En el 2020 se registraron 7.155 delitos contra migrantes venezolanos en Colombia, siendo el hurto el delito más denunciado. | Por: GUILLERMO TORRES | SEMANA
Cuando se debate sobre migración y seguridad suele hablarse de los venezolanos involucrados en actividades criminales y se deja de lado el hecho de que ellos también son víctimas. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, tan solo en el 2020 se registraron 7.155 delitos contra migrantes venezolanos en Colombia, siendo el hurto el delito más denunciado.
Pese a que la migración masiva de población proveniente de Venezuela ha sido asociada equivocadamente al incremento en la percepción de inseguridad en ciudades capitales como Bogotá, las cifras demuestran que la criminalidad no tiene pasaporte.
Como evidencia de ello, por quinto año consecutivo desde el 2015, el hurto se mantiene como el delito con mayor cantidad de denuncias por parte de la población migrante: 2.155 denuncias registradas el año pasado (el 24% dentro de los delitos que más afectaron a los venezolanos); cifra con una disminución del 40% respecto al 2019, probablemente debido a las medidas de aislamiento instauradas la mayor parte del 2020.
Adicionalmente, es importante destacar que -según los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO)- delitos como violencia intrafamiliar (23%), lesiones personales (21%), homicidio (6%) y amenazas (4%) también figuran dentro de los delitos más denunciados por la población migrante durante el 2020.
Sobre esto último, César Andrés Restrepo, experto en seguridad y director de seguridad urbana en ProBogotá, precisó que es posible que las cifras sean mayores considerando que, por lo general, la ocurrencia de actos violentos y crímenes como los citados anteriormente tienen una tasa de subregistro que, en el caso de la población migrante se agudiza debido a la poca información que tienen las autoridades de estas personas.
«En Colombia todavía no conocemos quiénes son los migrantes, eso es una realidad y, en principio, la regularización es la mejor forma para entender quiénes son las personas venezolanas que vienen acá; cuáles son sus necesidades para darles también la tranquilidad de que las instituciones colombianas también están a su servicio»
César Andrés Restrepo
Experto en Seguridad
“El subregistro es natural a la recolección de denuncias. El problema aquí es que para disminuir el subregistro se necesita conocer a los ciudadanos y referenciarlos. En el tema de los migrantes, conocerlos está lejos de ser una práctica óptima en el país”, explica el especialista en este tema.
En lo que respecta al comportamiento de los casos de violencia en el entorno familiar de los migrantes en 2020, de acuerdo con el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, el incremento del 65% respecto al 2019 (con 2.138 denuncias) pudo deberse al confinamiento obligatorio que aumentó el tiempo de permanencia en el hogar y, con ello, el riesgo de exposición a este tipo de agresiones, cuyo pico se registró en septiembre, con 223 casos denunciados.
No obstante, adicional a los efectos de la pandemia, para Restrepo, es pertinente considerar como un posible detonante de este tipo de conductas violentas, las condiciones extremas de hambre, pobreza, segregación y desempleo en la que viven muchas familias migrantes y que, en conjunto, hacen más propicia la aparición de la violencia en el núcleo familiar.
“Eso solo tiene una solución que es promover su integración en la ciudad y asignarles un rol como agentes productivos para disminuir la tensión en las dinámicas familiares y darle un norte a su permanencia en la comunidad de acogida”, asegura Restrepo, respecto a las alternativas y rutas de acción de las autoridades frente al escenario de aumento en las denuncias por violencia intrafamiliar.
En el 2020, las denuncias por violencia intrafamiliar registraron un incremento del 65% respecto al 2019. Septiembre fue el mes con más casos // OBSERVATORIO PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA
En general, la pandemia y los periodos de cuarentena instaurados para prevenir la propagación del virus jugaron un rol central en el comportamiento de las cifras de actividad delictiva en el país. En el caso de las lesiones personales, el cierre de lugares típicamente asociados a las riñas como bares y discotecas pudo haber tenido su parte en la disminución de este delito contra los venezolanos. En el 2020, de los 80.670 casos registrados, el 2.3% (1.864) se perpetraron contra población migrante, 623 casos menos que los denunciados en 2019.
En 2020 la Policía Nacional reportó 12.322 homicidios en toda Colombia, de los cuales el 5,1 % (633) se cometieron contra ciudadanos venezolanos. Mientras que a nivel nacional el homicidio disminuyó un 4,7 % (603 casos menos) con respecto al 2019, en la población migrante se reportó un aumento del 38,8 % (177 casos adicionales).
Frente a los casos de muertes violentas de las mujeres migrantes por razones de género, o feminicidios, el panorama fue igual de preocupante: la proporción de población venezolana víctima de este delito pasó de una persona por cada 100.000 habitantes en 2017, a 1,9 en 2020.
No obstante, es probable que las víctimas sean muchas más de las reportadas por las autoridades pues, en Colombia, únicamente se tipifica el feminicidio cuando existe una relación previa de pareja. Como el feminicidio se manifiesta más allá del ámbito de una relación, el número real de víctimas puede ser mayor al reportado, lo que muestra la urgencia de acciones centradas en este tipo de delitos para proteger a las mujeres y, en particular, a las mujeres venezolanas.
El homicidio es uno de los indicadores de mayor impacto para mediar la violencia contra los venezolanos, acorde con el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela; por eso, para el experto en temas de seguridad. César Andrés Restrepo, resulta preocupante el aumento en los casos denunciados, ya que a su juicio, está directamente relacionado con “su condición de seres invisibles en una sociedad que todavía no los reconoce y ser invisible lo hace a uno más vulnerable frente a los delitos más graves”.
En cuanto a la quinta conducta violenta que más afecta a los migrantes -las amenazas-, los datos mostraron que en 2020, de 41.597 denuncias por amenazas a nivel nacional, el 1,1 % (448 casos) fueron contra la población migrante. No obstante, pese a que el número de casos no es alto, hubo un incremento de 38,7 % con respecto al 2019. Esto representa alrededor de 37 denuncias mensuales por este delito.
Finalmente, hay que destacar que de los crímenes denunciados a corte del mes de septiembre de 2020, el 30,6 % de los delitos tuvo una atribución económica, el 32,6 % fueron contra la vida, 23,1 % contra la familia, el 5.3 contra la libertad y formación sexual, el 4.5% delitos contra la seguridad pública, el 1,2% por delitos contra la libertad y el 1% por delitos contra la integridad moral.
Ante este panorama, la recomendación y el llamado a las autoridades va dirigido a revisar individualmente cada uno de los delitos de los que son víctimas los migrantes. Esto, con el propósito de tener mayor información sobre las causas por las que delitos como la violencia intrafamiliar, el homicidio y las amenazas van en aumento y, además, con miras a establecer líneas de acción que permitan proteger la vida e integridad de los casi dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
