófobos y discursos de odio la conversación en torno a la migración. La sensación que primó fue un incremento exponencial de la percepción negativa hacia los migrantes.
Este no es un hecho aislado y sucede con cierta frecuencia. El uso de la migración en discursos políticos o como arma política de figuras públicas es muy peligroso y, en el caso de López, no es la primera vez que sucede. Recordemos que a finales de marzo pasado salió a “pedir ayuda” al Gobierno nacional y a Migración Colombia para la atención de la población migrante en Bogotá. “(...) Ya pagamos la comida, el nacimiento, la escuela. Qué pena, pero lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Para eso pedimos un poquito de ayuda, un peso, porque todas las demás cosas las pagan los impuestos de los bogotanos a los venezolanos”. Estas declaraciones generaron uno de los picos más importantes de la conversación sobre migración en las redes sociales durante el primer semestre del año, según información del monitoreo de redes sociales realizado por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela próximo a publicarse.
Es claro que estos discursos no le aportan nada a la sociedad y lo que hacen es minar el camino recorrido en términos de la integración de la población migrante en el país. Alimentan imaginarios alojados en el común de los colombianos y refuerzan la lógica de que los venezolanos son criminales, simplificando un problema complejo, como lo es el manejo de la seguridad de Bogotá en medio de la crisis económica y social que nos deja la pandemia, para echarle la culpa a los migrantes. Es una salida facilista para los políticos, pero muy dolorosa e irresponsable por las enormes consecuencias que acarrean para una población migrante cada vez más estigmatizada.
Los problemas de seguridad de Bogotá y del país se explican por realidades delictivas preexistentes que no dependen de la migración. Los colombianos no somos ningunas “peritas en dulce”, así lo demuestran los datos del Inpec, con corte a octubre de 2020, donde de 173.053 personas privadas de la libertad, solo 1.927 eran de nacionalidad venezolana, lo que corresponde a un 1,1%. Además, en 2019, el porcentaje de las capturas de venezolanos en el total nacional solo representó el 6 %, con lo cual no se puede concluir que todos los ciudadanos venezolanos son delincuentes. Por el contrario, en los últimos años se ha presentado una tendencia creciente del número de delitos de los cuales son víctimas los migrantes venezolanos.
El llamado que se hace es a ser responsables con lo que decimos y cómo lo decimos. Debemos hacer un uso adecuado del lenguaje porque con él podemos estigmatizar y la estigmatización es el camino a la xenofobia. Siempre que hablemos sobre migración debemos tener en cuenta que la población migrante y refugiada es sujeto de derechos y también de deberes. No olvidemos nunca que nos estamos refiriendo a seres humanos, que en muchos casos migran por necesidad, no porque quieren. Vienen a un nuevo país a rehacer sus vidas, con sus sueños y sus familias. Son personas que, si las integramos de una manera adecuada y les damos oportunidades reales, pueden aportarle mucho al país desde su educación, experiencia, juventud, su trabajo y ganas de salir adelante...
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Alcaldía de Bogotá, en articulación con USAID, ofrece una jornada de orientación y acceso a trámites en la localidad de Ciudad Bolívar, para la población migrante venezolana y retornados colombianos, este 18 de febrero.
