Imagen del campamento provisional para venezolanos que estuvo en operación desde el 14 de noviembre y hasta el 15 de enero del 2018, en el occidente de Bogotá. | Por: ESTEBAN VEGA / REVISTA SEMANA
A propósito del cierre del campamento humanitario para venezolanos en Bogotá, el pasado 15 de enero, Felipe González, relator especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, habló con Proyecto Migración Venezuela sobre las posibles soluciones y los pasos seguros que debe dar Colombia para atender la migración. Además, aporta una mirada global sobre la dimensión de esta crisis migratoria Su mayor recomendación fue no abrir campos de refugiados.
Felipe González, relator especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas
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Proyecto Migración Venezuela: ¿Qué tanto se habla en el mundo sobre la crisis migratoria que vive Suramérica, y especialmente Colombia, por cuenta de lo que pasa en Venezuela
Felipe González: Hay preocupación internacional, pero la verdad es que como hay tantas migraciones masivas en todos continentes, la de los venezolanos queda opacada. Definitivamente la atención del mundo a este caso se tiene que fortalecer.
PMV: Colombia es el principal receptor de estos migrantes con cerca de 1 millón cien mil venezolanos instalados. ¿Qué tan importante es la cooperación internacional para enfrentar la crisis?
F.G.: Por la magnitud del fenómeno -3 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015- este no es un problema que Colombia pueda acometer por sí solo, sino que es necesario que otros países participen. La iniciativa multilateral del proceso de Quito es un esfuerzo regional loable y aunque el hecho de que haya migrantes venezolanos en otros países sudamericanos ha llevado a que esos gobiernos se hayan involucrado en este proceso multilateral, es clave que Colombia reciba un apoyo internacional mucho más significativo que el que ha recibido hasta ahora.
PMV: ¿Qué tan masivo es el flujo migratorio al que en este momento se enfrenta Colombia?
F.G.: En términos de masividad, el flujo de Medio Oriente hacia Europa ha sido más extenso y mayor que el que ha tenido lugar desde Venezuela a Colombia. También, los Rohingyas que escapan de Myanmar a Bangladesh, o el flujo de Centroamérica a Estados Unidos, pero son procesos distintos. Los recursos que tiene Colombia no son equiparables a los de Estados Unidos y, de otro lado, los de Bangladesh mucho menos a los de Colombia. La masividad no define tanto como creemos la complejidad del fenómeno migratorio.
PMV: Entonces ¿qué hace tan complejo el caso venezolano?
F.G.: Que en América Latina existe poca tradición al respecto. Casi toda la inmigración antigua era de carácter europeo, es decir, el migrante era alguien que llegaba en condiciones superiores a las de los venezolanos de esta ola migratoria, y países como Colombia, especialmente, estaban acostumbrados a generar migrantes, no a recibirlos.
PMV: ¿Cuán acertada ha sido la forma en que Colombia ha asumido este fenómeno
F.G.: Más allá de la política migratoria y los programas puntuales que el gobierno de Colombia tenga para enfrentar el fenómeno, lo más valioso es que ninguno de los dos gobiernos que han estado a cargo [Santos y Duque] han promovido un discurso xenófobo. En otros países las autoridades azuzan a la población en contra de los migrantes como medida de rédito político y eso es casi irreparable.
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PMV: No obstante, en las redes sociales y en la calle hay mucho rechazo a los venezolanos. La gente le reclama al gobierno por qué no ayuda a los colombianos más necesitados en vez de a los migrantes. ¿Eso es normal?
F.G.: Es lógico que la población local se pueda sentir postergada y en ese sentido, por ejemplo, cuando he ido a otros países con flujos masivos de inmigración, siempre ponemos énfasis en que los programas sociales que se desarrollen para los migrantes sean también acompañados por programas análogos para la población local. No se puede relegar a la población local por la situación de los migrantes.
PMV: Migración Colombia estima que unos 218 mil venezolanos de los que hay en Colombia están en condiciones irregulares, lo que les impide conseguir trabajo formal y, en algunos casos, los ha conducido a la delincuencia. ¿Qué opina de regularizarlos a todos?
F.G.: Muchos de los venezolanos que entran a Colombia de manera irregular no lo hacen porque quieren. Por estos días en Venezuela es muy complicado expedir un pasaporte y si bien el Derecho Internacional no dice que los Estados tienen la obligación de regularizar a todos y cada uno de los migrantes que recibe, cuando el grueso de esa población ha puesto en riesgo su vida e integridad para salir de su país y llegar a otro, los órganos internacionales de derechos humanos velan para que se regularice en forma masiva; de lo contrario se los deja en una situación de desprotección de sus derechos más básicos.
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PMV: En Bogotá, justamente esta semana la Alcaldía cerró un campamento humanitario transitorio que creó hace dos meses para 500 venezolanos que habían invadido un parque cerca al terminal de buses. ¿Cómo ve la figura de los campos de refugiados
F.G.: Es una medida de último recurso porque son prácticas que cuando se inician muchas veces se prolongan durante décadas sin solución. Además, tienen un costo considerable que, tanto el gobierno de turno como la cooperación internacional, podrían más bien destinar a la integración de los migrantes a la sociedad a la que llegan. Ahí vale la pena hacer la analogía con el costo que tiene tener a las personas presas, que muchas veces se pasa por alto cuando el Estado podría invertir eso en otras fórmulas.
PMV: ¿Cuáles son los mayores riesgos que hay cuando se crea un campo de este tipo?
F.G.: Las personas pierden la posibilidad de integrarse socialmente, dejan de hacer cosas útiles para sí mismas y tampoco son útiles para la sociedad a la que llegan. Además, las condiciones de habitabilidad de estos campos son muy difíciles, los niños y niñas tienen dificultades para educarse, hay problemas de salud física y mental. Sin hablar del shock identitario que implica crecer en un lugar así.
PMV: ¿En qué sentido?
F.G.: Hace poco estuve en Níger y conocí algunos refugiados que habían estado en un campo de estos en Yemen desde que nacieron. Allí estuvieron 25 años, después trataron de irse a Europa, no les resultó y los devolvieron al centro de África, de donde tampoco son. Cuando les preguntabas de dónde eran, respondían que eritreos -la nacionalidad de sus padres- pero nunca habían puesto un pie en Eritrea.
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PMV: Muchos de los venezolanos que vivieron en el campamento humanitario en Bogotá regresaron a Venezuela en vista de que no lograron conseguir trabajo. ¿Cómo interpreta eso?
F.G.: Una cosa es que un migrante retorne a su país por cuestiones familiares, pero cuando tiene que hacerlo por la gravedad de la situación que enfrenta en el país al que ha llegado, es lamentable. Por más difícil que sea para un Estado o un gobierno local garantizar los derechos básicos de un migrante, esto no puede ser visto como un triunfo.
PMV: ¿En qué punto generalmente los países deciden crear un campo de refugiados?
F.G.: No depende de una cifra de migrantes al año ni nada por el estilo. Es el resultado de una evaluación entre la masividad del flujo migratorio y de si no hay otras vías para que el Estado enfrente el fenómeno. A mi juicio, es más sabio que un Estado invierta en programas para integrar a la población migrante; el campo de refugiados solo eterniza el problema.
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PMV: Hay estudios que calculan que cerca de 5 millones de venezolanos saldrán este año de su país y Colombia es el principal receptor. ¿Qué pasaría si el gobierno nacional decide cerrar la frontera con Venezuela?
F.G.: En términos prácticos es ineficaz y en términos jurídicos, problemático. Cuando se producen esos cierres de frontera, especialmente entre países que colindan, se incrementan los flujos de inmigración por vías ilegales [trochas] y las mafias o el crimen organizado que trafican con personas recrudecen su operación. Desde lo normativo, sería muy mal visto pues muchas de las personas que están saliendo de Venezuela pueden calificar como refugiados, o tener derecho a otras formas de protección internacional, y plantar una barrera atentaría contra sus derechos humanos.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.