Venezolanos, los nuevos recolectores de café en el sur del Tolima

Ángel de Jesús Martínez llegó este año y desde hace dos meses recoge café en una finca de Rioblanco. Tiene 27 años y viene de Puerto Cabello. En Venezuela estudió para técnico en informática y tenía dos empleos: trabajaba en un montallantas y reparaba computadores. Viajó hacia Colombia junto con Jhonn Sirit, de 26 años, quien antes de venir trabajaba en cualquier oficio que le saliera: vigilante, aseador, carpintero, conductor. Hoy se dedica a recoger café de lunes a viernes, de seis de la mañana a cinco de la tarde. “El trabajo acá no me pega duro porque estoy acostumbrado a darle duro. Pero aún no me he adaptado a recoger café. Todavía no aprendo a cogerlo”, dice.

La migración de venezolanos no solo se siente en las ciudades principales de Colombia, sino en el campo, a donde están llegando a trabajar en las fincas. Desde marzo del año pasado, en el inicio de la cosecha del grano, empezaron a recoger el café en los municipios cafeteros del sur del Tolima como Rioblanco, Chaparral, Planadas, Ortega y Ataco. Aún nadie sabe cuántos son. Según Olivo Rodríguez, uno de los delegados del Comité de Cafeteros de ese departamento, todavía no hay una estadística.
 

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Aunque muchos de los venezolanos que llegan a las zonas rurales del país no tienen experiencia en labores del campo, son mano de obra joven en un sector al que le hace falta. “Las zonas centrales cafeteras durante época de cosecha se surtían de recolectores de Nariño, del sur del Huila o del Caquetá. Hoy en esas regiones aumentó la producción y las demás se están quedando con menos cantidad de mano de obra”, explica Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

La informalidad

Luis Eduardo Sánchez recoge café con Ángel y Jhonn. Tiene 22 años y, a diferencia de sus compañeros, en Santa María, un pueblo del estado Falcón, se había dedicado a cosechar maíz y fríjol. Pero esto no le ha facilitado el trabajo. A diario recoge entre 30 y 40 kilos, mientras que los trabajadores colombianos alcanzan los 200. Por cada kilo le pagan entre 400 y 500 pesos. Aunque Luis gana menos que otros, dice que de todos modos es más de lo que conseguía en el vecino país. Divide el salario de cada semana en tres partes: para los gastos de su hijo de 3 años, para ayudar a sus padres (que cuidan de su hijo) y para un pequeño ahorro para cuando regrese a Venezuela.

Le pagan por kilo la misma suma que todos recolectores de café, colombianos o venezolanos. Además, en la mayoría de fincas cafeteras les costean la alimentación y el hospedaje. Pero Luis, como los demás recolectores, no está afiliado al sistema de salud, no ahorra para una pensión ni cuenta con cesantías. Esto se debe a la amplia informalidad laboral del campo colombiano.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, 52,5 por ciento de los trabajadores rurales son empleados por cuenta propia y 11,7 por ciento trabajan como peones o jornaleros. En la entidad reconocen que muchos de ellos tienen bajos ingresos y desprotección en seguridad social, por lo que vienen impulsando los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para el sector rural. Se trata de un esquema flexible de ahorro que asegura un ingreso para la vejez, un sistema parecido a la pensión. “Colpensiones administra este esquema y actualmente lo estamos promocionando. Ha funcionado muy bien con los cafeteros; además, participan terceros para los aportes a las cuentas individuales de los caficultores”, indica una fuente de la entidad.

El informe sobre protección social de la Misión para la Transformación del Campo, de enero de 2015, señala que mientras en el 43,13 por ciento de los hogares de las cabeceras de los municipios cuentan con protección contributiva (es decir, al menos un miembro cotiza en el sistema de seguridad social), en las zonas rurales dispersas la cifra baja a 9 por ciento.

Lo pendiente

El país debe formalizar al trabajador rural, independientemente de si son venezolanos o colombianos, si quiere mejorar la productividad del campo y generar un relevo generacional. Y ante la llegada de nueva mano de obra como los migrantes, se necesitan buenas condiciones para integrarlos al mercado laboral. El Ministerio de Agricultura busca incluir este punto en la reforma rural integral que presentará el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
 

Además, en el Congreso cursa el proyecto de ley 123 de 2017, que busca dignificar al trabajador rural y crear un piso mínimo de protección social mediante contratos de trabajo o cualquier otra modalidad de vinculación. Si el Congreso lo aprueba, garantizaría derechos laborales como el acceso a atención en riesgos profesionales o las cesantías.
 

Para Ángela María Penagos, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la migración de venezolanos al campo evidenciaría las falencias en las condiciones laborales del trabajador rural colombiano. Por eso, el gobierno debe abordar este tema desde una mirada más integral que no solo responda a la coyuntura. De lo contrario, no resolverá la deuda histórica con quienes trabajan en el campo. “Con la migración preocupa que esta deuda crezca, mientras no hacemos nada por generar las condiciones para una mayor formalización laboral”.